Fuentes federales revelaron que Emilio Lozoya Austin concertó la adquisición de la planta de Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, meses antes de asumir la dirección general de Petróleos Mexicanos. El acuerdo se selló con Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México, bajo la premisa de que Lozoya ya conocía su inminente nombramiento al frente de la petrolera estatal.
La operación incluyó un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares transferidos electrónicamente desde una cuenta de Altos Hornos hacia una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Esta estructura permitió ocultar el origen de los recursos y facilitó su posterior movimiento hacia cuentas controladas por familiares cercanos del entonces funcionario.
La secuencia temporal del acuerdo
Las evidencias indican que las conversaciones entre Lozoya y Ancira ocurrieron cuando aún no se formalizaba el nombramiento oficial. Esta anticipación sugiere que el intercambio de favores se estructuró con conocimiento previo de la influencia futura que el funcionario tendría sobre las decisiones de compra de Pemex. La planta de Agronitrogenados representaba un activo cuya viabilidad económica ya era cuestionada por analistas del sector energético antes de la transacción.
El entramado financiero offshore
La empresa Tochos Holding Limited, constituida en un paraíso fiscal, sirvió como receptor inicial de los fondos. Lozoya transfirió posteriormente los derechos sobre esa cuenta a su hermana Gilda Lozoya, quien ejecutó movimientos hacia México. Uno de esos recursos se destinó a la adquisición de una propiedad en Lomas de Bezares, operación que aparece registrada a nombre del propio Lozoya. Este mecanismo de cesión de derechos y reenvío de capitales complica la trazabilidad y constituye un patrón recurrente en investigaciones de lavado vinculadas a funcionarios públicos.
Repercusiones en la operación de Pemex
La compra de Agronitrogenados generó pérdidas significativas para la empresa productiva del Estado. La planta requirió inversiones adicionales millonarias para su rehabilitación y nunca alcanzó los niveles de producción proyectados. Diversos informes internos de Pemex posteriores a la adquisición destacaron problemas estructurales que ya eran conocidos por los técnicos antes de la firma del contrato, lo que refuerza la hipótesis de que la decisión respondió a intereses ajenos al beneficio corporativo.
El papel de las estructuras familiares
La participación de Gilda Lozoya en la administración de los recursos recibidos amplía el círculo de personas bajo escrutinio. Las transferencias realizadas desde la cuenta suiza hacia beneficiarios en territorio mexicano permiten identificar un flujo que conecta directamente con bienes inmuebles y gastos personales del exdirector. Esta dinámica familiar no es aislada y aparece documentada en otros expedientes de corrupción que involucran a exfuncionarios de alto nivel en México.
Lecciones para el control de compras estatales
El caso expone debilidades en los mecanismos de supervisión de adquisiciones estratégicas de Pemex. Cuando las negociaciones se inician antes de que el funcionario asuma su cargo, los controles internos resultan insuficientes para detectar conflictos de interés. Las autoridades actuales enfrentan el reto de reforzar protocolos de declaración patrimonial y de revisar contratos firmados durante periodos de transición para evitar que este tipo de esquemas se repitan en el futuro.
