El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 produjo una paradoja económica que suele aparecer después de las grandes catástrofes: el daño social y territorial puede ser enorme sin traducirse necesariamente en una recesión nacional. Oxford Economics calcula que el impacto directo sobre el Producto Interno Bruto (PIB) estará entre 0,2% y 0,4%, una pérdida acotada frente al tamaño de la economía, y mantiene su pronóstico de crecimiento de 3% para todo el año. La explicación no es que el desastre sea menor, sino que la reconstrucción puede reemplazar temporalmente la inversión y el consumo privados que se frenen durante la emergencia.
La cifra macroeconómica, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en una lectura incompleta. El sismo dejó hasta ahora alrededor de un centenar de muertos y una cantidad similar de heridos, afectó corredores estratégicos en Tolima, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, y obligó al Gobierno de Abelardo de la Espriella a declarar la emergencia económica apenas tres días después de asumir el poder. El verdadero desafío no consiste únicamente en evitar que el PIB caiga, sino en impedir que la recuperación estadística oculte una pérdida prolongada de ingresos, conectividad, vivienda, empleo y capacidad productiva en las zonas afectadas.
La primera fractura está en las rutas, no en las cuentas nacionales
El impacto inmediato se concentra en la movilidad. La caída del puente Mariano Ospina, en el corredor La Unión-La Victoria, y los cierres totales de las vías Pereira-Chinchiná y Cali-Loboguerrero interrumpen cadenas de abastecimiento que conectan centros urbanos, zonas cafeteras, puertos y mercados internos. La infraestructura vial cumple una función económica que las estadísticas trimestrales no captan de inmediato: reduce tiempos, permite almacenar menos inventario y hace viable que productores pequeños vendan fuera de su región. Cuando una carretera queda bloqueada, el costo aparece primero en combustible, seguros, tiempos de entrega y pérdidas de mercancía; solo después se refleja en producción y empleo.
El punto más sensible es Buenaventura. Por ese puerto sale más de 60% del café colombiano de exportación, pero la habilitación de un paso controlado para vehículos livianos y de emergencia en el corredor Buga-Buenaventura no ha permitido reanudar plenamente la operación exportadora. Asoexport advierte que no existe un calendario claro para la reapertura total y que están en riesgo los despachos de unos 250.000 sacos de café por semana. No se trata de una interrupción meramente logística: los exportadores enfrentan compromisos contractuales, los compradores internacionales pueden buscar proveedores alternativos y los productores quedan expuestos a descuentos si la calidad del grano se deteriora durante el almacenamiento.
El café revela una primera conclusión: el riesgo económico no se distribuye según el peso de cada departamento en el PIB, sino según su posición dentro de las redes de transporte y exportación. Una localidad con baja participación en la producción nacional puede generar un efecto amplio si controla un puente, una carretera de acceso o un punto de conexión portuaria. Por eso, priorizar la reconstrucción por el valor visible de los daños físicos sería un error. El criterio decisivo debe ser la importancia de cada tramo para mantener abiertas las cadenas productivas.
¿Quién está detrás de la presión sobre los precios?
La interrupción de las rutas puede provocar aumentos puntuales en alimentos, bienes importados y productos que dependan de transporte terrestre. Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, anticipa que el efecto podría aparecer en las mediciones de inflación de agosto y septiembre. El mecanismo es directo: menos oferta disponible, mayores costos de distribución y más tiempo entre el productor y el consumidor. En mercados con inventarios limitados, incluso una interrupción breve puede generar compras preventivas y amplificar el alza.
Oxford Economics mantiene su previsión de inflación de 6,2% al cierre de 2026 porque estima que la disrupción será limitada a escala macroeconómica. Esa evaluación puede ser correcta para el promedio nacional y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para los hogares de las regiones aisladas. Una inflación anual estable no significa que todos los precios se comporten igual. Para una familia que destina la mayor parte de su ingreso a alimentos y transporte, un aumento localizado de pocos meses tiene un efecto real mayor que el que muestra el índice agregado.
La discusión, por tanto, no debería plantearse como una contradicción entre Oxford Economics y los analistas que advierten sobre inflación. Ambas lecturas pueden coexistir. La primera describe la capacidad de la economía nacional para absorber el choque; la segunda observa la distribución territorial y social del daño. El Gobierno tendrá que decidir si utiliza subsidios generales, que son costosos y poco focalizados, o ayudas dirigidas a hogares damnificados y operadores logísticos. La elección tendrá consecuencias fiscales y también políticas: una respuesta amplia puede contener el malestar en el corto plazo, pero una respuesta mal dirigida puede terminar financiando a quienes no sufrieron pérdidas directas.
El rebote de la construcción no equivale a recuperación
La reconstrucción puede impulsar la actividad mediante obras públicas, reparación de viviendas, contratación de mano de obra y compra de materiales. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, estima que ese gasto puede generar un impulso al PIB principalmente a través de la construcción. En términos contables, una carretera reconstruida, una escuela levantada o una vivienda reparada suman producción. Pero el crecimiento inducido por la emergencia tiene una particularidad: en buena medida reemplaza activos que ya existían y fueron destruidos. No representa necesariamente nueva riqueza, sino una parte del esfuerzo necesario para recuperar la capacidad perdida.
Esta distinción importa para evaluar la gestión presidencial. Un aumento del PIB en 2027 no probaría por sí solo que la reconstrucción fue exitosa. La métrica relevante será si las familias regresaron a sus viviendas, si los hospitales recuperaron su capacidad, si el café volvió a salir con regularidad y si las empresas pequeñas conservaron empleo y acceso a crédito. El riesgo es que el gasto se concentre en contratos de gran tamaño, mientras los negocios locales soportan meses de ventas débiles y costos extraordinarios.
La experiencia del terremoto de 1999 ofrece un punto de comparación. Andrés Pardo, responsable de estrategia macroeconómica para América Latina en XP Investments, recuerda que los recursos de reconstrucción de entonces rondaron 1% del PIB y se distribuyeron durante tres años. El antecedente sugiere que la recuperación no debe medirse por la velocidad del anuncio inicial, sino por la continuidad de los desembolsos, la calidad de las obras y la capacidad de mantener una coordinación institucional durante varios presupuestos.
Una cuenta fiscal con poco espacio para equivocarse
El costo potencial constituye la mayor vulnerabilidad. Mejía calcula que la reconstrucción puede requerir entre 1% y 2% del PIB, equivalentes a entre 19 y 38 billones de pesos. El rango es amplio porque todavía no existe un inventario definitivo de viviendas, carreteras, escuelas, hospitales, redes de servicios y activos productivos afectados. Aun en su extremo inferior, el esfuerzo ocurre sobre unas finanzas públicas tensionadas. Oxford Economics había proyectado antes del terremoto un déficit fiscal de 7,1% del PIB para 2026, mientras otras estimaciones citadas sitúan el desequilibrio cerca de 8%.
El país cuenta con una línea de crédito del Banco Mundial por 450 millones de dólares y otra del Banco Interamericano de Desarrollo por 400 millones. Esos recursos ofrecen liquidez inicial, pero podrían representar apenas una fracción de las necesidades finales. Si el Gobierno financia el resto con más deuda, aumentará la presión sobre los intereses y sobre la percepción de riesgo soberano. Si recorta programas existentes para liberar recursos, trasladará el costo de la emergencia a regiones que no fueron golpeadas por el sismo. Y si decide aumentar impuestos, deberá revisar una promesa política central apenas iniciada la administración.
La emergencia económica puede acelerar decisiones que en condiciones normales enfrentarían trámites más largos, pero también eleva el riesgo de opacidad. La urgencia no elimina la necesidad de publicar contratos, criterios de priorización, avances físicos y costos unitarios. En una reconstrucción de hasta 38 billones de pesos, una desviación pequeña en contratación puede traducirse en miles de millones desperdiciados. La transparencia no es un requisito ornamental: es una condición para que el gasto extraordinario no se convierta en una crisis de legitimidad.
El Fondo Milagro enfrenta una prueba de ejecución
La creación del Fondo Milagro, junto con los subsidios de arriendo y los alivios en servicios públicos, muestra que el Ejecutivo intenta cubrir las dos dimensiones de la emergencia: reparar infraestructura y proteger el ingreso de los damnificados. El problema será convertir los anuncios en desembolsos verificables. Un subsidio de arriendo pierde eficacia si los municipios no encuentran viviendas disponibles; una ayuda para servicios públicos no resuelve el problema de una familia cuyo empleo depende de una carretera cerrada; y una obra vial puede quedar inutilizada si no se atienden simultáneamente los puentes, los taludes y las conexiones secundarias.
Los gobiernos locales tendrán un papel decisivo. Son las alcaldías y gobernaciones las que conocen los daños, identifican a los hogares vulnerables y administran buena parte de la respuesta territorial. Pero también suelen tener menor capacidad técnica para estructurar proyectos, contratar interventorías y ejecutar recursos de gran escala. La tensión entre centralizar el control y descentralizar la ejecución definirá la velocidad de la reconstrucción. Un sistema demasiado centralizado puede atascarse en Bogotá; uno excesivamente disperso puede multiplicar errores, sobrecostos y proyectos incompatibles.
Para el sector de la construcción, la emergencia abre oportunidades de contratación, pero también riesgos de concentración. Las grandes empresas tienen mayor acceso a financiación, seguros y equipos, mientras que los contratistas regionales pueden quedar relegados aunque sean quienes poseen conocimiento del terreno. Una política inteligente debería combinar estándares nacionales de seguridad con participación local, formación de trabajadores y mecanismos que eviten que la reconstrucción se limite a importar materiales, maquinaria y mano de obra desde otras ciudades.
La disputa no será solo económica, también territorial
Los exportadores necesitan certezas sobre Buenaventura; los transportadores reclaman corredores transitables y compensaciones por viajes cancelados; los productores de café requieren preservar la calidad y cumplir contratos; los hogares damnificados priorizan vivienda, atención médica y seguridad; y el Ministerio de Hacienda debe contener el deterioro fiscal. Estas prioridades no son plenamente compatibles. Reabrir una carretera de manera provisional puede acelerar el comercio, pero exponer a nuevos accidentes si no se estabilizan puentes y laderas. Destinar recursos a un corredor exportador puede proteger divisas y empleo, aunque genere críticas si las viviendas destruidas permanecen sin solución.
La controversia también alcanzará a la política monetaria. Si los aumentos de precios son temporales y localizados, una respuesta de tasas más restrictiva podría castigar la demanda nacional sin resolver los cuellos de botella. Si, en cambio, la reconstrucción se financia con una expansión prolongada del gasto y los problemas de oferta se combinan con expectativas inflacionarias, el Banco de la República tendrá que vigilar una presión más persistente. La coordinación entre política fiscal, ayudas sociales y normalización logística será más importante que cualquier medida aislada.
El escenario de 2027 depende de tres decisiones
El primer escenario es de absorción ordenada: se habilitan rutas críticas en semanas, el puerto recupera su operación, las ayudas llegan a los hogares y la reconstrucción se distribuye durante varios años. En ese caso, el crecimiento podría mantenerse cerca del 3% previsto para 2026 y recibir un impulso adicional posteriormente, sin que la inflación se desvíe de manera prolongada. El segundo escenario es de recuperación desigual: las cifras nacionales mejoran por el gasto público, pero municipios afectados pierden población, empresas y capacidad productiva. El tercero es de deterioro fiscal: los sobrecostos, la deuda y la lenta ejecución obligan a recortes o nuevos impuestos, debilitando la confianza y prolongando el impacto.
La probabilidad de cada escenario dependerá menos de la magnitud inicial del terremoto que de la calidad de la información disponible. Colombia necesita un catastro público de daños actualizado, una plataforma de seguimiento presupuestal y un calendario de reapertura de corredores con responsables identificables. Sin esos instrumentos, las proyecciones económicas seguirán basándose en rangos amplios y la asignación de recursos quedará expuesta a presiones políticas.
Oxford Economics acierta al advertir que el terremoto no necesariamente provocará un golpe grave al PIB nacional. Pero esa conclusión debe leerse como una advertencia contra el alarmismo macroeconómico, no como una señal de que el problema está bajo control. La economía puede conservar su crecimiento mientras miles de hogares pierden patrimonio y varias cadenas productivas enfrentan meses de incertidumbre. La verdadera prueba para el nuevo Gobierno será demostrar que la reconstrucción no se convierte en un simple estímulo estadístico, sino en una recuperación territorial con disciplina fiscal, control público y capacidad para reducir la vulnerabilidad de Colombia frente al próximo desastre.
