El segundo trimestre de 2026 ofreció a las grandes petroleras una combinación poco habitual: precios extraordinariamente altos, interrupciones severas en el suministro y una demanda todavía suficientemente resistente para convertir la incertidumbre geopolítica en ganancias récord. Pemex reportó utilidades por 18,000 millones de pesos entre abril y junio, un resultado llamativo después de los 46,000 millones de pesos perdidos durante el primer trimestre. Sin embargo, el dato aislado puede conducir a una lectura engañosa. El balance del semestre continúa siendo negativo, mientras el entorno internacional que favoreció a la empresa también elevó los costos para consumidores, gobiernos y actividades industriales.
El promedio de 108 dólares por barril para el crudo Brent explica buena parte del resultado. La guerra en Medio Oriente provocó dislocaciones en los mercados de petróleo, gas y derivados que no se observaban desde hacía décadas. El bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita una proporción decisiva del comercio energético mundial, y los ataques contra instalaciones de refinación alteraron las rutas, elevaron las primas de riesgo y obligaron a las compañías a reordenar operaciones. En ese contexto, incluso las empresas con problemas estructurales pudieron beneficiarse temporalmente de un margen más amplio entre sus costos y sus ingresos.
La jerarquía de ganancias muestra que el fenómeno fue global, aunque no repartido de manera uniforme. Saudi Aramco encabezó el grupo con 33,400 millones de dólares, gracias a que logró mantener buena parte de sus operaciones pese a la tensión militar. Exxon Mobil obtuvo 14,500 millones, el doble que en el segundo trimestre de 2025 y su mejor registro desde la invasión rusa a Ucrania. Chevron alcanzó 12,200 millones, cinco veces más que un año antes. Shell registró 9,400 millones, mientras BP y Total reportaron 5,730 y 5,438 millones, respectivamente.
La guerra convirtió el riesgo en margen
El primer elemento de fondo es la naturaleza excepcional de las utilidades. No provienen únicamente de una mejora en productividad o de inversiones más eficientes, sino de una crisis que encareció cada barril disponible. Cuando una interrupción amenaza el suministro, los precios incorporan una prima por escasez y otra por incertidumbre. Las compañías integradas, que producen crudo, refinan combustibles y comercializan derivados, pueden capturar valor en varios eslabones al mismo tiempo. Por eso el aumento del Brent tuvo un efecto multiplicador en sus cuentas.
La ventaja no fue idéntica para todas. Shell, por ejemplo, enfrentó interrupciones en sus operaciones de gas en Qatar, pero compensó parte del golpe con una mayor producción en América del Sur. La diversificación geográfica funcionó como un seguro operativo. Aramco, en cambio, se benefició de su escala, de su control sobre grandes reservas y de una capacidad logística que le permitió preservar la continuidad de sus actividades. El caso estadounidense refleja otra fortaleza: Exxon Mobil y Chevron tienen activos distribuidos en varias regiones y una exposición considerable a la producción de hidrocarburos, segmento que suele capturar rápidamente los repuntes de precios.
Pero esta bonanza también revela la vulnerabilidad de un sistema energético demasiado concentrado en rutas estratégicas y grandes instalaciones. Un cierre prolongado de Ormuz no sólo encarecería el petróleo; afectaría el transporte marítimo, los seguros, la generación eléctrica y la producción de fertilizantes y petroquímicos. La primera consecuencia sería inflacionaria. La segunda, una transferencia de ingresos desde consumidores y países importadores hacia productores y compañías con capacidad de exportación. El trimestre de 2026 funciona, por tanto, como una advertencia sobre el costo económico de los conflictos regionales.
El dilema político de las ganancias extraordinarias
La reacción de Donald Trump contra Exxon Mobil y Chevron introduce una dimensión política que difícilmente desaparecerá mientras los precios de la gasolina permanezcan entre 30% y 40% por encima de los niveles de febrero. La acusación de que las empresas están “ganando demasiado dinero” con la guerra condensa un conflicto clásico: las petroleras argumentan que sus resultados reflejan el mercado y el riesgo asumido; los consumidores consideran injusto pagar más por un combustible básico mientras las compañías anuncian cifras récord.
La propuesta de que las empresas devuelvan parte de sus ganancias al público plantea preguntas prácticas. Podría adoptar la forma de un impuesto extraordinario, un dividendo energético o mecanismos de apoyo directo a los hogares. Cada alternativa tendría efectos distintos. Un gravamen temporal puede recaudar recursos para compensar a los consumidores, pero si se diseña de manera imprevisible puede desalentar inversiones futuras. Un subsidio generalizado reduce el impacto inmediato en los precios, aunque beneficia también a los hogares de mayores ingresos y presiona las cuentas públicas. La ayuda focalizada es más eficiente, pero exige padrones confiables y capacidad administrativa.
El debate no se limita a Estados Unidos. En Europa, las olas de calor y los incendios reactivaron la discusión sobre la responsabilidad climática de las petroleras. La paradoja es evidente: las mismas empresas que obtienen beneficios extraordinarios de una crisis energética son señaladas por contribuir, mediante la extracción y quema de combustibles fósiles, al calentamiento que agrava los desastres. El problema no se resuelve demonizando sus ganancias, pero tampoco ignorando que la rentabilidad privada puede aumentar mientras los costos ambientales se socializan.
El regreso al petróleo y el costo de aplazar la transición
Las decisiones de inversión adoptadas durante este trimestre pueden ser más importantes que las cifras contables. Presionadas por inversionistas que exigen retornos rápidos, muchas petroleras han reducido su apuesta por energías limpias y han vuelto a concentrarse en exploración, producción y refinación. BP ofrece el ejemplo más claro: su presupuesto para transición energética pasó de 5,000 millones de dólares a un rango de entre 1,500 y 2,000 millones.
Desde el punto de vista financiero, la estrategia es comprensible. Los proyectos de energía renovable suelen requerir grandes desembolsos iniciales, dependen de permisos y redes de transmisión, y no siempre ofrecen márgenes comparables con los obtenidos durante un shock petrolero. Además, las compañías enfrentan accionistas menos dispuestos a financiar proyectos de retorno incierto cuando el petróleo genera flujo de caja inmediato. El problema es que esta lógica puede producir un ciclo de dependencia: cuanto menos se invierte en alternativas, mayor es la exposición futura a nuevas crisis de suministro.
El retroceso también afecta a los gobiernos. Una transición energética más lenta dificulta cumplir metas climáticas y mantiene a las economías expuestas a decisiones de productores y conflictos regionales. El argumento de la seguridad energética, utilizado para justificar más extracción de hidrocarburos, puede terminar reforzando la vulnerabilidad si no se acompaña de almacenamiento, electrificación, redes modernas y fuentes diversificadas. La rentabilidad del trimestre puede ser sólida; la estrategia que la sostiene no necesariamente es resiliente.
Pemex: una ganancia que no cambia la trayectoria
En México, el resultado de Pemex debe leerse contra una historia de pérdidas, endeudamiento y dependencia presupuestaria. Los 18,000 millones de pesos de utilidad del segundo trimestre no compensan los 46,000 millones perdidos entre enero y marzo. El semestre deja así un saldo negativo de aproximadamente 28,000 millones. La cifra puede mejorar la percepción coyuntural de la empresa, pero no altera por sí sola sus problemas financieros, operativos y fiscales.
La transformación más profunda es el cambio de papel de Pemex frente al Estado. Durante décadas, la petrolera fue una fuente central de ingresos públicos; ahora se ha convertido en receptora de apoyos que presionan las finanzas nacionales. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria calcula que entre 2019 y el primer semestre de 2026 recibió 3.08 billones de pesos, mientras el Instituto Mexicano para la Competitividad estima apoyos por 114,000 millones sólo en lo que va de 2026.
Ese flujo tiene un costo de oportunidad. Cada peso destinado a sostener la operación o el servicio de la deuda de Pemex es un peso que no se utiliza en salud, infraestructura, educación o adaptación climática. El apoyo puede justificarse si compra tiempo para reestructurar la empresa y elevar su productividad. Si sólo cubre pérdidas recurrentes, se convierte en una transferencia permanente sin una solución estructural. La diferencia depende de que exista un plan verificable, con metas de producción, seguridad industrial, refinación, deuda y reducción de emisiones.
Los números ambientales anticipan otro tipo de crisis
Los indicadores operativos del primer semestre resultan especialmente preocupantes. Las emisiones de azufre crecieron 13.7%, las emisiones de gas a la atmósfera aumentaron 89% y los accidentes subieron 45% en frecuencia y 86% en gravedad. No son variables accesorias: implican riesgos para trabajadores, comunidades cercanas, calidad del aire y continuidad de las instalaciones. También pueden traducirse en multas, litigios, interrupciones productivas y mayores costos de aseguramiento.
La situación explica por qué exigir a Pemex un programa ambicioso de transición energética parece, en el corto plazo, casi fuera de escala. Antes de ampliar su participación en tecnologías limpias, la empresa necesita controlar fugas, modernizar equipos, prevenir accidentes y cumplir estándares ambientales básicos. Sin embargo, posponer indefinidamente la transición tampoco es neutral. La infraestructura que hoy genera más emisiones puede quedar expuesta a regulaciones futuras, restricciones comerciales y costos de financiamiento más elevados.
El contraste con las grandes petroleras internacionales es revelador. Aramco, Exxon, Chevron, Shell, BP y Total pueden utilizar sus ganancias para recomprar acciones, reducir deuda o financiar nuevas inversiones. Pemex, en cambio, necesita que una parte sustancial de sus recursos cubra obligaciones acumuladas y mantenga instalaciones con rezagos. Por eso el mismo aumento del precio internacional produce efectos muy distintos: para una empresa fortalece el balance; para otra apenas contiene el deterioro.
La verdadera prueba llegará cuando baje el Brent
El riesgo principal para Pemex y para las finanzas públicas es confundir un trimestre excepcional con una recuperación. Si la guerra se contiene, se reabren rutas marítimas o aumenta la oferta internacional, el Brent podría descender y reducir rápidamente los márgenes. Una empresa sana debería aprovechar los precios altos para amortizar deuda, invertir en seguridad y elevar eficiencia. Una empresa frágil puede utilizar el mismo periodo únicamente para cubrir obligaciones urgentes y llegar más expuesta al siguiente ciclo bajista.
El episodio deja una conclusión incómoda para toda la industria. Las ganancias extraordinarias muestran que el petróleo todavía ocupa un lugar decisivo en la economía mundial, pero también que su valor depende cada vez más de conflictos, interrupciones y daños ambientales. Para México, el desafío no es celebrar una utilidad trimestral, sino convertir cualquier mejora temporal en una reforma operativa que reduzca la dependencia de apoyos públicos. Si eso no ocurre, cuando el mercado deje de premiar el barril caro volverán a aparecer las pérdidas, mientras permanecerán las emisiones, los accidentes y la factura fiscal.
