El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) concluyó que la eliminación de los derechos de exportación y del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios demandará al menos once años de crecimiento sostenido para el Estado nacional, siempre que el gasto público se mantenga estable y sin recurrir a desequilibrios fiscales.
El informe, elaborado por Osvaldo Giordano, advierte que estos tributos representan más del 7% del PBI y constituyen una fuente esencial de financiamiento para los tres niveles de gobierno. Cualquier reducción significativa sin compensación previa en el gasto público pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado tras años de desorden macroeconómico.
Impacto en la competitividad productiva
Los sectores industriales y agroexportadores han señalado de manera reiterada que la carga tributaria distorsiva erosiona su capacidad para competir en mercados externos. El IERAL coincide en que la persistencia de estos gravámenes desalienta la inversión y limita el crecimiento potencial de la economía argentina.
Según el diagnóstico, los impuestos más perjudiciales incluyen no solo retenciones e impuesto al cheque, sino también Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales que recaen sobre las ventas. Su eliminación simultánea resulta inviable sin una reducción previa del gasto que permita absorber la pérdida de recaudación.
Escenarios de transición gradual
El centro de estudios evaluó un escenario optimista con crecimiento real anual del 3,3%. Incluso bajo esta hipótesis, que supera cualquier registro histórico reciente del país, el margen fiscal sigue siendo estrecho. El Estado nacional requeriría once años para compensar la caída de recursos derivada de suprimir retenciones y el impuesto al cheque.
Si la prioridad se concentrara exclusivamente en las retenciones, el sector agropecuario debería esperar casi cuatro años para su desaparición total. El impuesto a las transferencias bancarias, en cambio, podría eliminarse recién siete años después.
Diferencias provinciales marcadas
A nivel subnacional los plazos se extienden aún más. Bajo el supuesto de gasto público congelado y de destinar todo el incremento de coparticipación al reemplazo de Ingresos Brutos y Sellos, las provincias más grandes necesitarían más de una década. Santa Fe y Mendoza requerirían alrededor de 14 años, Córdoba 16 años y la provincia de Buenos Aires casi 20 años.
Estas diferencias reflejan tanto el tamaño de las economías provinciales como la dependencia de cada jurisdicción respecto de los tributos distorsivos.
Propuestas para acelerar la reforma
El IERAL plantea que la superposición de impuestos sobre un mismo hecho imponible constituye uno de los principales problemas del sistema tributario argentino. Las ventas están gravadas simultáneamente por el IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, generando ineficiencias y mayor evasión.
Como alternativa, propone avanzar hacia un “Super IVA” que concentre la recaudación en un único tributo al consumo. Este esquema mantendría el nivel de ingresos fiscales con un diseño más simple y neutral, al tiempo que facilitaría el control y reduciría el impacto negativo sobre la competitividad.
La entidad también señala que una reforma de esta naturaleza permitiría eliminar los derechos de exportación sin resignar recursos, siempre que se fortalezca la recaudación de Ganancias y Bienes Personales. Sin embargo, advierte que cualquier transformación de esta magnitud exige amplios consensos políticos y un trabajo técnico riguroso que evite los errores del gradualismo aplicado en el Consenso Fiscal de 2017.
