El conflicto entre Estados Unidos e Irán, reactivado el 28 de febrero de 2026 tras el colapso del acuerdo de junio, tiene raíces que se remontan a décadas de disputas sobre el programa nuclear iraní y el control de rutas energéticas clave. El estrecho de Ormuz, por donde transitan cerca de 20 millones de barriles diarios, representa aproximadamente el 20 por ciento del consumo mundial de petróleo. Cualquier interrupción en ese paso genera ondas expansivas que alcanzan economías integradas como la mexicana, aunque el país no participe directamente en las hostilidades.
Raíces históricas del enfrentamiento
La rivalidad entre Washington y Teherán se intensificó después de la salida estadounidense del acuerdo nuclear en 2018 y las sanciones posteriores. En 2026, un intercambio de ataques volvió a colocar el foco en Ormuz, donde Irán ha amenazado con bloqueos parciales en respuesta a operaciones militares. Esta dinámica no es nueva: durante la guerra entre Irán e Irak en los años ochenta, el estrecho ya demostró su vulnerabilidad cuando el tráfico marítimo se redujo drásticamente y los precios globales se dispararon.
Para México, el vínculo con estos eventos pasa por la dependencia energética estructural. Aunque el país exporta crudo, importa la mayor parte de sus gasolinas, diésel y gas natural. Un incremento sostenido en los precios del Brent, que el 12 de julio alcanzó cerca de 79 dólares por barril, eleva simultáneamente los ingresos por exportaciones y los costos de importación de productos refinados.
Transmisión de shocks a la economía mexicana
La primera vía de contagio es el precio de los energéticos. Cuando el crudo mexicano se ubicó en 67.37 dólares el 9 de julio, con un alza anual del 25.64 por ciento, muchos observadores destacaron el beneficio fiscal. Sin embargo, el encarecimiento del transporte y la generación eléctrica se traslada rápidamente a la cadena de suministro. Un estudio del Banco de México de 2024 ya advertía que cada incremento de 10 dólares en el barril añade entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales a la inflación general en un horizonte de seis meses.
La segunda vía es la volatilidad cambiaria. En episodios previos de tensión geopolítica, como la crisis del estrecho de Ormuz de 2019, el peso mexicano se depreció más de 4 por ciento en dos semanas. Esa depreciación encarece la deuda denominada en dólares y los insumos industriales importados, efecto que se magnifica ahora porque la actividad industrial ya registró una caída mensual del 0.8 por ciento en mayo de 2026 según datos del INEGI.
Presiones sobre la política monetaria
El Banco de México mantuvo la tasa de referencia en 6.50 por ciento el 25 de junio, mientras la inflación general se situaba en 3.55 por ciento y la subyacente en 4.12 por ciento a inicios de julio. Una escalada prolongada complicaría cualquier ciclo de recortes, porque los choques de oferta energética suelen ser persistentes. En 2022, durante la invasión rusa a Ucrania, el organismo tuvo que pausar su ciclo de relajación durante varios meses pese a que la inflación ya mostraba señales de moderación.
El riesgo no se limita al corto plazo. Si los mercados perciben que el conflicto se extenderá, las primas de riesgo país podrían subir y encarecer el financiamiento del sector público y privado. México mantiene una deuda externa significativa, y cualquier aumento en los costos de refinanciamiento afecta directamente el presupuesto federal.
Equilibrios diplomáticos y el T-MEC
En el plano político, el gobierno mexicano enfrenta el dilema clásico entre su tradición de no intervención y la necesidad de preservar la relación bilateral más importante. Una condena explícita podría tensar los canales de comercio y migración; un respaldo automático chocaría con principios históricos de la política exterior. La postura más consistente consiste en insistir en la protección de civiles, el derecho internacional y una salida negociada, sin alinearse automáticamente con ninguna de las partes.
Este equilibrio se complica por la primera revisión conjunta del T-MEC, celebrada el 1 de julio de 2026. Estados Unidos decidió no respaldar la extensión automática del tratado por otros 16 años, lo que deja abierta la posibilidad de renegociaciones. En ese contexto, Washington podría exigir mayor coordinación en seguridad energética y cadenas de suministro críticas. México necesitará demostrar que puede actuar como socio confiable para mitigar interrupciones, no solo como proveedor de bajo costo.
Cobertura mediática y narrativa pública
Los medios también influyen en la percepción del riesgo. Mientras el Financial Times enfatizó el salto de precios del petróleo, Al Jazeera utilizó marcos que identifican claramente a los agresores. En México, titulares que repiten afirmaciones de victorias o bloqueos sin contexto pueden amplificar la incertidumbre. La verificación de datos se vuelve esencial cuando las declaraciones oficiales cambian en cuestión de horas y los mercados reaccionan en tiempo real.
La experiencia de 2022 mostró que una narrativa descontrolada puede generar pánico en los precios de los combustibles incluso cuando el suministro físico no está amenazado. Los reguladores energéticos mexicanos ya monitorean inventarios y rutas alternativas, pero la comunicación transparente resulta indispensable para evitar especulación interna.
Perspectivas de largo plazo
Más allá del ciclo inmediato, el conflicto refuerza la urgencia de diversificar fuentes energéticas y reducir la dependencia de importaciones refinadas. Proyectos de refinación nacional y contratos de suministro con proveedores fuera de zonas de riesgo pueden atenuar futuros choques. Al mismo tiempo, la integración con Estados Unidos a través del T-MEC obliga a México a participar en discusiones sobre resiliencia regional, donde la estabilidad energética se considera cada vez más un asunto de seguridad colectiva.
El escenario más probable sigue siendo una contención limitada, pero la probabilidad de episodios de volatilidad elevada ha aumentado. La capacidad de respuesta dependerá de la rapidez con que las autoridades mexicanas ajusten tanto la política monetaria como la estrategia diplomática y energética ante un entorno global más inestable.
