El presidente de la Cámara Departamental del Transporte de Cochabamba, Luis Jiménez, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos distribuye únicamente el 30 % del diésel requerido por el sector de transporte pesado. Esta cifra contrasta con la expectativa de que, tras el levantamiento de los bloqueos, los surtidores operaran al 100 % de su capacidad. Jiménez señaló que la limitada provisión ha obligado a los transportistas a formar filas nuevamente, reproduciendo las condiciones de escasez que prevalecieron durante las protestas.
Según datos proporcionados por la cámara, apenas el 20 % de la flota está operativo. De más de 600 camiones programados para llegar al puerto de Arica, solo 50 han completado el trayecto. Esta reducción afecta directamente las cadenas de exportación e importación que dependen del transporte terrestre boliviano, generando demoras acumuladas que se extenderán por varias semanas.
Contexto de los 52 días de bloqueos
Los bloqueos que paralizaron rutas nacionales durante 52 días provocaron un desabastecimiento progresivo de combustibles. El transporte pesado, que representa un eslabón crítico en la logística de alimentos, minerales y manufacturas, fue uno de los sectores más afectados. La interrupción del flujo de diésel no solo detuvo operaciones cotidianas, sino que también impidió el cumplimiento de contratos internacionales de exportación. Tras el cese de las medidas de presión, las expectativas de una recuperación rápida se vieron frustradas por la distribución parcial que YPFB mantiene actualmente.
Acciones legales emprendidas
La Cámara Departamental del Transporte ha iniciado procesos judiciales contra los responsables de los bloqueos. Los delitos denunciados incluyen atentado contra la salud de los choferes, daños a unidades de transporte e impedimento del derecho al trabajo. Por recomendación de sus abogados, los nombres de los demandados permanecen en reserva para evitar que la difusión pública obstaculice el avance de las investigaciones. Esta estrategia busca preservar la integridad de las pruebas y garantizar que los procesos avancen sin interferencias externas.
Posición del Gobierno nacional
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró que las reservas internacionales alcanzan cerca de 3 900 millones de dólares, de los cuales más de 700 millones están disponibles en moneda extranjera. Estas reservas, según la autoridad, permiten cubrir los compromisos de importación de combustibles. Espinoza recordó que los contratos de adquisición de diésel suelen tener plazos de hasta 50 días, por lo que el suministro no responde a compras inmediatas en estaciones de servicio, sino a planificaciones previas que se vieron alteradas por los bloqueos prolongados.
El ministro reconoció que los 52 días de protestas generaron un estrés significativo en la cadena logística, elevando la demanda una vez finalizadas las restricciones. Sin embargo, rechazó las afirmaciones de que el país carezca de recursos para pagar importaciones y subrayó que las deudas acumuladas corresponden también a gestiones anteriores.
Efectos en la economía regional
La combinación de una flota reducida y un suministro limitado de combustible tiene consecuencias directas sobre el comercio exterior de Cochabamba. Las exportaciones agrícolas y mineras que transitan por el puerto de Arica enfrentan retrasos que pueden derivar en penalizaciones contractuales. Al mismo tiempo, la importación de insumos industriales y bienes de consumo se ralentiza, elevando costos de almacenamiento y distribución. Estos efectos se propagan a otros departamentos que dependen del corredor vial cochabambino, amplificando el impacto más allá de la región.
El episodio evidencia la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de combustibles ante interrupciones prolongadas de rutas. Aunque el Gobierno cuenta con reservas monetarias suficientes, la capacidad de respuesta operativa depende también de la infraestructura de distribución y de la coordinación entre YPFB y los transportistas. La situación actual plantea la necesidad de revisar los mecanismos de contingencia para evitar que episodios similares generen efectos acumulativos en la economía nacional.
