El Gobierno de Estados Unidos inició un proceso judicial para decomisar un rancho de dos hectáreas ubicado en Hemet, California, que atribuye a Juan Carlos Valencia González, “El Pelón” o “El 03”, señalado por las autoridades como uno de los principales objetivos de la DEA y presunto actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La propiedad, adquirida en 2011 por 250 mil dólares y cuyo valor actual ronda los 700 mil, fue rentada durante tres años por mil 500 dólares mensuales a un criador de caballos. El inquilino, que pagaba en efectivo, recibió recientemente la orden de abandonar el terreno por parte de José María González Valencia, tío materno de Valencia González y administrador del inmueble.

Un activo bajo presión legal
El Departamento de Justicia presentó la solicitud ante un tribunal federal del Distrito de Columbia. El expediente es gestionado por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Criminal, que sostiene que el rancho está vinculado con Valencia González. La propiedad fue registrada únicamente a nombre de Juan Carlos González, con el apellido de su madre, un mecanismo que ahora forma parte del escrutinio oficial.
La presión aumentó después de que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones contra el capo a finales de julio. La designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros congela sus bienes y prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar operaciones con él. El procedimiento muestra cómo las autoridades buscan afectar no solo las operaciones del CJNG, sino también los activos inmobiliarios que podrían servir para ocultar o preservar recursos.
Valencia González fue acusado en Estados Unidos en 2020 por delitos relacionados con importación de drogas y uso de armas de fuego. También habría encabezado el Grupo Élite, señalado como estructura de protección de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Tras la muerte de este último durante un operativo militar en Jalisco, en febrero pasado, las autoridades lo identificaron como posible sucesor. Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
En el rancho aún permanecen animales y pertenencias del antiguo arrendatario, quien teme que el Gobierno tome posesión antes de completar el desalojo. El terreno conserva una vivienda deteriorada, una galera y una camioneta, además de cámaras y grabadoras de audio anunciadas en el perímetro.
