El 29 de junio de 2026 la Secretaría de Hacienda redujo nuevamente el estímulo fiscal al IEPS de los combustibles. La cuota cubierta por el gobierno federal bajó a 0.58 pesos por litro para Magna (9 % del total de 6.11 pesos), a cero para Premium y a 1.08 pesos para Diésel (15 % del total). Estos porcentajes representan la cuarta semana consecutiva sin apoyo para el combustible rojo y un recorte adicional respecto a semanas previas.
Los precios promedio nacionales se situaron en 23.69 pesos la Magna, 28.48 la Premium y 27.13 el Diésel, con variaciones mínimas de un centavo en algunas entidades. Aunque los ajustes diarios parecen pequeños, su acumulación durante meses afecta directamente el gasto de transporte de millones de familias.
Reducción del apoyo fiscal y presión sobre el presupuesto familiar
La disminución del estímulo implica que los consumidores absorben una porción mayor del IEPS. En el caso de la Premium, el gobierno federal cubre el 0 % del impuesto, lo que eleva el costo efectivo por litro. Para una familia que recorre 800 kilómetros semanales en vehículo mediano, el gasto adicional mensual puede superar los 180 pesos solo por este concepto, cifra que se multiplica en hogares con más de un automóvil o que dependen del transporte público concesionado.
Datos de PETROIntelligence muestran que los precios se mantuvieron estables en la mayor parte del país, pero la tendencia de recorte de estímulos coincide con un aumento sostenido del precio internacional del crudo durante mayo y junio. Esta combinación reduce el margen de maniobra de Hacienda para contener el precio final sin afectar sus ingresos tributarios.
Efectos diferenciados en sectores productivos
El transporte de carga y el sector agropecuario enfrentan un escenario más complejo. El Diésel, insumo principal de camiones y maquinaria agrícola, recibe apenas el 15 % de estímulo. Transportistas de carga en rutas interestatales reportan que el incremento acumulado de cuatro semanas ya representa entre 2.8 % y 3.4 % del costo operativo mensual. En estados como Jalisco y Nuevo León, donde el precio promedio del Diésel alcanzó 27.25 y 27.08 pesos respectivamente, las empresas medianas evalúan ajustar tarifas o reducir frecuencias de ruta.
Por el contrario, las refinerías y comercializadoras observan un efecto positivo en márgenes, ya que el IEPS retenido en mayor proporción mejora la recaudación por litro vendido. Sin embargo, este beneficio fiscal contrasta con la posible contracción de la demanda si los precios continúan elevándose.
Perspectivas de consumidores, transportistas y autoridades
Organizaciones de consumidores señalan que la política actual transfiere el costo de estabilización fiscal directamente a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción mayor de su ingreso al transporte. En contraste, representantes de gasolineras independientes argumentan que la volatilidad de precios erosiona la confianza del cliente y favorece la migración hacia expendios informales. La Profeco, por su parte, mantiene operativos de verificación en todo el país para evitar prácticas abusivas, aunque su capacidad de supervisión no alcanza a todas las estaciones de servicio de manera simultánea.
Un análisis de series históricas del IEPS revela que periodos de estímulo reducido coinciden con incrementos posteriores en el índice de precios al consumidor en el rubro de transporte. Esta correlación sugiere que la decisión de junio de 2026 podría ejercer presión inflacionaria moderada durante el tercer trimestre, especialmente en zonas metropolitanas donde el uso de automóvil particular es elevado.
Escenarios futuros y riesgos identificados
Si el precio internacional del petróleo se mantiene por encima de 78 dólares por barril, es probable que Hacienda continúe limitando el estímulo fiscal durante julio y agosto para preservar recursos presupuestarios. Esta trayectoria podría derivar en un aumento acumulado de hasta 0.80 pesos por litro en la Magna hacia finales de verano, según proyecciones basadas en variaciones observadas en ciclos anteriores.
Entre los riesgos destacan la posible aceleración de la inflación subyacente, el incremento de costos logísticos que se trasladan a productos básicos y una mayor desigualdad regional: estados del norte con mayor dependencia del automóvil particular sentirían el impacto con mayor intensidad que entidades con sistemas de transporte colectivo más desarrollados. Un escenario adicional contempla que la reducción sostenida de estímulos incentive el uso de vehículos más eficientes o el cambio modal hacia transporte público, aunque este ajuste requiere plazos más largos y políticas complementarias de infraestructura.
La evolución de los precios de los combustibles en las próximas semanas dependerá tanto de factores externos como del margen de maniobra fiscal que el gobierno decida mantener. Los datos de junio de 2026 evidencian que la política de estímulos ya no opera como un amortiguador amplio, sino como un mecanismo selectivo que deja a los consumidores finales con una carga tributaria creciente.
