La propuesta de modificar el etiquetado de los medicamentos comprados por instituciones públicas ha abierto una discusión que rebasa por mucho el diseño de una caja. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) calcula que adaptar los empaques podría costar cerca de 10 mil millones de pesos, considerando unas 3 mil 600 millones de piezas que tendrían que ser reetiquetadas. El Gobierno federal busca que los productos adquiridos con recursos públicos lleven leyendas como “Gobierno de México”, “Prohibida su venta” y “Propiedad del Gobierno Federal”, además del escudo nacional, con el objetivo de dificultar su desvío hacia farmacias irregulares, tianguis y plataformas digitales.
La intención responde a un problema real: el robo, la filtración y la reventa de medicamentos públicos alimentan un mercado informal que pone en riesgo tanto las finanzas del Estado como la salud de los pacientes. Sin embargo, la propuesta llega en un momento particularmente frágil para el sistema de compras gubernamentales. Laboratorios, distribuidores, hospitales y organizaciones de pacientes coinciden en que persisten problemas de planeación, licitaciones incompletas, entregas retrasadas y escasez de tratamientos esenciales. En ese contexto, el etiquetado puede convertirse en una herramienta útil de control, pero también en un nuevo factor de presión sobre una cadena de suministro ya tensionada.
El costo no está sólo en imprimir una nueva caja
La cifra de 10 mil millones de pesos planteada por Canifarma debe entenderse como una estimación integral, no como el simple precio de añadir una leyenda. Cambiar una presentación farmacéutica implica rediseñar artes, actualizar expedientes regulatorios, adecuar líneas de empaque, obtener insumos nuevos, retirar materiales previamente impresos y gestionar inventarios que ya se encuentran en proceso de producción. Para empresas que fabrican medicamentos genéricos de bajo margen, una modificación aparentemente menor puede alterar de forma importante la rentabilidad de un contrato público.
Canifarma recuerda que la industria produce alrededor de 150 millones de piezas mensuales. Esa escala explica por qué los cambios regulatorios no pueden ejecutarse como una orden administrativa de efecto inmediato. Si los lineamientos llegan tarde o cambian repetidamente, los fabricantes enfrentan el riesgo de producir empaques que después no sean aceptados por las instituciones compradoras. El costo de destruir material de empaque, rehacer lotes o mantener producto inmovilizado termina trasladándose a los precios ofertados, a menores incentivos para participar en licitaciones o a una reducción de la capacidad disponible para el sector público.
El primer punto crítico, por tanto, es la estandarización. Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma, ha advertido que cada proveedor necesita reglas uniformes. Si cada dependencia, institución o contrato define tipografías, ubicaciones, tamaños de leyenda o mecanismos de identificación distintos, el sistema multiplicará costos y errores. La política pública puede buscar una marca visual clara de propiedad estatal, pero requiere especificaciones técnicas únicas, un calendario de implementación y una transición que permita agotar inventarios aprobados sin interrumpir tratamientos.
La medida enfrenta una contradicción de origen
El Gobierno pretende blindar medicamentos que compra para el sistema público, pero la industria sostiene que aún no conoce con precisión qué volúmenes serán adquiridos ni cuándo deberán entregarse. Cero Desabasto ha señalado que, aunque existen cerca de 400 procesos de licitación en marcha, algunas claves apenas alcanzan 40 por ciento de las compras previstas. Esta distancia entre las necesidades clínicas y las adjudicaciones concretas genera incertidumbre para toda la cadena: una empresa no puede planear materia prima, capacidad instalada y distribución si desconoce el volumen final de su demanda institucional.
La consecuencia es paradójica. Mientras hospitales y pacientes reportan dificultades para obtener ciertos tratamientos, laboratorios pueden conservar millones de unidades almacenadas que no han sido solicitadas o adjudicadas en tiempo. Para evitar pérdidas, parte de ese inventario se canaliza al mercado privado. No necesariamente se trata de una irregularidad: un medicamento fabricado legalmente para una previsión de demanda pública, pero no adquirido por la autoridad, debe encontrar salida antes de caducar. El problema es que esa descoordinación debilita la capacidad de respuesta cuando aparecen faltantes en clínicas y hospitales.
Aquí aparece una de las principales tensiones de la discusión. Desde la óptica gubernamental, las leyendas restrictivas ayudan a distinguir medicamentos públicos de aquellos destinados al canal privado. Desde la óptica empresarial, producir grandes volúmenes con una identificación exclusiva para el Estado limita la posibilidad de redirigir inventario si una compra se cancela, se reduce o se demora. Cuanto más rígido sea el empaque, mayor será el costo de una mala planeación pública. Por eso la industria exige que el Estado compre al menos 80 por ciento de los volúmenes comprometidos y publique calendarios confiables.
La trazabilidad digital puede ser más eficaz que la tinta
El debate revela una diferencia importante entre identificar y rastrear. Una leyenda impresa permite reconocer que un producto pertenece al Gobierno federal, pero no responde por sí misma preguntas decisivas: ¿en qué almacén se perdió?, ¿qué distribuidor lo recibió?, ¿cuándo se entregó a una unidad médica?, ¿qué lote llegó a un paciente?, ¿en qué punto se desvió? Para contestarlas se requiere trazabilidad, es decir, registros verificables de cada movimiento del medicamento desde la fabricación hasta la dispensación.
La propuesta de incorporar códigos QR es relevante porque puede vincular un empaque con información de lote, fecha de caducidad, fabricante, comprador, ruta logística y destino institucional. Si se integra con lectores en almacenes, hospitales y farmacias públicas, permitiría identificar anomalías con mayor precisión que una advertencia visible. Un medicamento con la etiqueta “Prohibida su venta” puede seguir siendo robado y comercializado; un sistema de serialización bien operado puede mostrar cuándo salió del circuito autorizado y facilitar auditorías, alertas y sanciones.
La segunda idea que debe considerarse es que la tecnología no sustituye la gobernanza. Un código QR aislado, que sólo dirija a una página informativa o pueda reproducirse con facilidad, tendría un efecto limitado. Su utilidad depende de una base de datos interoperable, controles de acceso, validación en tiempo real, protocolos para reportar pérdidas y capacidad institucional para investigar las alertas. El riesgo de implementar una solución digital sin procesos claros es crear una apariencia de vigilancia mientras los puntos débiles continúan en almacenes, transportistas, distribuidores o unidades médicas.
Una arquitectura razonable combinaría identificación física homogénea y trazabilidad digital escalable. La leyenda oficial podría funcionar como señal pública para pacientes, farmacias y autoridades; el código único permitiría seguimiento operativo. Ese modelo también reduciría la necesidad de rediseñar de manera radical todos los empaques, siempre que las autoridades acepten soluciones técnicas equivalentes y definan estándares verificables. La discusión no debería reducirse a elegir entre caja impresa o QR, sino a determinar cuál combinación ofrece mayor control por cada peso invertido.
El desabasto crea el mercado que se intenta combatir
La expansión del comercio ilegal no puede explicarse sólo por la conducta de redes criminales. Existe un incentivo estructural: cuando una persona no consigue en el sistema público un tratamiento indispensable, buscará alternativas en internet, redes sociales o mercados informales. Esa búsqueda se intensifica en medicamentos de alto costo, de uso continuo o con demanda urgente. Tratamientos contra cáncer, VIH, diabetes tipo 2, obesidad y malaria son especialmente sensibles porque una interrupción puede tener consecuencias graves y porque su precio en el mercado formal puede resultar inaccesible para muchos hogares.
La industria estima que al menos uno de cada 10 medicamentos consumidos en México es apócrifo. Aunque esa cifra debe interpretarse con cautela por la dificultad de medir mercados clandestinos, ilustra la magnitud del desafío. Los productos falsificados suelen ofrecerse hasta 50 por ciento por debajo del precio regular, una diferencia que funciona como gancho comercial para pacientes en situación de urgencia. Pero un descuento elevado puede ocultar medicamentos caducos, adulterados, sin principio activo, con dosis incorrectas o con sustancias distintas a las anunciadas.
El daño no se limita al comprador individual. Un tratamiento falso puede agravar una enfermedad, provocar resistencia antimicrobiana, alterar resultados clínicos y generar costos hospitalarios posteriores mucho mayores. En oncología, por ejemplo, un producto sin el componente activo adecuado no sólo implica una pérdida económica: puede retrasar ciclos terapéuticos que dependen de tiempos clínicos estrictos. En diabetes, una insulina o fármaco adulterado puede desencadenar descompensaciones de alto riesgo. La falsificación de jeringas, instrumental quirúrgico, preservativos, lentes de contacto y equipos de radioterapia amplía además el problema hacia dispositivos cuya calidad tiene consecuencias directas en seguridad sanitaria.
La tercera conclusión es incómoda pero central: combatir el desvío de medicamentos públicos sin resolver el desabasto puede desplazar el problema, no eliminarlo. La identificación reforzada puede reducir la circulación visible de cajas gubernamentales en mercados irregulares. Pero si el paciente sigue sin recibir su medicamento en una clínica, la demanda que alimenta a vendedores clandestinos permanecerá intacta. La política de seguridad debe ir acompañada de compras oportunas, distribución confiable, inventarios transparentes y canales legales que respondan rápido a faltantes localizados.
Pacientes, fabricantes y autoridades no enfrentan el mismo riesgo
Para los pacientes, la prioridad es la continuidad terapéutica. El etiquetado tiene valor si ayuda a que el medicamento correcto llegue al sitio correcto, pero pierde relevancia frente a un anaquel vacío. Las organizaciones civiles han puesto el foco en esta diferencia: no basta con contar procesos de licitación, porque la medida real del sistema es la disponibilidad efectiva de medicamentos en hospitales y centros de salud. Un proceso administrativo puede estar abierto durante meses sin traducirse en una entrega útil para quien necesita tratamiento.
Para los fabricantes, el mayor riesgo es producir bajo condiciones inciertas. Las plantas requieren previsiones de materia prima, capacidad, controles de calidad y autorizaciones regulatorias. Si la demanda pública cambia de forma abrupta, las empresas pueden absorber inventario en ciertos casos, pero no indefinidamente. Las compañías más grandes quizá tengan mayor capacidad financiera y comercial para redirigir productos al mercado privado; los laboratorios medianos y fabricantes de genéricos especializados podrían quedar más expuestos. Esto puede concentrar el mercado y reducir el número de participantes en futuras compras gubernamentales.
Para las autoridades, el desafío es diseñar una medida que sobreviva a la operación cotidiana. El uso del escudo nacional requiere autorización de la Secretaría de Gobernación y especificaciones que, según el sector, todavía se encuentran en análisis. Si los requisitos técnicos se publican sin tiempo suficiente, habrá retrasos de cumplimiento. Si se permiten demasiadas excepciones, la identificación perderá consistencia. Y si se obliga a modificar todos los empaques sin diferenciar productos nuevos, existencias en almacén y lotes ya autorizados, la política podría generar desperdicio sin mejorar proporcionalmente la seguridad.
La implementación decidirá si hay control o mayor escasez
El escenario más favorable sería una adopción gradual, con estándares nacionales únicos, una fecha de corte realista y trazabilidad digital incorporada desde el inicio. Las autoridades deberían definir qué información debe contener cada empaque, quién administra la base de datos, cómo se validan los movimientos, qué ocurre cuando se detecta un desvío y qué responsabilidades corresponden a fabricantes, distribuidores, operadores logísticos y unidades médicas. También sería necesario permitir un periodo para comercializar o usar institucionalmente inventarios ya producidos bajo reglas anteriores, siempre que estén plenamente documentados.
Un segundo escenario, menos favorable, sería imponer etiquetas físicas sin corregir la incertidumbre de las compras. En ese caso, el costo de adaptación se sumaría a contratos de volumen incierto y plazos poco claros. El resultado podría ser una menor participación en licitaciones, precios más altos para compensar el riesgo o entregas más lentas mientras los fabricantes ajustan sus líneas. La medida nacería como mecanismo contra el mercado negro, pero podría profundizar los faltantes que facilitan la venta clandestina.
Existe además un riesgo de fragmentación regulatoria. Si las instituciones públicas exigen empaques diferentes según entidad, programa o periodo contractual, las empresas deberán manejar múltiples versiones de un mismo medicamento. Eso complica la producción, eleva el riesgo de errores de surtimiento y hace más difícil supervisar el cumplimiento. Un estándar federal interoperable tendría ventajas operativas y de fiscalización, especialmente si se vincula con los sistemas de compras y distribución de las principales instituciones de salud.
La discusión sobre el etiquetado ofrece una oportunidad para revisar el problema completo: qué se compra, cuándo se compra, cómo se distribuye, quién registra las entregas y qué mecanismos protegen al paciente cuando el sistema falla. Marcar una caja con propiedad gubernamental puede ser necesario, pero no será suficiente. La seguridad farmacéutica depende de que el Estado ofrezca certidumbre a quienes producen, transparencia a quienes supervisan y disponibilidad a quienes dependen de un medicamento para vivir.
