La asociación de consumidores FACUA Sevilla ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Sevilla contra Social Energy por la presunta comisión de un delito de estafa. La empresa, especializada en la venta e instalación de placas solares, mantuvo su actividad comercial pese a haber comunicado su situación de insolvencia al tribunal competente. Esta acción legal busca esclarecer si la mercantil continuó captando clientes y percibiendo pagos a sabiendas de que no podría cumplir con los contratos firmados.
La denuncia ante la Fiscalía y sus fundamentos
FACUA Sevilla ha aportado documentación que acredita cómo Senerco Energy Services SL, titular de la marca Social Energy, formalizó contratos y recibió anticipos de particulares entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. En esa ventana temporal la compañía ya había declarado su imposibilidad de hacer frente a todas sus deudas. La asociación sostiene que esta conducta revela una voluntad deliberada de obtener ingresos adicionales sin capacidad real de ejecutar las instalaciones ni tramitar las subvenciones prometidas.
El calendario de la insolvencia y la actividad persistente
El 28 de noviembre de 2025 la empresa comunicó al juzgado su intención de acogerse a un procedimiento concursal. El auto judicial que declaró el concurso voluntario de acreedores se dictó el 20 de marzo de 2026. Durante los cuatro meses intermedios, Social Energy siguió ofertando sus servicios en el mercado, captando nuevos clientes y cobrando cantidades que, según FACUA, no podían destinarse a las obras comprometidas. Esta secuencia temporal constituye uno de los elementos centrales de la denuncia.
Mala fe y conocimiento del perjuicio causado
La organización de consumidores subraya que los responsables de la mercantil actuaron con plena conciencia del daño que infligían. Al continuar celebrando contratos sabiendo que la empresa carecía de solvencia, Social Energy habría enriquecido su patrimonio a costa de clientes que confiaron en la viabilidad de las instalaciones y en la gestión de ayudas públicas. FACUA considera que este comportamiento no responde a una mera negligencia, sino a una estrategia orientada a maximizar ingresos antes de la liquidación.
La necesidad de cuantificar daños y afectados
Además de solicitar la investigación penal, FACUA ha pedido a la Fiscalía que determine el número exacto de usuarios perjudicados y el importe total de los perjuicios económicos. La asociación considera imprescindible aclarar si los contratos firmados en ese periodo pueden considerarse nulos y qué vías de recuperación existen para quienes adelantaron pagos. El procedimiento concursal abierto permitirá, en paralelo, analizar el alcance de la masa activa y las posibilidades reales de indemnización.
