Mexicali, Baja California.— La vinculación a proceso de tres expolicías por su presunta participación en la desaparición de dos jóvenes en Mexicali fue recibida por las familias como un avance procesal, pero no como una victoria. Para los familiares, la resolución representa apenas un paso para esclarecer lo ocurrido y localizar a las víctimas, por lo que exigieron que las investigaciones alcancen a todas las personas que pudieron intervenir, ya sea de manera directa o mediante omisiones y encubrimiento.
Gonzalo Moreno, padre de Kevin Moreno y dirigente de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada, afirmó que las familias respetan las decisiones judiciales y el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, reconoció que les sorprendió la determinación de no vincular a proceso al exdirector de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil, y al excomandante general Luis Alfonso Jacobo Alviso, mientras que otros tres exagentes sí quedaron sujetos a proceso.
“Nos impactó la decisión de no vinculación a dos personas y a otras tres sí. Sabemos que no nos toca hacer de jueces ni juzgar, pero nos es difícil entender qué fue lo que pasó y cómo sucedió”, expresó Moreno al referirse al resultado de la audiencia.
Una resolución que no cierra la investigación
La vinculación a proceso significa que un juez consideró que existen datos suficientes para que continúe una investigación judicial contra los tres expolicías, pero no equivale a una sentencia ni determina por sí misma su responsabilidad penal. Del mismo modo, la no vinculación dictada para los dos exmandos no resuelve de manera definitiva el caso ni impide que surjan nuevos elementos, de acuerdo con el desarrollo de la investigación y las etapas previstas por la legislación.
Esta diferencia jurídica es relevante para las familias, que han insistido en que su objetivo no es anticipar culpabilidades, sino conocer la secuencia de hechos ocurrida durante la madrugada en que desaparecieron los jóvenes. Su principal demanda es que la autoridad establezca qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados y cuál fue el destino de las víctimas.
“Nuestra principal intención es averiguar qué pasó aquella madrugada y encontrar exactamente qué pasó con ellos”, señaló Moreno. La declaración refleja que, pese al avance de la causa contra tres exagentes, el aspecto central para los familiares continúa sin resolverse: la localización de los desaparecidos y la reconstrucción completa de los hechos.
Señalamientos planteados desde 2022
El dirigente de la Célula de Búsqueda recordó que las familias comenzaron desde 2022 a señalar posibles sitios, personas y líneas de investigación relacionadas con el caso. Según su versión, varios de esos planteamientos empezaron a formalizarse tiempo después, una situación que, afirmó, prolongó la incertidumbre y reforzó la exigencia de que las autoridades revisen cada hipótesis con seriedad.
Moreno sostuvo que las familias han aportado información y han dado seguimiento a las diligencias sin pretender sustituir a las instituciones encargadas de investigar. La exigencia, explicó, es que las pistas sean verificadas y que las responsabilidades se determinen con base en pruebas, no en la posición jerárquica de los involucrados ni en la presión pública.
“No podemos permitir que un uniforme o una jerarquía dentro de una corporación sea un escudo ante la ley”, afirmó. Con esa postura, los familiares colocan el caso en una discusión más amplia sobre la posible responsabilidad de servidores públicos en hechos de desaparición, particularmente cuando existen sospechas de participación directa, tolerancia, omisión o protección posterior.
Familias piden información y alcance total
Después de la audiencia, Moreno informó que tuvo un acercamiento con la fiscal general. Reconoció que la información que puede compartirse públicamente es limitada debido a la naturaleza de las carpetas de investigación, pero destacó el trabajo de los agentes que han participado en el caso y dijo conocer a quienes han llevado las diligencias.
La reserva de información busca proteger la investigación y evitar que se afecten posibles actuaciones judiciales; no obstante, para las familias también representa una fuente permanente de incertidumbre. Por ello, han planteado la necesidad de mantener comunicación institucional sin comprometer las pesquisas, de manera que puedan conocer avances verificables y participar en las acciones de búsqueda que correspondan.
En un posicionamiento difundido en redes sociales, la Célula de Búsqueda reiteró que los familiares no buscan venganza, sino verdad y justicia. También reclamó que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y contemple tanto a los posibles responsables materiales e intelectuales como a quienes hayan intervenido por acción, omisión o encubrimiento.
La postura de las familias mantiene abierta la presión sobre la Fiscalía y sobre el proceso judicial iniciado contra los tres expolicías. Mientras se definen las siguientes etapas legales, el caso seguirá teniendo dos objetivos paralelos: determinar si existen responsabilidades penales individuales y avanzar de manera efectiva en la localización de los jóvenes desaparecidos. Para sus familiares, ninguna resolución será suficiente mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta.
