La propuesta para reactivar alrededor de 20 casetas de policía en distintas colonias de Tijuana llega a una etapa decisiva: la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del XXV Ayuntamiento ya aprobó la iniciativa y ahora corresponde a la Secretaría de Gobierno turnarla al Cabildo. El proyecto todavía no representa una operación inmediata ni garantiza recursos, pero abre un debate relevante sobre la forma en que el municipio distribuye su presencia policial en una ciudad extensa, fronteriza y marcada por diferencias profundas entre zonas urbanas.
El regidor Ranier Falcón Martínez, presidente de la comisión, explicó que el ayuntamiento cuenta con un padrón superior a 90 casetas, aunque solo cerca del 10 por ciento permanece en funcionamiento. La primera fase, por tanto, no pretende recuperar toda la infraestructura existente, sino seleccionar unos 20 puntos considerados estratégicos y rehabilitarlos de manera gradual, conforme a la disponibilidad presupuestal y de personal operativo. La decisión desplaza el problema desde la obra física hacia una cuestión más compleja: quién ocupará esos espacios, con qué equipo y bajo qué esquema de vigilancia.
La baja utilización de estas instalaciones tiene un antecedente institucional concreto. Varias casetas dejaron de operar después de la desaparición de la Policía Comercial, corporación que mantenía presencia en algunos de esos puntos. Esto significa que el deterioro no se explica únicamente por falta de mantenimiento, sino también por cambios en el modelo de seguridad municipal. Una caseta vacía puede conservar paredes, ventanas y mobiliario, pero pierde su función cuando no existe una corporación responsable de asignar agentes, patrullas, comunicaciones y supervisión permanente.
De la infraestructura abandonada al despliegue real
El planteamiento oficial reconoce una limitación que suele quedar oculta en los anuncios de rehabilitación: cada caseta necesita elementos asignados en tres turnos. En términos operativos, un solo punto abierto las 24 horas no requiere únicamente un agente, sino una plantilla capaz de cubrir relevos, descansos, incapacidades, vacaciones y eventuales comisiones. A ello deben sumarse una patrulla o unidad de apoyo, combustible, mantenimiento, radios, sistemas de comunicación y mandos responsables de verificar que el servicio se cumpla.
Si las 20 casetas funcionaran permanentemente, la presión sobre la plantilla municipal sería considerable. Aun con esquemas mínimos de cobertura, el ayuntamiento tendría que evitar que la reactivación se traduzca en retirar patrullas de otros sectores para colocarlas dentro de instalaciones fijas. Esa sustitución podría mejorar la visibilidad en una colonia, pero reducir la capacidad de respuesta en áreas vecinas. El éxito del programa dependerá de que las casetas complementen el patrullaje y no se conviertan en puntos estáticos que inmovilicen recursos.
La selección de los lugares será, por ello, más importante que el número anunciado. Una caseta ubicada en una zona con alta concentración de llamadas, cerca de corredores comerciales, escuelas, rutas de transporte o accesos estratégicos puede generar mayor impacto que varias instalaciones distribuidas sin un diagnóstico actualizado. El municipio tendría que cruzar reportes de emergencia, mapas de delitos, tiempos de respuesta, densidad poblacional y condiciones de acceso. Sin esa metodología, la decisión corre el riesgo de responder a presiones vecinales o criterios políticos antes que a evidencias de seguridad.
Blindaje, coordinación y límites institucionales
Falcón Martínez señaló que las casetas seleccionadas deberán cumplir condiciones de seguridad, incluido cierto nivel de blindaje para proteger a los agentes. La precisión es significativa. Las instalaciones antiguas pudieron haber sido diseñadas para una etapa distinta de la violencia urbana y no necesariamente ofrecen protección frente a armas de mayor poder, ataques directos o intentos de ingreso forzado. Rehabilitar implica revisar muros, cristales, accesos, iluminación, cámaras, salidas de emergencia y capacidad de comunicación, no solamente pintar fachadas o reparar techos.
El regidor también planteó que estos espacios puedan ser utilizados de manera coordinada por la Policía Municipal, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. La idea podría ampliar la presencia institucional en las colonias, pero exige reglas claras. Cada corporación tiene funciones, cadenas de mando, protocolos y responsabilidades distintas. Una caseta compartida sin un esquema de coordinación formal puede producir duplicidad de tareas, confusión ante una emergencia o dificultades para determinar quién debe responder por una denuncia, una detención o el resguardo de evidencias.
La experiencia mexicana muestra que la presencia de fuerzas federales puede elevar la percepción de control en determinados puntos, pero no reemplaza automáticamente las capacidades de prevención y proximidad de una policía municipal. El Ejército y la Marina pueden apoyar en operativos específicos; la Guardia Nacional puede participar en tareas de seguridad pública conforme a sus atribuciones; sin embargo, la atención cotidiana de conflictos vecinales, violencia familiar, vigilancia de comercios y seguimiento de faltas administrativas requiere instituciones locales con conocimiento del territorio. La coordinación debe fortalecer esa arquitectura, no diluirla.
La promesa de proximidad frente a la realidad vecinal
Reactivar una caseta puede tener un valor simbólico inmediato. Para residentes de colonias donde la policía parece distante, ver un punto ocupado y una unidad estacionada puede mejorar la percepción de respuesta institucional. También puede facilitar denuncias de personas que no cuentan con transporte o que desconfían de acudir a una comandancia. La proximidad, cuando se acompaña de atención respetuosa y seguimiento, puede aportar información temprana sobre robos, amenazas, violencia doméstica o conflictos que todavía no escalan.
Pero la sola presencia física no garantiza seguridad. Una caseta abierta, sin personal suficiente o utilizada únicamente como punto de descanso, puede generar frustración e incluso convertirse en un objetivo vulnerable. La comunidad necesitará saber qué servicios ofrece, en qué horarios, cómo se registra una denuncia y cuál es el tiempo de respuesta esperado. También será necesario establecer mecanismos para impedir que los espacios recuperados queden nuevamente abandonados después del impulso inicial o cambie la administración municipal.
La recuperación de 20 instalaciones podría convertirse en una herramienta de prevención si se vincula con programas comunitarios. Reuniones periódicas con vecinos, rutas escolares seguras, atención a víctimas, mediación de conflictos y colaboración con comerciantes permitirían que la caseta funcione como nodo de información, no solo como puesto armado. En barrios donde los delitos dependen de factores como iluminación deficiente, lotes baldíos o transporte irregular, la policía por sí sola no resolverá las causas, pero sí puede coordinar respuestas con servicios públicos y desarrollo urbano.
El costo político de cumplir, y también de no cumplir
La iniciativa deberá superar una discusión presupuestal que puede ser tan determinante como la aprobación del Cabildo. Cada caseta representa gastos de rehabilitación inicial y costos recurrentes de operación. Si no se presenta un presupuesto multianual, existe el riesgo de inaugurar instalaciones durante el primer periodo y dejar sin financiamiento el mantenimiento, el equipamiento o la cobertura de turnos. La transparencia será esencial: la ciudadanía debería conocer cuánto costará cada punto, qué empresa ejecutará las obras, qué indicadores justificarán su permanencia y cuántos agentes serán destinados.
El ayuntamiento también tendrá que definir cómo medirá los resultados. Una reducción de llamadas no siempre significa menos delitos; puede reflejar desconfianza o menor disposición a denunciar. Del mismo modo, un aumento inicial de reportes podría indicar que la población ahora tiene un canal más accesible. Por eso conviene combinar indicadores: tiempos de respuesta, delitos por zona, denuncias formalizadas, patrullajes realizados, funcionamiento de cámaras, percepción vecinal y número de incidentes atendidos desde cada caseta. La evaluación independiente o pública ayudaría a evitar que el programa se juzgue únicamente por fotografías de instalaciones remodeladas.
El compromiso de concretar el proyecto antes de que termine el año coloca un plazo político sobre una cadena de decisiones todavía pendiente. Primero debe llegar al Cabildo, después definirse la asignación de recursos y finalmente contratarse o ejecutarse la rehabilitación, además de seleccionar al personal y elaborar los protocolos de operación. Cualquier retraso puede reducir el alcance inicial o llevar a abrir casetas sin las condiciones prometidas. La presión por cumplir no debería desplazar las exigencias de seguridad para los agentes ni la planeación técnica.
Para Tijuana, el debate trasciende la recuperación de 20 edificios. Se trata de decidir si la seguridad municipal se organizará alrededor de una red territorial de proximidad, con información y servicios permanentes, o si las casetas serán intervenciones aisladas que dependan del presupuesto y de la voluntad de cada administración. La oportunidad existe, pero su impacto dependerá de convertir infraestructura ociosa en capacidad operativa verificable. Solo una combinación de personal suficiente, selección basada en datos, coordinación institucional y vigilancia ciudadana permitirá que las casetas recuperen una función duradera dentro de la estrategia de seguridad urbana.
