La Fiscalía General de la República investiga seis laudos laborales que ordenaban al ISSSTE pagar más de mil 230 millones de pesos a 880 exservidores públicos, en su mayoría exagentes de la extinta Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Los pagos correspondían a una indemnización que, según la indagatoria, ya no les correspondía bajo la legislación vigente.
El caso se originó en demandas presentadas en 2021 ante la entonces Junta Especial Número 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón, Coahuila. Tanto el ISSSTE como la propia JFCA denunciaron irregularidades en los procesos, lo que llevó a la intervención de la FGR. Los recursos nunca fueron entregados porque las autoridades laborales frenaron su ejecución al detectar las anomalías.
La indemnización reclamada y su marco legal
Los exagentes solicitaron el pago de la llamada indemnización global, equivalente a 45 días de sueldo básico, prevista en la legislación anterior del ISSSTE para quienes no tenían derecho a pensión por jubilación. Esta prestación fue derogada con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE en abril de 2007. La investigación señala que los demandantes estaban sujetos a esta ley vigente y, además, contaban con una Afore dentro del sistema de ahorro para el retiro.
A pesar de estos elementos, las reclamaciones se fundamentaron en la ley anterior. Uno de los laudos, que concentraba 678 beneficiarios, ordenaba el pago de 950 millones 262 mil 29.25 pesos, lo que representaba más de tres cuartas partes del monto total investigado.
Irregularidades detectadas en el trámite
Las denuncias presentadas ante la FGR destacan varias deficiencias en la tramitación. Las demandas no precisaban la fecha exacta de ingreso de los trabajadores, dato necesario para calcular la antigüedad real y los montos correspondientes. Tampoco se indicaba el salario base, omisión que la autoridad laboral debió advertir y conceder un plazo de tres días para corregir, según los procedimientos establecidos.
Otro aspecto cuestionado es la competencia territorial de la Junta Especial Número 42. Los expedientes provenían de exservidores de distintas entidades del país, pero fueron tramitados en Torreón. Las denuncias sostienen que esta situación debió revisarse antes de continuar con los procedimientos.
Personas involucradas y resolución de los expedientes
La indagatoria menciona que las demandas fueron radicadas por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, quienes fungían como secretario de acuerdos y auxiliar en la Junta Especial 42. Los laudos fueron resueltos por Carrillo Ochoa y Gerardo Alfonso Montellano Valdés, este último como presidente de la junta. La inclusión de estos nombres forma parte de la reconstrucción de cómo se procesaron los expedientes, aunque no implica por sí misma una sentencia penal.
Medidas adoptadas y estado actual del caso
Tras la detección de las irregularidades, la JFCA detuvo la ejecución de los laudos, evitando que el ISSSTE desembolsara los recursos. El 17 de junio de 2024, la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42. La investigación de la FGR continúa enfocada en determinar si las resoluciones derivaron de actuaciones ilegales y en establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, los pagos permanecen suspendidos y el caso se mantiene bajo análisis para esclarecer los hechos con base en las evidencias recopiladas.
