Las agresiones registradas contra personal de custodia en los centros penitenciarios de Sonora responden directamente a las operaciones que las autoridades han intensificado en los últimos meses dentro de esos recintos. El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas, expuso esta relación durante la conferencia de prensa semanal del gobierno estatal, donde detalló que los ataques constituyen una respuesta de grupos delictivos que han perdido margen de maniobra por las revisiones y traslados ordenados.
Operaciones que alteran el control interno
Salas precisó que las medidas aplicadas en los Ceresos incluyen revisiones exhaustivas, traslados de internos y acciones penales contra quienes mantienen conductas irregulares. Estas intervenciones han impedido que las organizaciones criminales mantengan el dominio que antes ejercían sobre la vida cotidiana de los penales. El funcionario subrayó que nunca antes se habían realizado tantos movimientos simultáneos dentro del sistema penitenciario estatal, lo que ha generado fricción directa con los grupos afectados.
Las autoridades optaron por reservar detalles específicos sobre fechas, ubicaciones y métodos empleados en estas acciones para no comprometer las investigaciones en curso. Esta discreción busca proteger tanto el avance de los operativos como la seguridad de los servidores públicos involucrados.
Hallazgos que confirman la necesidad de las revisiones
Como muestra concreta de los resultados obtenidos, Salas mencionó una revisión reciente en un penal del norte del estado donde se recuperaron teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. Estos elementos se encuentran actualmente bajo análisis para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales. El hallazgo refuerza la idea de que los controles previos eran insuficientes y permitían canales de comunicación que los grupos criminales utilizaban para coordinar actividades fuera de los muros.
Avances en el homicidio de un custodio
En relación con el asesinato de un elemento penitenciario, la Fiscalía informó que dos personas vinculadas ya fueron detenidas. Un tercer sospechoso cuenta con orden de aprehensión y las autoridades continúan su localización. Aunque existen más datos sobre la investigación, estos no se revelan para evitar interferencias mientras se completan las diligencias pendientes. El caso ilustra cómo las tensiones generadas por las operaciones pueden derivar en actos de violencia directa contra el personal de custodia.
Posible responsabilidad de servidores públicos
La Fiscalía también revisará si algún servidor público incurrió en omisiones o complicidades que facilitaron las irregularidades detectadas. Salas indicó que, de comprobarse alguna responsabilidad, se aplicarán las sanciones que correspondan conforme a la ley. Este proceso busca establecer límites claros entre la actuación institucional y cualquier forma de colusión que pudiera haber permitido el control criminal previo dentro de los penales.
El enfoque adoptado por las autoridades estatales refleja un cambio de estrategia orientado a recuperar el control efectivo de los centros penitenciarios. Las acciones emprendidas hasta ahora han alterado dinámicas establecidas durante años, lo que explica tanto las reacciones violentas como la necesidad de mantener reservas sobre los detalles operativos. El equilibrio entre transparencia y resguardo de información resulta clave para que las investigaciones avancen sin poner en riesgo los resultados esperados.
