La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) presentó una acción de tutela para que un juez defina si la Superintendencia Nacional de Salud puede exigir 77 documentos ajenos a su objeto social. La licorera sostiene que la auditoría excede las competencias legales del ente de control, ya que no administra recursos del sistema de salud.
El requerimiento incluye información sobre caja menor, tarjetas de crédito y viáticos, datos que la empresa considera irrelevantes para una supervisión centrada en fondos sanitarios. La FLA argumenta que su actividad principal es la producción y venta de licores, por lo que la inspección masiva podría sentar un precedente que afecte a otras empresas industriales del Estado.
Ampliación de la auditoría
La controversia se extendió cuando la Supersalud inició visitas simultáneas a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud de Antioquia entre el 30 de junio y el 3 de julio, con un equipo de 11 funcionarios. El alcalde Federico Gutiérrez recusó la actuación por presunta falta de imparcialidad y solicitó respuesta al Ministerio de Salud.
Alcance institucional
La decisión de la FLA no implica rechazo al control estatal, sino la búsqueda de límites claros. Al cuestionar el alcance de la Supersalud sobre entidades que no manejan recursos de salud, la empresa plantea un debate sobre las facultades reales de inspección en empresas estatales con fines comerciales. El fallo judicial determinará si estos requerimientos se ajustan al marco legal o representan una extralimitación que podría replicarse en otras regiones.
