La decisión de mantener fijo el precio de la gasolina Magna en 23.99 pesos por litro durante los meses de mayor tensión en Oriente Medio no fue un gesto aislado de contención inflacionaria. Se inscribe en una estrategia fiscal de largo plazo que prioriza la recaudación sobre la transmisión de señales de mercado. Desde marzo, cuando el crudo repuntó tras el cierre del estrecho de Ormuz, el gobierno mexicano recurrió al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para absorber la mayor parte de la caída posterior de los costos de importación. El resultado es que el consumidor final no percibe la baja internacional del petróleo.
El origen de esta mecánica se remonta a la reforma fiscal de 2014 y a la posterior decisión de no liberalizar del todo los precios al menudeo. En lugar de permitir que el precio en bomba reflejara semana a semana el costo de adquisición más márgenes y fletes, se estableció un sistema de bandas y ajustes discrecionales del IEPS. Este impuesto, que representa cerca del 40 % del precio final, funciona como válvula de escape cuando la recaudación de otros gravámenes flaquea. En 2025, el propio Servicio de Administración Tributaria reconoció que el IEPS a combustibles aportó más de 280 mil millones de pesos, cifra equivalente al 1.1 % del PIB.
Antecedentes del esquema de precios controlados
Antes de la apertura de la importación privada en 2016, Pemex era el único proveedor y el precio se fijaba por decreto. La reforma permitió la entrada de distribuidores privados, pero conservó el IEPS como instrumento de estabilización. Cuando el precio internacional sube, el gobierno reduce la tasa del impuesto; cuando baja, la eleva. Esta práctica, que en teoría protege al consumidor, en realidad transfiere la volatilidad del mercado al erario y mantiene al contribuyente cautivo de la gasolinera.
El contraste con Texas resulta ilustrativo. En mayo, el galón de regular alcanzó 4.09 dólares en Houston, equivalente a 17.60 pesos por litro al tipo de cambio entonces vigente. Para finales de junio el precio había descendido a 3.30 dólares. Esa reducción de casi el 19 % se reflejó de inmediato en las estaciones texanas. En México, el mismo litro de Magna permaneció anclado en 23.99 pesos porque el IEPS compensó la baja del costo de adquisición. La diferencia de más de seis pesos por litro no se explica por logística ni por calidad, sino por la carga tributaria y por la necesidad de sostener los ingresos de Pemex.
Impacto en la competitividad y la inflación
El encarecimiento artificial de los combustibles se propaga a toda la cadena productiva. El transporte de mercancías, la generación de energía eléctrica y la industria química dependen del diésel y del gasóleo. Cuando estos insumos se mantienen por encima de su precio de equilibrio internacional, los costos unitarios de las empresas mexicanas aumentan y se erosionan márgenes de exportación. Un estudio del Banco de México de 2024 estimó que cada peso adicional en el precio del diésel eleva 0.18 puntos porcentuales la inflación subyacente en un horizonte de doce meses.
El efecto no es simétrico. Mientras los consumidores de Texas celebran la baja del petróleo con descuentos visibles en la bomba, los mexicanos financian con sus impuestos el sostenimiento de Pemex y el equilibrio de las finanzas públicas. Esta asimetría reduce la competitividad de las regiones fronterizas, donde los diferenciales de precio con Estados Unidos alcanzan ya los ocho pesos por litro. Transportistas de Tijuana a Ciudad Juárez reportan que el 23 % de sus costos operativos corresponde exclusivamente al combustible, frente al 14 % que registran competidores texanos.
Consecuencias fiscales y dependencia de Pemex
El IEPS a gasolinas se ha convertido en un salvavidas estructural. En 2023 y 2024, cuando la recaudación del ISR corporativo y del IVA creció por debajo de lo presupuestado, el gobierno elevó la tasa efectiva del impuesto a combustibles para compensar el faltante. Esta dependencia genera un incentivo perverso: cualquier baja internacional del crudo se traduce en mayor presión tributaria interna, en lugar de alivio para los hogares. Al mismo tiempo, los recursos captados financian transferencias a Pemex que superan los 120 mil millones de pesos anuales, destinados principalmente al pago de deuda y a proyectos de refinación con baja rentabilidad.
La distorsión se extiende al mercado laboral. Empresas de logística y distribución que operan con márgenes estrechos optan por reducir rutas o diferir inversiones en flotilla más eficiente. En el Bajío, varias armadoras han señalado que el costo del diésel representa ya un factor relevante a la hora de decidir nuevas expansiones. La falta de transmisión de precios internacionales impide además que los consumidores ajusten sus patrones de consumo hacia vehículos más eficientes o hacia transporte público, perpetuando una demanda inelástica que facilita la recaudación pero frena la transición energética.
Perspectivas de largo plazo
Si el esquema actual persiste, México seguirá operando con un mercado de combustibles segmentado: uno internacional que refleja oferta y demanda, y otro doméstico intervenido por razones fiscales. Esta dualidad limita la integración de cadenas de valor regionales y reduce la credibilidad de cualquier compromiso de liberalización futura. Los organismos multilaterales han advertido que la dependencia del IEPS a hidrocarburos dificulta el cumplimiento de metas de reducción de subsidios implícitos y de alineación con precios de carbono.
La experiencia de otros países petroleros que transitaron hacia mecanismos de precio flexible muestra que la eliminación gradual de la banda de intervención requiere simultáneamente una reforma profunda del régimen fiscal de Pemex y una ampliación de la base tributaria no petrolera. Sin esos cambios estructurales, cualquier intento de bajar el IEPS se traducirá en presiones sobre el déficit público o en recortes de gasto social. Por tanto, el precio de la gasolina en México no es solo un indicador de costo energético; es el termómetro de una política fiscal que aún no ha resuelto su dependencia de un contribuyente cautivo.
