El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que Colombia podría enfrentar una crisis de pagos de “proporciones monumentales” si no consigue estabilizar su deuda pública. Durante la convención de banqueros en Cartagena, el funcionario presentó un plan de ajuste fiscal con recortes de gasto, reformas al Estado y una ley de rescate económico que el Gobierno prevé radicar ante el Congreso a finales de septiembre.
Según Gómez, los documentos entregados esta semana al Legislativo describen una situación fiscal más delicada de la conocida hasta ahora. El ministro sostuvo que la actual trayectoria de endeudamiento no es sostenible y afirmó que, sin medidas, la deuda pública llegaría al 82 % al finalizar el Gobierno. La meta de la administración es estabilizarla cerca del 64 % del producto interno bruto, aunque el equipo económico reconoce que esa reducción no sería inmediata.
“O caminamos en la buena dirección o vamos al abismo”, dijo Gómez al defender la necesidad de actuar antes de que el Estado tenga dificultades para cumplir sus obligaciones. El ministro pidió respaldo del sector privado, del Congreso y del gabinete para una estrategia dividida en tres fases.
Nuevo presupuesto y recorte para 2026
La primera etapa consiste en “sincerar” las cuentas con un nuevo presupuesto para 2027 por 635 billones de pesos, 60 billones por encima de la propuesta presentada por el gobierno anterior. El proyecto contempla necesidades de deuda por 238 billones de pesos. Tras conocerse la nueva propuesta presupuestal, el dólar subió más de 50 pesos el viernes y superó los 3.200 pesos.
Gómez señaló que los mercados todavía dan un margen de espera a la administración de Abelardo de la Espriella y anunció reuniones con analistas para explicar el plan fiscal. La segunda fase estará centrada en el presupuesto de 2026: Hacienda propondrá al Consejo de Ministros un recorte de 21,9 billones de pesos y destinará 4 billones del presupuesto vigente a atender la emergencia en las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
La tercera fase será la ley de rescate económico. Con esa iniciativa, el Gobierno busca recortar cerca de 40 billones de pesos del gasto público y generar nuevos ingresos, en particular para financiar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el sismo.
La propuesta se articulará con el Plan Nacional de Desarrollo, que será presentado al Congreso en febrero e incluirá medidas para fusionar entidades estatales y reducir el tamaño del Estado. Gómez indicó que el Ejecutivo abrirá el debate sobre los gastos con protección constitucional y aquellos que podrían revisarse, además de una posible eliminación de exenciones tributarias. Insistió, sin embargo, en que la promesa oficial es no modificar el IVA de la canasta familiar.
El ministro explicó que parte del gasto está atado a disposiciones legales y rentas de destinación específica, por lo que considera necesaria una reforma para disminuir esas rigideces. El nuevo presupuesto, el ajuste de 2026, la ley de rescate y la reforma estatal serán las principales herramientas con las que Hacienda buscará demostrar que la deuda puede estabilizarse sin que el país entre en una crisis de pagos.
