Tijuana, BC.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California llamó a usar con responsabilidad las herramientas legales para denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, al advertir que una aplicación indebida puede debilitar una figura creada para proteger derechos y sancionar conductas discriminatorias. La consejera electoral Vera Juárez Figueroa sostuvo que ciudadanos, periodistas y cualquier persona pueden cuestionar a quienes ocupan cargos públicos, pero deben hacerlo con base en su desempeño y no en estereotipos de género.
La consejera subrayó que la rendición de cuentas es una exigencia válida en la vida pública, pero también fijó un límite claro: una crítica política no equivale a violencia política por razones de género. En su planteamiento, la diferencia está en el contenido del señalamiento. Cuestionar decisiones, resultados o desempeño forma parte del debate democrático; recurrir a alusiones sobre apariencia física, vida sentimental o rasgos personales de una mujer puede cruzar la línea hacia actos discriminatorios.
Capacitación y criterio institucional
Juárez Figueroa explicó que el IEEBC ha impartido capacitaciones a medios de comunicación, partidos políticos y ciudadanía para promover un lenguaje que permita ejercer la libertad de expresión sin reproducir estereotipos. Esa tarea, dijo, no sólo busca prevenir agresiones, sino también dar certidumbre sobre qué conductas pueden ser denunciadas y cuáles corresponden al debate político ordinario.
La consejera reconoció que puede haber personas que se sientan víctimas y presenten una denuncia, aun cuando después la autoridad determine que no existen elementos para acreditar la conducta. Ese punto, insistió, vuelve indispensable el uso responsable de la herramienta institucional, porque una denuncia infundada no sólo consume recursos, sino que también puede restar credibilidad a los casos que sí ameritan protección y sanción.
Doce casos en lo que va de 2026
En lo que va de 2026, el IEEBC ha recibido 12 denuncias por violencia política en razón de género. De ese universo, la mitad sigue en etapa de instrucción y tres ya fueron turnadas al Tribunal para su análisis, sin resolución hasta el momento. El dato ofrece una lectura relevante: el fenómeno sigue presente en la entidad, pero todavía no se traduce en un cierre uniforme de expedientes ni en criterios definitivos sobre todos los casos.
El instituto precisó además que no ha recibido denuncias vinculadas con la limitación del ejercicio de una precandidatura o candidatura, una ausencia que se explica porque el proceso electoral local comenzará el próximo 6 de diciembre. En términos prácticos, eso significa que la fase más sensible para eventuales controversias político-electorales aún no arranca y que el volumen de quejas podría cambiar conforme avance el calendario electoral.
El escenario rumbo al proceso local
Para ese escenario, el IEEBC mantiene activa una red de mujeres candidatas que ofrece capacitación, información sobre instancias de atención y herramientas para prevenir y denunciar posibles casos de violencia política en razón de género. La estrategia apunta a combinar prevención, acompañamiento y orientación institucional, en un momento en que la competencia electoral suele intensificar la exposición pública de las aspirantes y elevar el riesgo de agresiones verbalizadas o simbólicas.
El llamado del instituto llega en un contexto donde la frontera entre crítica política y violencia de género exige precisión jurídica y responsabilidad pública. Si esa distinción se difumina, se corre el riesgo de normalizar ataques misóginos o, en sentido contrario, de trivializar una figura legal pensada para corregir desigualdades estructurales. El reto para autoridades, partidos y medios consiste justamente en preservar ambas garantías: libertad de expresión y protección efectiva de los derechos políticos de las mujeres.
