Un estudio presentado en Madrid revela que la carga fiscal total sobre una vivienda en España, desde su compra hasta su venta, puede superar el 62 % del precio de adquisición. El economista Jaume Menéndez, autor del análisis, subraya que España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea por presión fiscal sobre el sector residencial, solo por detrás de Luxemburgo, Francia y Bélgica.
Propuestas para reducir distorsiones
Menéndez plantea medidas concretas: IVA al 0 % para promoción de alquiler asequible, tipo reducido del 4-5 % para primera compra de jóvenes y exención temporal para rehabilitación energética. También sugiere corregir el efecto cascada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales permitiendo al nuevo comprador deducir el tributo ya pagado por el vendedor anterior.
En la fase de tenencia, el estudio recomienda elevar el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio y modularlo según el territorio. Para Sucesiones y Donaciones propone una tarifa única progresiva entre 5 % y 15 %, eliminar los grupos de parentesco como criterio principal y suprimir los coeficientes por patrimonio preexistente.
Falta de oferta y acuerdo político
El presidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, Josep Ma Font, advirtió que la elevada fiscalidad agrava la escasez de oferta y encarece los precios, especialmente en grandes ciudades. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, coincidió en que el problema central es la falta de suelo finalista y la normativa urbanística, y reclamó un pacto político amplio que incluya mejoras en infraestructuras de transporte para ampliar la oferta disponible.
Los expertos coinciden en que gravar mejor, y no necesariamente menos, exige coherencia entre comunidades autónomas y eliminación de inseguridad jurídica para reactivar la construcción de vivienda libre y asequible.
