La iniciativa de la diputada María Teresa Méndez Vélez para dotar al Instituto Estatal Electoral de Baja California de un Programa de Resultados Electorales Preliminares propio plantea un cambio estructural en la gestión de los procesos comiciales locales. El texto propone que el organismo desarrolle y opere internamente el sistema en lugar de contratar proveedores externos en cada elección, con el fin de contener un gasto que pasó de 11.6 millones de pesos en 2015-2016 a casi 34 millones en 2022-2023.
Dependencia externa encarece el sistema electoral
El incremento cercano al 200 % documentado en la propuesta revela una dinámica de contratación repetitiva que no genera activos permanentes para el IEEBC. Cada ciclo electoral obliga a licitar el desarrollo, la implementación y la operación del PREP, lo que multiplica costos sin acumular conocimiento técnico dentro de la institución. Esta práctica convierte un componente esencial de la transparencia electoral en un servicio recurrente y cada vez más oneroso.
La posibilidad de contratar apoyo externo solo cuando exista justificación y aprobación por mayoría calificada introduce un filtro adicional que podría limitar decisiones apresuradas, pero también exige al Consejo General del IEEBC definir criterios claros sobre cuándo resulta indispensable recurrir a terceros.
Colaboración con la UABC como palanca de desarrollo
El exhorto simultáneo dirigido al rector de la Universidad Autónoma de Baja California busca retomar contactos previos que quedaron suspendidos por falta de respuesta institucional. Una alianza entre ambas entidades permitiría transferir capacidades técnicas hacia el instituto electoral y, al mismo tiempo, generar un sistema adaptado a las particularidades del estado. Sin embargo, experiencias similares en otras entidades muestran que los convenios académicos requieren plazos largos de maduración y una gobernanza compartida que evite diluir responsabilidades.
Transparencia versus capacidad técnica
Uno de los riesgos identificados es que la construcción interna del PREP priorice el ahorro presupuestal por encima de la robustez del sistema. Un fallo técnico durante la transmisión de resultados preliminares podría erosionar la confianza ciudadana con mayor rapidez que un contrato externo fallido, ya que la responsabilidad recaería directamente sobre el organismo electoral. Por otro lado, mantener la dependencia de proveedores privados perpetúa la opacidad sobre los algoritmos y protocolos de seguridad empleados.
Desde la perspectiva de los partidos políticos, un PREP propio reduce la percepción de influencia externa en el conteo, aunque también genera inquietud sobre posibles sesgos institucionales si el desarrollo no cuenta con auditorías independientes periódicas. Los ciudadanos, por su parte, esperan que la reducción de costos se traduzca en mayor inversión en otras áreas de fiscalización electoral, no solo en el ahorro presupuestal.
Plazos ajustados para el ciclo 2026-2027
El objetivo de contar con el sistema listo para el proceso ordinario 2026-2027 impone un calendario exigente. El desarrollo de software electoral requiere fases de diseño, pruebas de estrés, certificación y capacitación de personal que difícilmente se completan en menos de dieciocho meses si no existe ya una base tecnológica previa. La ausencia de respuesta institucional de la UABC en intentos anteriores añade incertidumbre sobre la viabilidad de cumplir ese horizonte.
El análisis de casos en otras entidades federativas indica que los institutos electorales que lograron sistemas propios invirtieron entre tres y cinco años en consolidarlos, con presupuestos iniciales superiores a los ahorros proyectados en el primer ciclo. Baja California enfrenta, por tanto, la disyuntiva entre acelerar el proyecto con recursos limitados o aceptar una transición gradual que mantenga contratos externos durante al menos un proceso más.
Riesgos de implementación y sostenibilidad
Entre los riesgos latentes destaca la posible insuficiencia de personal especializado dentro del IEEBC para mantener y actualizar el sistema una vez desarrollado. La rotación de funcionarios y la falta de esquemas de retención de talento técnico podrían convertir el ahorro inicial en un gasto mayor a mediano plazo si se requiere contratar consultores para correcciones continuas. Además, cualquier vulnerabilidad detectada en el software propio exponería al instituto a cuestionamientos sobre su capacidad de resguardo de datos electorales sensibles.
La iniciativa representa un intento legítimo por romper la inercia de la contratación externa, pero su éxito dependerá de que el Consejo General defina protocolos claros de desarrollo, auditoría y actualización que trasciendan una sola administración. De lo contrario, el proyecto podría quedar como un esfuerzo aislado sin impacto estructural en la eficiencia del gasto electoral estatal.
