El Infonavit estableció desde el 1 de agosto el uso obligatorio de la Firma Electrónica Avanzada en todos los procesos de contratación de obra, adquisiciones, arrendamientos y servicios. La medida sustituye la gestión ordinaria en papel y busca acelerar la formalización de contratos sin depender de la presencia física de las personas involucradas.
Un cambio operativo con efectos jurídicos
El nuevo esquema permite firmar documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que puede reducir los tiempos de respuesta y evitar interrupciones en los procedimientos administrativos. La validación digital también facilita el seguimiento de cada operación y disminuye el uso de papel, aunque su eficacia dependerá de que proveedores y áreas internas adopten correctamente el sistema.
El Instituto sostiene que la digitalización aporta mayor certeza jurídica y transparencia, porque los contratos pueden validarse mediante procesos electrónicos y publicarse con mayor rapidez en su sitio web. En ese sentido, la firma no solo representa una herramienta administrativa: también fortalece la trazabilidad de las decisiones y facilita el acceso público a la información contractual.
La implementación obligatoria llega después de un programa piloto aprobado por el Consejo de Administración en diciembre de 2025. Durante esa etapa, la firma electrónica coexistió con la autógrafa, lo que permitió una transición gradual antes de convertirla en requisito general.
El Infonavit habilitó un video con las instrucciones para utilizar la Firma Electrónica Avanzada en los contratos. La adopción definitiva marca un paso más en la modernización de sus procesos, con beneficios potenciales en rapidez y control, pero también con la necesidad de mantener mecanismos confiables de validación y soporte para los participantes.
