El ingreso per cápita de México prácticamente no cambió entre 2018 y el primer semestre de 2026. Medido en pesos constantes de 2018, pasó de 197,255.91 pesos anuales a 197,367.91: apenas 112 pesos más en casi ocho años, un aumento real de 0.06 por ciento. La cifra equivale a 16,447.33 pesos mensuales y 539.26 diarios bajo el supuesto de que todo el ingreso generado en la economía se repartiera por igual entre los habitantes.
Ese supuesto es importante porque el ingreso per cápita no representa el salario que recibe una persona ni el dinero disponible en cada hogar. Es un promedio macroeconómico construido a partir del ingreso total generado por la producción de bienes y servicios. Puede aumentar aunque la mayoría de los trabajadores no mejore sus percepciones, si el crecimiento se concentra en empresas, regiones o grupos con mayores ingresos. También puede permanecer casi sin cambios aun cuando algunos sectores específicos tengan avances relevantes.
Una economía que no ha ampliado su capacidad de bienestar
La comparación entre 2018 y 2026 muestra un problema doble: el nivel de ingreso sigue siendo insuficiente para las necesidades cotidianas y, además, la economía no ha conseguido elevarlo de manera significativa. El promedio mensual de 2018, equivalente a 16,437.99 pesos, ya implicaba una capacidad limitada para cubrir vivienda, alimentación, transporte, salud, educación y servicios. Ocho años después, la diferencia de 9.34 pesos mensuales carece de relevancia práctica.
La inflación no explica por sí sola este resultado, porque las cifras están expresadas en pesos constantes. El cálculo intenta eliminar el efecto del aumento general de los precios y medir cuánto creció realmente la capacidad económica. Por ello, la comparación apunta a una debilidad más profunda: México produce, en términos reales, casi el mismo ingreso por habitante que antes de la transformación política iniciada en 2018.
El dato también obliga a separar dos debates que suelen mezclarse. Una cosa es la redistribución mediante transferencias públicas y otra la generación de ingresos por el trabajo. Las pensiones, becas y otros apoyos pueden aliviar carencias inmediatas, pero no sustituyen una economía capaz de crear empleos mejor pagados y oportunidades productivas. Cuando el bienestar depende cada vez más de transferencias, el Estado reduce temporalmente la presión sobre los hogares, pero no necesariamente modifica las causas que mantienen bajos los salarios.
El mercado laboral confirma el deterioro del promedio
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi muestran que el estancamiento no es una abstracción estadística. En junio de 2025, 44.7 por ciento de la población ocupada generó ingresos de hasta un salario mínimo. Un año después, la proporción subió a 45.6 por ciento. El incremento de 0.9 puntos porcentuales significa que una mayor parte de quienes trabajan se concentra en el segmento inferior de la distribución.
El desplazamiento es todavía más visible en el rango de más de uno y hasta dos salarios mínimos. En junio de 2025 reunía a 24.9 por ciento de los ocupados; en junio de 2026 alcanzó 31.9 por ciento. Sumados ambos grupos, los trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos pasaron de 69.6 a 77.5 por ciento. En otras palabras, aproximadamente ocho de cada diez ocupados se encuentran dentro de los niveles salariales más bajos considerados por la medición.
Este movimiento puede tener varias explicaciones y no todas son idénticas. El aumento del salario mínimo puede haber elevado los ingresos nominales de trabajadores que antes estaban en categorías inferiores; también puede haber una reclasificación estadística derivada de cambios en la estructura ocupacional. Sin embargo, el resultado agregado sigue siendo preocupante: la economía no está generando suficientes puestos con remuneraciones superiores a dos salarios mínimos. Si más trabajadores permanecen concentrados en los rangos bajos, el avance de los ingresos medios difícilmente será sostenido.
Cuando trabajar no basta para comprar lo básico
El reporte de pobreza laboral del primer trimestre añade una dimensión decisiva. Entre enero y marzo, 30.7 por ciento de la población ocupada se encontraba en pobreza laboral, es decir, no generaba ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. Se trata de una situación particularmente reveladora: tener un empleo ya no garantiza superar el umbral mínimo de bienestar.
La diferencia entre pobreza laboral y desempleo es crucial. Una persona puede estar ocupada, cumplir una jornada completa y aun así recibir un ingreso insuficiente para alimentar a su familia. El fenómeno afecta de manera distinta a un trabajador sin dependientes y a otro que sostiene un hogar numeroso, por lo que el promedio nacional puede ocultar presiones mucho mayores en familias con niñas, niños, adultos mayores o personas enfermas.
También existe una dimensión territorial. El mismo salario tiene consecuencias distintas en Ciudad de México, Monterrey o los destinos turísticos, donde el costo de la vivienda puede absorber una proporción elevada del ingreso, que en localidades rurales o regiones con menores precios, pero con menos empleos formales y menor acceso a servicios. La cifra nacional, por tanto, debe leerse como una señal general, no como una experiencia uniforme para todos los hogares.
Productividad, inversión y demanda: el nudo pendiente
Para que aumenten los ingresos laborales se necesitan al menos dos condiciones. La primera es una mayor productividad: que cada hora de trabajo genere más bienes o servicios de mayor valor. La segunda es que la demanda de trabajadores por parte de las empresas crezca más rápido que la oferta laboral. Cuando abundan los candidatos para pocos puestos de calidad, el poder de negociación se mantiene limitado, incluso si existe empleo.
La productividad no mejora únicamente con más horas trabajadas. Requiere inversión en maquinaria, tecnología, infraestructura, capacitación, logística y organización empresarial. Una pequeña fábrica que incorpora mejores equipos puede producir más con el mismo personal y vender a mercados más amplios; si además enfrenta competencia por trabajadores capacitados, tendrá incentivos para elevar salarios. Sin esa combinación, los aumentos salariales pueden trasladarse a precios, reducir márgenes o desalentar la contratación formal.
México posee ventajas para atraer inversión vinculada con la relocalización de cadenas productivas, pero aprovecharlas exige condiciones que van más allá de la cercanía con Estados Unidos. La disponibilidad confiable de electricidad, agua, transporte, seguridad, certeza jurídica y personal técnico determinará si las nuevas plantas crean empleos de alto valor o si se limitan a operaciones de ensamblaje con salarios contenidos. El nearshoring puede elevar el ingreso nacional, pero no garantiza automáticamente una distribución más amplia de sus beneficios.
La baja demanda de trabajo de calidad también se relaciona con la informalidad. Un negocio pequeño que opera sin acceso a crédito, capacitación o tecnología suele competir reduciendo costos laborales y evitando prestaciones. Para el trabajador, la informalidad puede ofrecer un ingreso inmediato, pero deja fuera seguridad social, ahorro para el retiro y protección frente a enfermedades o accidentes. Para la economía, significa menor productividad, menor recaudación y una base empresarial menos capaz de crecer.
El costo social de prolongar el estancamiento
Si la tendencia continúa, el problema no se limitará al poder de compra de los hogares. Los bajos ingresos reducen la capacidad de ahorrar, comprar una vivienda, financiar estudios o enfrentar una emergencia. Una familia que destina casi todo lo que gana a alimentación, renta y transporte no puede invertir en educación o salud preventiva. Esa restricción se transmite a la siguiente generación y vuelve más difícil romper el ciclo de precariedad.
El estancamiento también puede debilitar la demanda interna. Cuando la mayor parte de los trabajadores recibe ingresos bajos, el consumo se concentra en bienes indispensables y se posterga la compra de productos duraderos, servicios educativos, mantenimiento de vivienda o actividades culturales. Las empresas enfrentan entonces un mercado interno con menor capacidad de expansión, lo que reduce sus incentivos para invertir y contratar. Se forma un círculo: bajos salarios limitan el consumo, el consumo débil frena la inversión y la inversión insuficiente mantiene baja la productividad.
El dato de ingreso per cápita tampoco debe utilizarse para negar los avances que algunos grupos hayan obtenido. Los incrementos del salario mínimo, la reducción de ciertas brechas y las transferencias públicas pueden haber mejorado la situación de hogares concretos. Pero esos avances no sustituyen el crecimiento real por habitante. Una política social puede amortiguar el golpe de la pobreza; una economía productiva debe crear las condiciones para que menos personas necesiten ese auxilio.
La cifra que definirá el siguiente capítulo
Los datos del segundo trimestre de pobreza laboral, que el Inegi tiene previsto publicar el 26 de agosto, permitirán saber si el deterioro observado al inicio del año se profundizó o comenzó a revertirse. Será especialmente relevante comprobar si el aumento de los trabajadores ubicados hasta dos salarios mínimos responde a una mejora real en los ingresos o a una concentración cada vez mayor en empleos de baja remuneración.
El desafío para México consiste en transformar el crecimiento agregado en oportunidades laborales con mayor valor y mejores ingresos. Eso implica evaluar no sólo cuántos empleos se crean, sino cuánto pagan, qué productividad tienen, qué prestaciones ofrecen y qué posibilidades de capacitación y ascenso permiten. Mientras el ingreso por habitante permanezca prácticamente inmóvil y tres de cada diez trabajadores no puedan comprar la canasta básica con lo que ganan, el debate económico seguirá girando alrededor de la misma pregunta: cómo lograr que trabajar sea una vía efectiva para vivir mejor.
