La carpeta FED/FEMDO/FEIDMHDARVTAMP/0000715/2025 revela un esquema que habría permitido el ingreso irregular de más de 144 millones de litros de hidrocarburos por la Aduana de Matamoros entre junio y julio de 2025. Los documentos aduaneros declaraban la mercancía como solución de cloruro de calcio, una maniobra que eludía tanto el pago de impuestos como los controles específicos para combustibles. Tres oficiales del Ejército, dos de ellos tenientes coroneles que ocuparon la titularidad de la aduana de forma consecutiva, enfrentan órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando calificado.
El caso no surge de manera aislada. Desde 2019, la Agencia Nacional de Aduanas de México ha estado bajo control militar, primero con personal de la Marina y después con efectivos del Ejército. Esa transición respondió a la necesidad de reducir la corrupción histórica en los puertos de entrada, pero también colocó a mandos castrenses en posiciones que exigen conocimiento técnico de comercio exterior y fiscalización de mercancías especializadas.
De la vigilancia marítima al control terrestre
Antes de este expediente, otra investigación federal ya había alcanzado a oficiales de la Marina por operaciones de huachicol fiscal en rutas marítimas y aduanas del Pacífico. Aquel caso, con 14 detenidos reportados en septiembre de 2025, demostró que las estructuras criminales podían infiltrar procesos de importación mediante pedimentos falsos. La investigación actual traslada el foco a la frontera norte y a personal del Ejército que, según la carpeta, habría facilitado el paso de volúmenes equivalentes a varios días de consumo nacional de diésel.
La participación de Servicios Aduanales JR S.A.S. de C.V. como gestor de los trámites y de las empresas Jumandi Group y Ferroservicios como importadoras supuestas ilustra la necesidad de una red que abarca agentes aduanales, empresarios y funcionarios públicos. El juez Mario Elizondo Martínez emitió órdenes contra 13 personas; seis permanecen en penales federales y una goza de prisión domiciliaria, mientras los tres militares siguen prófugos.
Consecuencias para la cadena de custodia aduanera
Cuando mandos militares asumen funciones de supervisión aduanera, se genera una tensión entre la lógica operativa castrense y los requerimientos técnicos de clasificación arancelaria. El expediente señala que el teniente de Policía Militar Jorge García García fungía como subdirector de Operación Aduanera, cargo que implica revisión directa de pedimentos. Si la acusación prospera, quedaría demostrado que la supervisión militar no elimina por sí sola los riesgos de colusión cuando los controles documentales carecen de cruces automatizados con sistemas de verificación física.
El volumen involucrado, superior a 144 millones de litros, equivale a varias semanas de importaciones regulares de combustible por esa aduana. Esa magnitud sugiere que el esquema operó durante meses sin detección por parte de los mecanismos de alerta temprana que la Agencia Nacional de Aduanas afirma tener implementados. La brecha entre la declaración y la carga real evidencia fallas en los protocolos de inspección no intrusiva y en la coordinación con laboratorios de verificación.
Riesgos institucionales y efectos en la frontera
La designación de Armando Barrera Trujillo por el general André Georges Foullon Van Lissum, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas, coloca bajo examen los criterios de selección de personal militar para cargos civiles. Barrera había dirigido inteligencia regional antes de asumir la aduana; su trayectoria operativa no necesariamente lo capacitaba para detectar discrepancias entre documentos y mercancía en un recinto de alta complejidad técnica.
El impacto inmediato recae sobre la credibilidad de las aduanas fronterizas. Importadores legítimos enfrentan ahora mayor escrutinio y posibles demoras mientras se revisan los procedimientos. A mediano plazo, el caso podría acelerar la adopción de sistemas de trazabilidad digital que registren el contenido real de cada contenedor mediante sensores y análisis espectral, reduciendo la dependencia de la declaración verbal del agente aduanal.
En el plano social, el huachicol fiscal distorsiona el mercado interno de combustibles al introducir producto sin pago de impuestos ni cumplimiento de normas de calidad. Las estaciones de servicio que adquieren combustible irregular obtienen ventaja competitiva frente a quienes operan dentro del marco fiscal, lo que presiona márgenes y puede derivar en prácticas de dumping local. En comunidades fronterizas como Matamoros y Reynosa, donde el empleo informal vinculado al cruce de mercancías es significativo, cualquier endurecimiento de controles genera incertidumbre económica inmediata.
Perspectivas de reforma y supervisión civil
La repetición de casos que involucran tanto a la Marina como al Ejército sugiere que la militarización de las aduanas requiere acompañamiento de auditorías externas permanentes y sistemas de inteligencia financiera que detecten flujos anómalos antes de que alcancen volúmenes masivos. El expediente actual, al identificar a un presunto líder civil (Armando III Riestra Fernández, ya recluido en el Altiplano), muestra que las redes operan con estructuras híbridas donde el elemento militar es un facilitador más que el origen del esquema.
Si las órdenes de aprehensión se ejecutan y el proceso avanza hacia sentencia, el precedente podría modificar la doctrina de empleo de fuerzas armadas en funciones aduaneras. En lugar de ocupar cargos de dirección, el personal militar podría limitarse a tareas de resguardo físico mientras los procesos de fiscalización permanecen bajo supervisión civil especializada. Esa separación de funciones reduciría los riesgos de captura institucional que ahora se observan en dos ramas de las fuerzas armadas.
El caso de Matamoros también plantea interrogantes sobre la capacidad de las aduanas mexicanas para gestionar volúmenes crecientes de comercio bajo el T-MEC sin sacrificar controles. La presión por agilizar cruces fronterizos puede chocar con la necesidad de inspecciones exhaustivas cuando las mercancías declaradas no coinciden con la carga real. Resolver esa tensión exige inversión en tecnología y en personal civil capacitado, más que en la simple rotación de mandos militares.
