El 28 de julio de 2026 marcará un punto de inflexión en la historia política del Perú. Keiko Fujimori juramentó como presidenta constitucional ante el Congreso de la República e inauguró el periodo 2026-2031. Su llegada al cargo, tras tres derrotas electorales consecutivas en 2006, 2011 y 2016, cierra un ciclo de casi dos décadas de intentos fallidos y abre otro de expectativas, tensiones y promesas de transformación. El primer Mensaje a la Nación no fue un simple inventario de buenas intenciones: delineó una agenda articulada en seguridad, reducción de brechas sociales, incremento del sueldo mínimo, reforma del Estado y reafirmación del Estado de derecho. Comprender el peso de ese discurso exige reconstruir el camino que la llevó hasta allí y proyectar las consecuencias que sus decisiones podrían generar en la economía, la institucionalidad y la vida cotidiana de millones de peruanos.
La trayectoria de Fuerza Popular y de su lideresa está indisolublemente ligada a la memoria del fujimorismo. El gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa dejó un legado contradictorio: pacificación frente al terrorismo y estabilización macroeconómica, pero también autoritarismo, corrupción sistémica y erosión de los contrapesos democráticos. Esa ambivalencia ha condicionado cada campaña de Keiko Fujimori. En 2011 y 2016 quedó a escasos puntos de la victoria; en ambos casos, el rechazo a la figura paterna y el temor a una restauración autoritaria pesaron más que las promesas de orden y crecimiento. El triunfo de 2026, por tanto, no puede leerse solo como un éxito personal. Refleja el agotamiento de una ciudadanía golpeada por la inseguridad, la precariedad laboral y la percepción de un Estado incapaz de proteger ni de redistribuir. Los datos que la propia mandataria citó en su discurso —más de 24.000 millones de soles perdidos por corrupción e ineficiencia en 2023, equivalentes al 13% del presupuesto ejecutado, y un 24% de empresas víctimas de delito en 2024— dibujan el escenario de desgaste que facilitó su llegada al poder.
La prioridad absoluta otorgada a la seguridad ciudadana responde a una demanda acumulada. En regiones como La Libertad, Lambayeque o el Callao, el crimen organizado ha desplazado de facto al Estado en el control de territorios, extorsiones y rutas de tráfico. La promesa de desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia, coordinadas con la Policía Nacional, y de instalar sistemas de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial y centros de comando de respuesta rápida, busca recuperar la capacidad disuasiva del Estado. La reforma penitenciaria anunciada —para que las cárceles dejen de funcionar como centros de coordinación criminal— apunta a un problema estructural documentado desde hace años: el control de penales por bandas que operan desde adentro. Si estas medidas se ejecutan con controles democráticos y sin deriva hacia la militarización permanente de la seguridad interna, podrían reducir la percepción de impunidad. El riesgo, sin embargo, es histórico: el uso prolongado de estados de emergencia ha generado en el pasado abusos, opacidad y debilitamiento de la policía civil. El equilibrio entre eficacia y derechos será una de las pruebas más delicadas del nuevo gobierno.
Herencias económicas y el apuesta por el salario mínimo
El anuncio de elevar la remuneración mínima vital de 1.025 a 1.300 soles, acompañado de un bono compensatorio único para las micro y pequeñas empresas, toca un nervio sensible de la economía peruana. El tejido productivo está dominado por MYPE que operan con márgenes estrechos y altos niveles de informalidad. Un aumento salarial sin contrapartidas de productividad o formalización puede empujar a más unidades hacia la clandestinidad o acelerar la sustitución de empleo formal por contratos precarios. El gobierno intenta mitigar ese efecto reactivando PROMYPE, ampliando el acceso al crédito vía COFIDE, fortaleciendo las compras estatales a través de MYPerú e impulsando el factoring. La lógica es clara: si se reduce el costo de financiamiento y se garantiza demanda pública, las empresas podrán absorber el mayor costo laboral. La experiencia de aumentos anteriores muestra resultados mixtos. Cuando el incremento se produce en un contexto de crecimiento y formalización activa, el impacto sobre el empleo es moderado; cuando coincide con desaceleración o shock externo, la informalidad se profundiza. El éxito de esta medida dependerá, por tanto, de la velocidad con que se desplieguen los instrumentos de apoyo y de la capacidad del Ministerio de Trabajo para fiscalizar sin asfixiar a quienes intentan formalizarse.
Paralelamente, la promesa de estabilidad jurídica y reducción de trabas administrativas busca recuperar la confianza de la inversión nacional y extranjera. El Perú ha vivido ciclos de auge minero y de infraestructura seguidos de parálisis por conflictos sociales, judicialización de proyectos y cambios regulatorios impredecibles. Ofrecer reglas claras es necesario, pero insuficiente si no se resuelven los cuellos de botella en permisos ambientales, consultas previas y resolución de disputas. La creación de una Autoridad Nacional Digital y la entrega de una Identidad Digital a cada ciudadano apuntan a modernizar la relación del ciudadano con el Estado, reducir trámites y cortar espacios de corrupción petty. La transformación del sistema de compras públicas —que concentra el 24% del gasto nacional— y la reforma del servicio civil orientada al mérito podrían, si se sostienen en el tiempo, modificar la cultura burocrática. Casos como la digitalización de trámites en Estonia o la reforma del servicio civil en Chile demuestran que los cambios institucionales requieren continuidad más allá de un mandato y una coalición política dispuesta a enfrentar resistencias internas.
Brechas sociales y la promesa de la primera infancia
El segundo eje del mensaje presidencial se concentra en la reducción de brechas desde la primera infancia hasta la vejez. Comprometerse a reducir a la mitad la desnutrición crónica —que afecta al 12% de los menores de cinco años— y la anemia —que alcanza al 35% de los niños de 6 a 35 meses— implica intervenir en determinantes que van mucho más allá de la entrega de alimentos. Agua segura, saneamiento, educación nutricional de las madres y acceso oportuno a controles de salud son condiciones sin las cuales los programas de suplementación fracasan. El relanzamiento del PRONAA para garantizar alimentación en colegios públicos puede mejorar la asistencia y el rendimiento escolar, pero solo si se articula con gobiernos locales y con un sistema de compras que evite los desfalcos del pasado. La promesa de reducir la pobreza infantil del 22% a la mitad y de expandir programas como Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y Beca 18 para bajar el desempleo juvenil del 10% a la mitad responde a una generación que ha crecido entre crisis políticas y un mercado laboral dual. Sin embargo, la evidencia de programas de empleo juvenil en América Latina indica que los resultados se diluyen cuando no hay demanda real del sector privado ni articulación con la educación técnica de calidad.
Para los adultos mayores, la duplicación de la Pensión 65 de 350 a 700 soles bimestrales y la introducción progresiva de una pensión universal para quienes viven en pobreza extrema representan un alivio tangible en un país con baja cobertura de sistemas contributivos. El costo fiscal de estas medidas no es menor. Financiarlas sin deteriorar la sostenibilidad de las cuentas públicas exigirá combinar mayor eficiencia del gasto, reducción de fugas por corrupción y, eventualmente, una discusión sobre la estructura tributaria que el mensaje presidencial apenas esbozó. Si el aumento de transferencias se financia con más deuda o con recortes en inversión pública, el efecto redistributivo de corto plazo podría traducirse en menor crecimiento y menos empleo formal en el mediano plazo.
Institucionalidad, justicia y proyección regional
El quinto eje del discurso reafirmó el compromiso con la independencia de poderes, la libertad de expresión y de prensa, y el fortalecimiento del sistema de justicia. El anuncio de un diálogo con las entidades judiciales para mejorar el acceso a la justicia e introducir mecanismos meritocráticos suena razonable, pero choca con la desconfianza acumulada entre el fujimorismo y sectores del Poder Judicial y el Ministerio Público. La historia reciente del Perú muestra que los intentos de “reforma” judicial han oscilado entre la captura política y la parálisis por resistencia corporativa. Cualquier avance genuino exigirá transparencia en los procesos de selección, protección de la carrera fiscal y judicial frente a presiones partidarias, y resultados visibles en la reducción de la impunidad de delitos de corrupción y crimen organizado.
En política exterior, el impulso a la Alianza del Pacífico y a la Comunidad Andina como marcos de integración para ganar competitividad global recupera una línea tradicional de la diplomacia económica peruana. En un contexto de rivalidad geopolítica y reconfiguración de cadenas de suministro, profundizar la integración con Chile, Colombia, México y los socios andinos puede facilitar acceso a mercados y atraer inversión en sectores de mayor valor agregado. El desafío radica en traducir los acuerdos en facilitación real de comercio, armonización regulatoria y proyectos de infraestructura compartida, áreas donde la retórica integracionista ha superado con frecuencia a la ejecución concreta.
Las repercusiones de este primer mensaje se extenderán más allá del ciclo político inmediato. Si la agenda de seguridad logra bajar los indicadores de extorsión y homicidios sin erosionar derechos, el gobierno consolidará un capital de legitimidad que le permitirá avanzar en reformas más costosas. Si el aumento del sueldo mínimo se acompaña de formalización efectiva y no de más informalidad, se fortalecerá la base de contribuyentes y la cohesión social. Si la reforma del Estado avanza hacia una burocracia meritocrática y digital, se reducirán los espacios de captura que han alimentado la desconfianza ciudadana. Por el contrario, un fracaso en cualquiera de estos frentes —especialmente en seguridad o en el manejo de las expectativas salariales— podría reactivar la polarización y devolver al país al ciclo de inestabilidad que ha marcado la última década. El Perú no enfrenta solo un cambio de gobierno: enfrenta la prueba de si una lideresa marcada por la herencia del fujimorismo puede gobernar con las reglas de una democracia que ella misma se compromete a fortalecer.
