Las declaraciones atribuidas al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, sobre la conveniencia de matar cada noche a 30 o 40 palestinos plantean un problema que rebasa la controversia política ordinaria. Si fueron pronunciadas en los términos difundidos, constituyen una expresión explícita de deshumanización y una posible incitación a cometer homicidios contra una población civil. La gravedad no depende únicamente de que esas palabras se traduzcan en una orden operativa: en un conflicto armado, la retórica de un alto funcionario puede influir en las reglas informales de actuación, en la conducta de las fuerzas desplegadas y en la tolerancia social frente a abusos.
La primera cautela periodística consiste en verificar el registro exacto de la declaración, su contexto, la traducción y la respuesta institucional posterior. Una frase difundida mediante fragmentos audiovisuales o redes sociales puede ser incompleta, aunque ello no elimina la necesidad de investigar su contenido. La atribución pública, la existencia de testimonios independientes y las reacciones oficiales serán determinantes para establecer responsabilidades. También debe distinguirse entre una opinión personal, una directriz política y una orden militar. Esa diferencia jurídica es esencial, porque el derecho internacional no juzga del mismo modo una provocación aislada que una política coordinada de ataques contra civiles.
El lenguaje que modifica los límites
La expresión “no son personas”, atribuida al ministro, tiene una consecuencia concreta: elimina simbólicamente las restricciones morales que protegen a quienes no participan en las hostilidades. La deshumanización suele preceder a la normalización de la violencia indiscriminada. Cuando una comunidad es presentada como intrínsecamente culpable o como un conjunto de seres sin derechos, se vuelve más difícil separar a combatientes de civiles, investigar cada ataque y admitir la existencia de víctimas inocentes. En Gaza, donde la densidad urbana, el desplazamiento forzado y la destrucción de infraestructura dificultan esa distinción, las palabras pueden agravar un entorno ya propenso a errores, represalias y abusos.
El riesgo inmediato es operativo. Una cuota informal de muertos, aun cuando no se comunique como una orden escrita, puede crear incentivos perversos para intensificar bombardeos, aceptar información de inteligencia insuficiente o considerar prescindible la vida de personas que no representan una amenaza directa. La presión por demostrar resultados también puede afectar los procedimientos de identificación de objetivos y la evaluación de daños civiles. En ese escenario, los ataques dejan de medirse exclusivamente por su necesidad militar y pasan a estar condicionados por una lógica de castigo colectivo.
Hay además un riesgo jurídico acumulativo. El principio de distinción obliga a diferenciar entre población civil y combatientes; el principio de proporcionalidad prohíbe ataques cuyos daños previsibles a civiles sean excesivos respecto de la ventaja militar concreta; y las medidas de precaución exigen hacer todo lo factible para reducir el daño a la población. Una retórica que reclama muertes diarias por pertenencia colectiva puede servir como indicio de una política de persecución, especialmente si coincide con patrones verificables de ataques, bloqueos, expulsiones o privación deliberada de bienes indispensables. La calificación de genocidio requiere demostrar una intención específica y otros elementos establecidos por la Convención de 1948, por lo que no debe emplearse como consigna automática. Sin embargo, la gravedad del umbral probatorio no justifica esperar a que la destrucción sea irreversible.
Una crisis política con efectos regionales
La ausencia de una condena firme por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu tendría un efecto político relevante. El silencio no prueba por sí solo la adopción de una política criminal, pero puede interpretarse como tolerancia, sobre todo cuando el funcionario continúa en su cargo y sus declaraciones no producen una investigación transparente. La rendición de cuentas dentro del gabinete, el Parlamento, la fiscalía y la estructura militar será observada como una medida de la capacidad del Estado israelí para contener a sus propios dirigentes.
Una respuesta institucional clara podría limitar parte del daño. La apertura de una investigación independiente, la desautorización inequívoca de cualquier ataque contra civiles y la publicación de protocolos de protección contribuirían a preservar la credibilidad de las autoridades. También permitirían separar la seguridad de Israel de una política de venganza. En términos estratégicos, esa distinción es importante: la protección de la población israelí y la persecución de grupos armados pueden defenderse bajo criterios legales, mientras que el castigo colectivo alimenta el reclutamiento de organizaciones extremistas y hace más difícil cualquier negociación.
En el plano regional, las declaraciones pueden fortalecer a quienes sostienen que no existe una vía política dentro del actual marco de poder. Los gobiernos árabes enfrentan una presión creciente de sus sociedades para endurecer su postura diplomática, limitar la cooperación y revisar acuerdos de seguridad o comercio. Al mismo tiempo, grupos armados pueden utilizar las palabras del ministro como material de propaganda para justificar nuevos ataques contra Israel, rehenes o comunidades judías en otros países. Esa posible reacción no convierte en legítima ninguna represalia, pero muestra cómo una declaración de un dirigente puede multiplicar los riesgos más allá del territorio donde fue pronunciada.
La memoria histórica no sustituye al derecho
La disputa entre israelíes y palestinos contiene memorias históricas incompatibles: el pueblo judío invoca una relación milenaria con esa tierra, la persecución sufrida durante siglos y el exterminio nazi; los palestinos subrayan su continuidad social, familiar y territorial, así como la expulsión y el despojo que acompañaron la creación del Estado de Israel y las guerras posteriores. Ambas memorias tienen consecuencias políticas reales, pero ninguna puede convertir a los civiles actuales en responsables hereditarios de crímenes cometidos por gobiernos, ejércitos o grupos armados.
Reducir el conflicto a una oposición entre “recién llegados” y “pobladores ancestrales” también resulta insuficiente. La historia de la región incluye migraciones, comunidades superpuestas, cambios de soberanía, administración imperial, nacionalismos y desplazamientos sucesivos. Las simplificaciones pueden servir para movilizar partidarios, pero impiden diseñar soluciones viables. El derecho a la seguridad de la población israelí y los derechos nacionales, civiles y políticos de los palestinos no son objetivos mutuamente excluyentes. Presentarlos como incompatibles favorece a quienes pretenden que la única alternativa es la dominación permanente o la eliminación del adversario.
La referencia a una “solución nazi”, empleada como denuncia política, también exige responsabilidad. Comparar cualquier crimen con el Holocausto puede iluminar la gravedad de la deshumanización, pero una analogía histórica no reemplaza la investigación de los hechos ni debe utilizarse para cerrar el debate. La precisión protege a las víctimas: permite documentar asesinatos, desplazamientos y hambre sin convertir el sufrimiento de un pueblo en un recurso retórico. También ayuda a combatir el antisemitismo, la islamofobia y el racismo antipalestino, que suelen crecer cuando las sociedades interpretan el conflicto como una guerra entre identidades irreconciliables.
Los costos humanitarios y económicos
La prolongación de una ofensiva sin límites claros puede ampliar el colapso de hospitales, escuelas, redes de agua y mercados locales. La mortalidad no se limita a las personas alcanzadas por un proyectil: la falta de medicamentos, las enfermedades transmisibles, la desnutrición y el desplazamiento producen efectos acumulativos, especialmente entre niños, ancianos y personas con discapacidad. Las organizaciones humanitarias afrontan además restricciones de acceso, problemas de seguridad y dificultades para verificar cifras. Esa opacidad favorece versiones propagandísticas de todos los bandos y complica la asignación de ayuda.
El impacto económico también puede prolongarse durante décadas. La destrucción de viviendas y servicios básicos obliga a depender de asistencia externa, reduce la capacidad productiva y aumenta la emigración. Para Israel, una guerra extendida implica mayores gastos militares, deterioro de la inversión, tensiones con aliados y pérdida de capital diplomático. Las sanciones selectivas, la suspensión de cooperación o los litigios internacionales podrían afectar a sectores concretos, aunque su eficacia dependerá de la coordinación entre gobiernos y de la disposición de las empresas a asumir costos políticos.
Existe, no obstante, una posible consecuencia constructiva: la presión internacional puede impulsar mecanismos de supervisión más sólidos. La documentación forense, el acceso de periodistas y organismos humanitarios, la protección de denunciantes y el análisis independiente de imágenes satelitales pueden preservar pruebas y reducir la impunidad. Las investigaciones no deberían centrarse únicamente en Israel. Los ataques deliberados contra civiles israelíes, la toma de rehenes y el uso de zonas habitadas para fines militares también deben ser investigados, porque la protección de la población civil pierde legitimidad cuando se aplica de manera selectiva.
Escenarios abiertos y señales que deben vigilarse
El desarrollo de la crisis dependerá de varios factores: si el gobierno desautoriza públicamente al ministro; si los mandos militares mantienen criterios verificables de selección de objetivos; si se permite la entrada sostenida de ayuda; y si los aliados de Israel vinculan su apoyo a condiciones de respeto al derecho internacional. También será decisiva la capacidad de los tribunales nacionales e internacionales para avanzar sin quedar atrapados por presiones políticas. La incertidumbre sobre las cifras de víctimas y sobre la cadena de mando no debe emplearse para paralizar la acción preventiva.
El escenario menos dañino requiere un alto el fuego verificable, liberación de rehenes y prisioneros mediante acuerdos, acceso humanitario amplio y una investigación independiente de las presuntas violaciones cometidas por todas las partes. A más largo plazo, cualquier arreglo sostenible tendrá que abordar la seguridad, la representación política palestina, el bloqueo de Gaza, los asentamientos, los desplazamientos y la responsabilidad por los crímenes. Sin garantías concretas para ambas poblaciones, las pausas militares solo aplazarán la siguiente ronda de violencia.
La principal señal de alarma será la transformación de una frase extrema en una práctica repetida: más ataques contra áreas civiles, menores exigencias de prueba, expulsiones masivas o funcionarios recompensados por llamar a la eliminación de un grupo. La principal señal de contención será la reacción institucional: rechazo explícito de la deshumanización, protección efectiva de los no combatientes y consecuencias para quien incite a matar. En este punto, la comunidad internacional enfrenta una prueba precisa. Condenar las palabras sin modificar el apoyo material, la supervisión y los mecanismos de justicia tendrá un efecto limitado. La prevención de atrocidades depende de actuar antes de que la amenaza anunciada se convierta en una estadística cotidiana.
