La Diputación de Córdoba ha movilizado 46.047.867 euros durante el primer semestre de 2026 para sostener el Servicio de Ayuda a Domicilio en los municipios de la provincia. La cifra, presentada por la delegada de Derechos Sociales y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera, no representa únicamente una transferencia presupuestaria: refleja la dimensión que ha adquirido la atención a la dependencia en un territorio donde la permanencia en el hogar sigue siendo la opción preferida por muchas familias y, en numerosos casos, la única alternativa viable frente a la institucionalización.
Entre enero y junio, el sistema prestó 2.759.568 horas de asistencia y atendió a 11.600 personas dependientes. En paralelo, unas 5.200 auxiliares trabajaron en el servicio, alrededor del 90% de ellas mujeres. El balance permite observar una doble función de esta política pública. Por un lado, garantiza cuidados básicos como la higiene, la alimentación, la movilidad o el acompañamiento. Por otro, sostiene una actividad laboral extendida por los municipios y especialmente relevante para el empleo femenino.
De la prestación social a la infraestructura cotidiana
La ayuda a domicilio se inscribe en el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en España en 2006. Aquella norma modificó la consideración de los cuidados: dejaron de depender exclusivamente de la capacidad económica de cada familia o de la disponibilidad de una mujer cuidadora y pasaron a formar parte de un sistema público de derechos, aunque su aplicación continúa condicionada por la financiación, la valoración administrativa y la capacidad de gestión de cada territorio.
En Córdoba, la Diputación y el IPBS desempeñan un papel decisivo porque la provincia combina una capital con numerosos municipios pequeños y dispersos. En estos últimos, una red de servicios sociales municipales puede tener dificultades para contratar, supervisar y financiar por sí sola una atención especializada. La coordinación provincial permite concentrar recursos y repartirlos entre localidades con capacidades administrativas muy diferentes. Sin ese mecanismo, el lugar de residencia tendría un peso todavía mayor en el acceso efectivo a los cuidados.
El modelo también responde a una transformación demográfica de largo recorrido. El aumento de la esperanza de vida incrementa el número de personas que llegan a edades avanzadas con enfermedades crónicas o limitaciones funcionales. Al mismo tiempo, los hogares son más reducidos, la movilidad laboral separa a familiares y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo limita la disponibilidad de cuidadoras no remuneradas. La dependencia ya no puede abordarse como una cuestión privada: afecta a la organización del empleo, a la vivienda, a la sanidad y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Las 2,76 millones de horas registradas en seis meses equivalen a una media aproximada de 238 horas por persona atendida durante ese periodo, aunque la distribución real no es uniforme. Las personas con un grado de dependencia más elevado reciben más tiempo y requieren intervenciones más complejas. Estos promedios sirven para dimensionar el sistema, pero no deben ocultar la diversidad de situaciones: una persona puede necesitar apoyo para levantarse y preparar la comida, mientras otra precisa asistencia intensiva para casi todas las actividades básicas de la vida diaria.
Más horas para una dependencia más compleja
La intensidad anunciada para 2026 distingue tres niveles. En el grado I, la atención puede alcanzar 37 horas mensuales, frente a las 20 horas anteriores. En el grado II, la cobertura se sitúa entre 38 y 64 horas, y en el grado III, entre 65 y 94 horas. El aumento del límite en el primer grado es significativo porque apunta a una de las zonas más delicadas del sistema: intervenir antes de que una limitación moderada se convierta en una pérdida severa de autonomía.
La lógica preventiva es clara. Si una auxiliar ayuda de forma regular con la limpieza esencial, la compra, la preparación de alimentos o determinadas rutinas de movilidad, puede retrasarse el deterioro y reducirse el riesgo de accidentes domésticos. También puede evitar que una persona ingrese prematuramente en una residencia por falta de apoyos en su vivienda. Sin embargo, para que ese efecto se produzca, las horas deben llegar con continuidad y adaptarse a las necesidades reales. Un incremento formal de cobertura no garantiza por sí solo una mejor atención si existen retrasos en la asignación, rotación excesiva de profesionales o dificultades para cubrir los horarios.
La permanencia en el hogar tiene además una dimensión emocional y comunitaria. Continuar viviendo en el entorno habitual conserva vínculos con vecinos, comercios y servicios locales. Para una persona mayor de un municipio pequeño, abandonar su vivienda puede significar perder no solo autonomía, sino también referencias sociales acumuladas durante décadas. La ayuda a domicilio actúa, en ese sentido, como una política de arraigo. No sustituye a la familia ni resuelve el aislamiento, pero puede mantener una relación cotidiana con el exterior que una solución exclusivamente residencial no siempre ofrece.
El aumento del precio por hora y sus efectos
Uno de los cambios centrales es la subida del precio financiado por hora. La cantidad aprobada por la Junta de Andalucía para 2026 asciende a 17,46 euros, frente a los 13 euros de los primeros años del servicio. El incremento nominal es cercano al 34%, una variación que reconoce, al menos parcialmente, la evolución de los costes laborales, los desplazamientos y la complejidad de las tareas. En una provincia extensa, el tiempo que una auxiliar necesita para trasladarse entre núcleos rurales también forma parte del coste real del servicio, aunque no siempre se traduzca directamente en horas de atención al usuario.
La financiación por hora puede mejorar la capacidad de las empresas adjudicatarias para contratar y retener personal. También debería facilitar salarios más dignos, formación y sustituciones cuando se producen bajas. Pero el aumento del importe no elimina las tensiones del modelo de contratación pública. Si las licitaciones priorizan demasiado el precio, una parte de la mejora puede absorberse en gastos de estructura o no llegar a las trabajadoras. La calidad depende de cómo se redacten los contratos, de la supervisión del IPBS y de que existan indicadores que midan continuidad, tiempos de desplazamiento, estabilidad de las plantillas y satisfacción de las personas atendidas.
Las cifras agregadas requieren, además, una lectura prudente. Los 46 millones transferidos a los ayuntamientos no deben compararse automáticamente con el precio de 17,46 euros multiplicado por todas las horas, porque pueden intervenir calendarios administrativos, distintas fuentes de financiación y conceptos de gestión. Lo relevante es que el volumen presupuestario coloca a la dependencia entre las principales políticas sociales de la provincia y obliga a todas las administraciones implicadas a mantener una planificación estable, no limitada a respuestas anuales.
Un mercado laboral con rostro femenino
La estimación de 5.200 auxiliares convierte el servicio en uno de los grandes yacimientos de empleo vinculado a los cuidados en Córdoba. Que aproximadamente nueve de cada diez trabajadoras sean mujeres revela tanto una oportunidad como una desigualdad persistente. El sistema formaliza tareas que durante décadas se realizaron en los hogares sin remuneración y abre una vía de ingresos para mujeres de municipios donde la oferta laboral es reducida. Cada puesto puede tener un impacto añadido si permite permanecer en el territorio a trabajadoras que, de otro modo, tendrían que emigrar o aceptar empleos precarios y discontinuos.
Pero la feminización no garantiza automáticamente la calidad del empleo. El sector de los cuidados suele estar expuesto a jornadas parciales, horarios fragmentados, desplazamientos no siempre compensados y desgaste físico y emocional. La profesionalización exige formación específica para movilizar a personas con problemas de movilidad, atender deterioros cognitivos o detectar situaciones de maltrato y abandono. También requiere que las auxiliares dispongan de tiempo suficiente: una agenda demasiado ajustada convierte la atención en una sucesión de tareas urgentes y reduce la posibilidad de escuchar al usuario o advertir cambios en su estado.
La evolución del servicio tendrá una consecuencia directa sobre la igualdad de género. Si la red pública funciona con regularidad, puede liberar a hijas, esposas y otras familiares de una parte de la carga cotidiana y permitirles conservar su empleo. Si funciona de manera intermitente, la responsabilidad vuelve rápidamente al hogar, donde suele recaer sobre las mujeres. Por eso, el número de horas financiadas es importante, pero también lo son la puntualidad, la continuidad y la capacidad de responder a crisis familiares, hospitalizaciones o empeoramientos repentinos.
La coordinación decidirá el alcance real
El servicio depende de una cadena institucional compleja: la Junta fija elementos esenciales de financiación, la Diputación y el IPBS financian y supervisan en los municipios provinciales, los ayuntamientos participan en la gestión y las empresas prestan directamente la atención. Esta estructura permite repartir responsabilidades, pero también puede generar zonas grises cuando una familia reclama una respuesta rápida o cuando una auxiliar detecta una necesidad que excede el contenido ordinario de su contrato.
La coordinación será especialmente determinante en los casos de dependencia compleja. Una persona que vive sola, tiene dificultades cognitivas y necesita medicación puede requerir, además de ayuda doméstica, seguimiento sanitario, apoyo psicológico, adaptación de la vivienda o intervención de los servicios de emergencia. La auxiliar es a menudo quien primero identifica una caída, una desnutrición o un deterioro acelerado. Convertir esa información cotidiana en una respuesta institucional exige canales claros entre servicios sociales, atención primaria y familias, siempre con respeto a la privacidad y al consentimiento.
El balance del primer semestre muestra una red con capacidad para movilizar recursos a gran escala, pero también plantea la cuestión de cómo se medirá su éxito en el futuro. No bastará con contar transferencias, horas o usuarios. Será necesario saber cuántas personas evitan un ingreso residencial no deseado, cuántas cuidadoras familiares pueden reincorporarse al empleo, qué municipios sufren más vacantes y cuánto tiempo transcurre desde el reconocimiento de la dependencia hasta el inicio efectivo de la ayuda.
Córdoba afronta así un reto que excede el ejercicio presupuestario de 2026. El envejecimiento, la despoblación de algunas zonas y la transformación de las familias harán crecer la demanda de apoyos domiciliarios. Mantener el servicio requerirá financiación previsible, profesionales suficientes y una evaluación que ponga la calidad al mismo nivel que la cobertura. Los 46 millones transferidos y las 2.759.568 horas prestadas constituyen una respuesta de gran alcance; su impacto duradero dependerá de que esa inversión se traduzca en autonomía para quienes reciben cuidados y en condiciones laborales sostenibles para quienes los proporcionan.
