Las cifras laborales de Centroamérica y República Dominicana muestran una paradoja que merece más atención que la tasa de desempleo por sí sola. Durante 2025, la desocupación se mantuvo entre 3,2% y 3,3% en la subregión, un nivel que podría interpretarse como señal de solidez. Sin embargo, el informe Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en julio de 2026, advierte que la participación y la ocupación disminuyeron simultáneamente. La estabilidad estadística, por tanto, no necesariamente representa una mejora de las oportunidades productivas ni una expansión saludable del empleo.
El dato central es la contracción de la fuerza laboral. Si menos personas buscan trabajo y el número de ocupados cae a un ritmo parecido, la tasa de desempleo puede permanecer estable o incluso reducirse, aunque existan menos empleos disponibles. Esta dinámica modifica la lectura de los indicadores y plantea un riesgo para los gobiernos que utilicen la desocupación como principal medida de bienestar. También afecta a los hogares: una persona que abandona la búsqueda laboral deja de aparecer como desempleada, pero puede seguir enfrentando pérdida de ingresos, dependencia económica o incorporación a actividades de subsistencia.
Una economía que crece sin ampliar suficientemente el empleo
Centroamérica y República Dominicana se ubicaron entre las economías latinoamericanas de mayor expansión durante 2025. Para 2026 se prevé una moderación en la mayoría de los países, aunque República Dominicana constituye una excepción relevante. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anticipan una aceleración de su producto interno bruto; la CEPAL estima un crecimiento de 4,0%. Este desempeño puede favorecer la inversión, la recaudación y la capacidad de financiar políticas sociales, pero su impacto dependerá de la composición del crecimiento.
La experiencia reciente sugiere que una expansión concentrada en sectores intensivos en capital, actividades exportadoras con baja absorción de mano de obra o servicios de productividad limitada puede elevar el PIB sin transformar de manera profunda el mercado laboral. Esa desconexión genera una percepción de prosperidad agregada que no siempre se refleja en los ingresos familiares. El desafío no consiste únicamente en crecer, sino en convertir ese crecimiento en puestos formales, estables y accesibles para personas con distintas edades, niveles educativos y responsabilidades de cuidado.
La reducción de la participación laboral también puede tener componentes demográficos. El envejecimiento de algunos grupos, la migración, la prolongación de los estudios y la menor entrada de jóvenes al mercado influyen sobre la oferta de trabajadores. No obstante, estos factores no deberían utilizarse para explicar automáticamente toda la contracción. Cuando las personas dejan de buscar empleo por falta de oportunidades, salarios insuficientes, discriminación o costos de transporte y cuidado, el indicador refleja una exclusión que permanece oculta en las estadísticas convencionales.
Las mujeres siguen soportando el mayor costo de la exclusión
Las brechas de género son uno de los indicios más claros de que la estabilidad del desempleo no equivale a inclusión. Guatemala registra una diferencia de 36 puntos porcentuales entre la participación laboral masculina y femenina, seguida por Honduras, con 33,3 puntos; El Salvador, con 29,3, y Costa Rica, con 23,4. En materia de ocupación, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana también superan el promedio regional en la distancia entre hombres y mujeres.
La magnitud de estas diferencias tiene consecuencias económicas y sociales acumulativas. Una menor participación femenina reduce el ingreso disponible de los hogares, limita la autonomía económica y disminuye la base de contribuyentes y cotizantes de los sistemas de protección social. Además, cuando las mujeres permanecen fuera del empleo remunerado durante largos periodos, pierden experiencia, redes profesionales y posibilidades de ascenso. El efecto no se restringe a la generación actual: los hogares con menores ingresos suelen enfrentar más dificultades para sostener la educación, la salud y la movilidad social de sus integrantes.
La causa no es simplemente una falta de voluntad individual. La distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados, la insuficiencia de servicios públicos, la informalidad y la discriminación salarial elevan el costo de buscar o conservar un empleo. En territorios rurales, a estas barreras se suman la distancia, el transporte y la escasez de puestos compatibles con las responsabilidades familiares. La expansión de sistemas de cuidados podría producir un doble beneficio: liberar tiempo para la participación femenina y crear empleos en un sector con demanda social creciente.
Juventud: una oportunidad productiva bajo presión
El desempleo juvenil presenta contrastes importantes. Guatemala registra una tasa de desocupación de 4,4%, la más baja de la subregión, mientras Panamá alcanza 23,1% y Costa Rica 20,5%. República Dominicana se ubica en 15,6%. Las diferencias nacionales pueden estar relacionadas con la estructura productiva, la calidad de los sistemas educativos, los requisitos de entrada de las empresas y la capacidad de las economías para absorber a quienes buscan su primer empleo.
Una desocupación juvenil elevada no solo representa una pérdida inmediata de ingresos. También puede provocar que una parte de la población abandone la búsqueda, acepte trabajos informales o emigre. La falta de experiencia dificulta la competencia por vacantes formales, y los periodos prolongados sin empleo pueden deteriorar las habilidades y las expectativas salariales. En Panamá, la advertencia de la OIT sobre el aumento reciente de la desocupación juvenil resulta especialmente relevante porque un mercado que excluye a sus nuevos trabajadores acumula tensiones para los próximos años.
El riesgo, sin embargo, no se resuelve con cualquier empleo. Programas de inserción que coloquen a jóvenes en ocupaciones temporales, mal remuneradas y sin formación pueden reducir el desempleo en el corto plazo, pero perpetuar la precariedad. Las políticas más eficaces deberían combinar formación técnica vinculada a la demanda empresarial, prácticas con protección laboral, orientación profesional, certificación de competencias y estímulos para la contratación formal. También deben prestar atención a quienes no estudian ni trabajan, evitando etiquetarlos sin considerar las tareas de cuidado o las limitaciones territoriales que enfrentan.
Informalidad: alivio inmediato y vulnerabilidad persistente
La informalidad continúa siendo el principal límite estructural para la calidad del empleo. Guatemala registra una tasa de 66,2% y El Salvador de 63,3%, mientras República Dominicana y Panamá se sitúan cerca de 54%, alrededor del promedio regional. En la práctica, estas proporciones significan que millones de trabajadores pueden carecer de seguridad social, protección frente al despido, cobertura por enfermedad, pensiones suficientes o mecanismos efectivos para reclamar derechos.
El descenso de 1,5 puntos porcentuales en la informalidad dominicana respecto de 2024 constituye una señal positiva y representa una de las mayores reducciones de la región. También es importante que la OIT atribuya la disminución general latinoamericana principalmente a la creación de empleo formal, y no a la destrucción de puestos informales. Esa distinción indica una mejora de mayor calidad: la formalización mediante nuevos contratos puede ampliar la protección de los trabajadores y fortalecer la sostenibilidad financiera de los sistemas contributivos.
El avance dominicano todavía debe confirmarse en el tiempo. Una reducción anual puede obedecer a cambios sectoriales, ajustes en las encuestas o una expansión temporal de actividades formales. Además, la formalidad no garantiza por sí sola salarios dignos ni estabilidad si los contratos son de corta duración o si las empresas trasladan los costos a los trabajadores. Para consolidar el progreso se requieren inspección laboral efectiva, simplificación de trámites para pequeñas empresas, acceso al crédito productivo y reglas que hagan viable la transición sin debilitar los derechos adquiridos.
Los riesgos fiscales y sociales de no actuar
Si la subregión mantiene bajas tasas de desempleo a costa de una menor participación laboral, puede enfrentar una combinación peligrosa: menos personas generando ingresos, mayor presión sobre quienes sí trabajan y sistemas de protección con una base contributiva reducida. A mediano plazo, esto puede limitar las pensiones, aumentar la dependencia de transferencias públicas y profundizar las diferencias entre quienes tienen empleos formales y quienes sobreviven en actividades de baja productividad.
La informalidad también reduce la productividad agregada. Los negocios informales suelen tener menor acceso a financiamiento, tecnología, capacitación y mercados de mayor valor. Cuando esa estructura se vuelve dominante, la economía puede crear ocupaciones, pero no necesariamente empleos capaces de elevar los salarios reales. En un contexto de desaceleración global, esta vulnerabilidad aumenta: los trabajadores informales suelen ser los primeros en perder ingresos y los pequeños negocios cuentan con menos reservas para enfrentar una caída de la demanda.
Existe además un riesgo de políticas mal calibradas. Si los gobiernos observan únicamente la tasa de desocupación, podrían retirar apoyos antes de que la recuperación sea inclusiva o concentrar recursos en programas que no llegan a las personas inactivas. La medición debe incorporar participación, ocupación, horas trabajadas, ingresos, informalidad, subempleo y razones por las que la población abandona la búsqueda. Sin esa información, una mejora aparente puede conducir a decisiones equivocadas y ocultar el deterioro de determinados territorios o grupos.
Qué puede sostener una recuperación más inclusiva
La respuesta requiere coordinación entre políticas macroeconómicas, productivas y laborales. La inversión pública en infraestructura, conectividad digital, educación técnica y transporte puede ampliar la capacidad de las empresas para contratar y, al mismo tiempo, acercar oportunidades a zonas excluidas. Los incentivos sectoriales deberían priorizar actividades con potencial de productividad y empleo formal, no solo aquellas que aporten crecimiento rápido o divisas.
La inclusión de mujeres y jóvenes demanda medidas específicas, no únicamente programas generales de empleo. La expansión de servicios de cuidado, horarios compatibles, licencias equilibradas y mecanismos contra la discriminación puede elevar la participación femenina. Para los jóvenes, la articulación entre centros educativos y empresas, junto con una primera experiencia laboral protegida, puede reducir el tránsito hacia la informalidad. En ambos casos, el éxito debería medirse por permanencia, ingresos y protección social, no por el número de beneficiarios inscritos.
La evolución de República Dominicana será una referencia importante para la subregión. Si el crecimiento previsto se traduce en más empleo formal y en una reducción sostenida de las brechas, podría ofrecer lecciones para otros países. Si, por el contrario, el PIB acelera mientras la participación y la ocupación siguen debilitándose, quedará demostrado que la expansión macroeconómica no basta. El indicador decisivo será la capacidad de transformar el dinamismo económico en oportunidades estables para quienes hoy permanecen fuera del mercado o dependen de empleos sin protección.
