La minería nicaragüense cerró junio de 2026 con una contracción acumulada de 15,5%, según el Índice Mensual de Actividad Económica divulgado por el Banco Central de Nicaragua el 27 de agosto. El descenso coloca a la explotación de minas y canteras entre las actividades con peor desempeño del primer semestre, en un período en que la economía en conjunto registró un crecimiento de 1,8%. La señal más relevante no es solo la magnitud de la caída, sino su vínculo con una menor producción y exportación de oro, uno de los rubros más importantes de las ventas externas del país.
Tres meses de deterioro en un mercado favorable
La secuencia reportada para el segundo trimestre refuerza la preocupación. De acuerdo con cifras citadas por Artículo 66 y analizadas por el economista y exdiputado Enrique Sáenz, la producción de oro cayó 2,5% en abril, 16,2% en mayo y 15,5% en junio. Son tres meses consecutivos de resultados negativos en un contexto internacional de precios elevados para el metal, una circunstancia que normalmente debería mejorar los incentivos para sostener o ampliar la extracción.
La divergencia entre cotizaciones favorables y producción descendente obliga a separar dos fenómenos que suelen confundirse: el valor del oro en los mercados globales y la capacidad efectiva de una economía para extraerlo, procesarlo y exportarlo. Un precio alto puede compensar parcialmente una menor cantidad vendida, pero no elimina los problemas operativos, regulatorios, financieros o logísticos que afecten a las minas. Tampoco despeja las dudas sobre la trazabilidad de la producción cuando la información pública disponible no permite medir con precisión el origen, procesamiento y destino final del mineral.
Un retroceso aislado dentro de una economía con avances sectoriales
El contraste con otros sectores subraya la singularidad del dato minero. El IMAE reportó aumentos de 17,9% en energía y agua, 11,3% en construcción, 8,6% en hoteles y restaurantes, 7,8% en actividad pecuaria y 4,9% en comercio. Esa composición indica que la caída no responde necesariamente a una contracción generalizada de la actividad nacional. Para las cuentas externas, sin embargo, el efecto puede ser desproporcionado: el oro tiene una capacidad de generación de divisas superior a la de numerosas actividades internas, por lo que un descenso persistente puede afectar ingresos de exportación, recaudación vinculada al sector y empleo en las zonas mineras.
La falta de detalle oficial también limita una lectura concluyente. Sáenz ha planteado interrogantes sobre la información sectorial y señaló que podrían existir resultados no declarados por empresas preocupadas por eventuales sanciones internacionales. Esa es una hipótesis, no un hecho probado. La otra posibilidad mencionada por el economista es que el cierre de la mina El Choritito haya tenido un impacto mayor al estimado. La planta recibía material procedente de minas de Costa Rica y Venezuela, según el análisis recogido por Artículo 66, de modo que su paralización pudo incidir no solo en el procesamiento local, sino también en volúmenes asociados a circuitos regionales de suministro.
Concesiones en expansión frente a información incompleta
La reducción de la actividad ocurre al mismo tiempo que el Gobierno de Daniel Ortega profundiza la entrega de concesiones mineras. Entre los casos recientes destaca la asignación de 47.000 hectáreas a una compañía china en una zona protegida de Río San Juan. La aparente contradicción entre una producción aurífera en retroceso y una mayor disponibilidad de territorio para la exploración y explotación requiere cautela: las concesiones no se traducen de inmediato en extracción, pues pueden pasar años entre la adjudicación, los estudios, la infraestructura y el inicio de operaciones. Pero sí revelan una apuesta estatal por ampliar la base futura del negocio extractivo.
La presencia de capital chino encaja además en una estrategia más amplia de Managua para diversificar socios de inversión en medio de tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea. Las empresas interesadas en oro, cobre y otros minerales encuentran un entorno de apertura a nuevos proyectos, mientras el Gobierno busca fuentes de financiamiento y divisas. El riesgo es que la necesidad de atraer inversión reduzca los controles ambientales, la transparencia contractual y la participación de las comunidades afectadas. Organizaciones ambientalistas y pobladores locales han denunciado falta de consulta e impactos potenciales sobre áreas de alta biodiversidad, especialmente en Río San Juan.
La transparencia será decisiva para medir el verdadero impacto
El debate no se resuelve únicamente con el dato de junio. Para determinar si la caída responde a un problema transitorio, al cierre de instalaciones específicas o a una transformación más profunda del sector, serían necesarios datos desagregados sobre producción por empresa, exportaciones, capacidad de procesamiento, empleo y regalías. También resulta relevante conocer el alcance de las nuevas concesiones, sus estudios de impacto ambiental y las condiciones de supervisión estatal. Sin esa información, las interpretaciones sobre acumulación de oro, subregistro de resultados o efectos de sanciones seguirán moviéndose en el terreno de las conjeturas.
El segundo semestre de 2026 será una prueba para una industria estratégica pero cada vez más cuestionada. Si la minería no recupera producción pese a los altos precios internacionales, el problema dejará de parecer coyuntural y exigirá explicaciones más precisas sobre su estructura operativa y comercial. Si, en cambio, las nuevas concesiones avanzan sin mecanismos sólidos de control, Nicaragua podría incrementar su dependencia de la extracción sin garantizar que los beneficios económicos compensen los costos ambientales, territoriales y sociales que recaen sobre las comunidades cercanas a los proyectos.
