La Suprema Corte de Justicia inició ayer su segundo periodo de sesiones con un mensaje orientado a transmitir estabilidad y confianza, en un contexto marcado por la aplicación de la reforma judicial y por las dudas que persisten sobre la independencia de algunos de sus integrantes. El presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que en 10 meses prácticamente se eliminó el rezago heredado de la integración anterior: de más de mil 400 expedientes pendientes, quedan 56 por resolver.
Durante la sesión también se destacó una reducción importante en la carga de trabajo de las ponencias y se formularon llamados a preservar la imparcialidad, el rigor técnico, el diálogo institucional y la defensa de los derechos humanos. Algunos participantes calificaron el momento como un “punto de inflexión histórico” para el Poder Judicial y defendieron la idea de una justicia más cercana a la población.
El rezago disminuye, pero la legitimidad sigue pendiente
La reducción de expedientes constituye un indicador relevante de gestión, aunque por sí sola no resuelve el principal desafío que enfrenta la nueva Corte: recuperar credibilidad ante la ciudadanía. La velocidad con la que se desahogan los asuntos puede mejorar el acceso a la justicia, pero la legitimidad del tribunal depende también del contenido de sus resoluciones, de la consistencia de sus criterios y de la percepción de que sus decisiones obedecen exclusivamente a la Constitución.
Varios ministros fueron cuestionados desde la campaña por haber sido promovidos mediante los llamados “acordeones”, listas de candidatos cuya difusión generó críticas sobre la equidad y la independencia del proceso de elección judicial. Aunque el tribunal busca presentar resultados administrativos y una imagen de unidad, ese antecedente continúa influyendo en la valoración pública de sus decisiones.
La reforma judicial, respaldada por el Gobierno, mantiene divididas las opiniones. Para sus defensores, representa una transformación destinada a acercar los órganos de justicia a la sociedad y a corregir problemas acumulados. Sus críticos advierten riesgos para la autonomía judicial y cuestionan las condiciones en que fueron seleccionados los nuevos juzgadores. En ese escenario, cada resolución de la Corte tendrá una doble lectura: jurídica, por sus efectos constitucionales, y política, por su capacidad para confirmar o disipar las sospechas sobre su origen.
Salud policial expone una presión acumulada
En Ensenada, la atención se concentra en otro problema institucional: el deterioro de la salud de elementos de la Policía Municipal. El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que se han registrado casos de infartos, preinfartos y enfermedades crónicas entre los agentes, una situación que atribuyó a la falta de atención preventiva y al elevado desgaste físico y mental asociado con las labores de seguridad.
El funcionario explicó que el estrés propio del trabajo policial, combinado con deficiencias en el cuidado de la salud, ha contribuido al aumento de incapacidades temporales. La dependencia, en coordinación con el Sector Salud, identificó entre los agentes padecimientos como obesidad, hipertensión y diabetes.
Como respuesta, se puso en marcha una evaluación integral de 800 elementos. El examen contempla el monitoreo del peso, revisiones de la visión y análisis de sangre para detectar riesgos y orientar intervenciones médicas. La medida busca pasar de una atención reactiva, activada después de una incapacidad o una emergencia, a un esquema preventivo que permita identificar con anticipación enfermedades capaces de afectar la vida de los policías y su desempeño.
El problema no sería exclusivo de Ensenada. De acuerdo con la información difundida, varios municipios del estado enfrentan un incremento en el número de agentes separados temporalmente de sus funciones por problemas de salud, incluidos padecimientos de naturaleza mental. La situación puede afectar la disponibilidad operativa de las corporaciones y elevar la presión sobre el personal que permanece activo, por lo que el diagnóstico médico deberá acompañarse de seguimiento, atención psicológica y condiciones laborales adecuadas.
Trump reaviva la tensión con México
La relación entre México y Estados Unidos volvió a registrar un momento de tensión después de que el presidente Donald Trump retomara en sus redes sociales un mensaje del comentarista conservador Bill O’Reilly, según el cual “México no es amigo de Estados Unidos”. Aunque la publicación original databa de marzo, su difusión nuevamente adquirió relevancia por coincidir con una agenda bilateral presionada por los temas de seguridad, migración y comercio.
El reposteo no constituye por sí mismo una modificación formal de la política exterior estadounidense, pero sí funciona como una señal política en una relación que depende tanto de los canales institucionales como de los mensajes públicos de sus dirigentes. La reiteración del argumento puede influir en el tono de futuras negociaciones y aumentar la incertidumbre sobre la disposición de Washington para mantener acuerdos de cooperación con el Gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con cautela y sostuvo que México es amigo de todo el mundo. Al mismo tiempo, afirmó que la valentía consiste en defender la soberanía nacional. Su postura mantiene la línea de combinar cooperación con Estados Unidos en asuntos de interés común y rechazo a cualquier intervención que vulnere la autonomía del país.
Las tres situaciones reflejan desafíos distintos, pero conectados por una misma exigencia institucional: convertir los discursos en resultados verificables. Para la Suprema Corte, esto implica demostrar independencia mediante sus fallos; para las corporaciones policiales, garantizar que la salud de sus agentes sea parte de la seguridad pública; y para la relación con Estados Unidos, sostener la cooperación sin ceder en la defensa de la soberanía.
