El Gobierno llega a una definición incómoda antes del 1 de noviembre: poner en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una pieza central de la reforma laboral, puede implicar una nueva pérdida de ingresos fiscales en un momento en que la recaudación no muestra la recuperación esperada. La alternativa no es sólo técnica. Postergar el esquema supondría admitir que el equilibrio fiscal continúa condicionado por una actividad económica demasiado débil para compensar rebajas tributarias.
El FAL fue diseñado para financiar eventuales indemnizaciones por despido mediante aportes mensuales de las empresas sobre los salarios brutos de sus trabajadores registrados. Esos recursos serán administrados por fondos privados y surgirán de una reducción de contribuciones patronales que hoy ingresan al Estado: 1% para las grandes compañías y 2,5% para las pymes. Por eso, aunque el mecanismo apunta a modificar la lógica de cobertura de los despidos, su inicio tiene un efecto inmediato sobre las cuentas públicas.
Una fecha que depende de los ingresos públicos
La entrada en vigencia ya había sido diferida una vez. Mediante el Decreto 408/2026, el Ejecutivo la postergó el 1 de junio por cinco meses, hasta el 1 de noviembre de 2026. La razón fue explícita: evitar que el desvío de recursos hacia el nuevo fondo afectara el superávit fiscal. La apuesta oficial era que una mejora de la actividad y de los impuestos absorbiera ese costo durante el segundo semestre. Hasta ahora, esa compensación no aparece con suficiente fuerza.
Según estimaciones de Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, activar el FAL entre noviembre y diciembre implicaría una merma de recaudación equivalente a 0,062% del PBI. En valores corrientes, el costo rondaría los $680.000 millones en apenas dos meses. La cifra debe leerse en relación con el objetivo oficial: cuando el margen fiscal es estrecho, una reducción acotada en términos del producto puede condicionar decisiones presupuestarias y financieras de mayor escala.
La ley contempla la posibilidad de extender el plazo un mes, hasta el 1 de diciembre. Esa sería la salida más simple si el Gobierno considera que necesita tiempo adicional para verificar una mejora de los recursos. Pero si el deterioro persiste, esa prórroga sería insuficiente. En ese caso, fuentes oficiales admiten que no está descartado enviar una nueva ley al Congreso para modificar nuevamente el calendario del fondo.
Los impuestos que suben no alcanzan para cambiar la tendencia
El problema no es una ausencia total de aumentos en la recaudación, sino su composición. La consultora LCG observó en los últimos cuatro meses dos períodos de crecimiento, uno de caída y otro sin variación. Esa secuencia describe ingresos fiscales sin un impulso sostenido. Algunos gravámenes ofrecieron resultados favorables durante agosto, pero no lograron neutralizar la debilidad de los impuestos más vinculados con el consumo, las transacciones y el empleo formal.
El impuesto a las Ganancias creció 8% interanual en términos reales y explicó por sí solo 28% del aumento total de los recursos, según LCG. Sin embargo, ese avance estuvo asociado a pagos diferidos y a mayores anticipos empresariales derivados de un impuesto determinado más alto en 2025. Los derechos de exportación, por su parte, subieron 91% real, aunque sobre una base de comparación baja por el adelantamiento de liquidaciones registrado el año anterior. Son mejoras relevantes, pero no necesariamente señales de una expansión generalizada de la economía.
También aumentó 12% real el Impuesto a los Combustibles, favorecido por precios más elevados y por la actualización del gravamen. Del otro lado, el IVA DGI cayó 3% interanual real y el impuesto sobre créditos y débitos retrocedió 9%. Ambos indicadores son sensibles al nivel de actividad y al movimiento cotidiano de la economía. Cuando se debilitan de forma simultánea, los ingresos excepcionales o transitorios pierden capacidad para sostener una trayectoria fiscal estable.
La reforma laboral entra en la discusión fiscal
La situación expone una tensión de fondo dentro del programa económico. La reforma laboral busca reducir costos no salariales, modificar incentivos y construir un instrumento específico para afrontar despidos. Pero parte de ese alivio para las empresas se financia con ingresos que el Estado deja de percibir. La viabilidad del diseño depende, por lo tanto, de que la economía genere suficiente volumen de actividad formal, consumo y operaciones gravadas para reemplazar esos recursos.
LCG proyecta una caída cercana al 5% real de la recaudación en 2026. Entre los factores que menciona figuran reducciones tributarias previstas en la propia reforma laboral, la baja de retenciones al trigo y la cebada y la reglamentación del RIFL. Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, agrega que la reducción de alícuotas y la postergación de aumentos impositivos debilitan la caja fiscal, aun cuando Ganancias o Combustibles aporten ingresos adicionales en el margen.
La decisión sobre el FAL terminará funcionando como una prueba concreta de las prioridades del Ejecutivo. Avanzar en noviembre reforzaría el compromiso con el cronograma de la reforma, pero elevaría el riesgo de comprimir el superávit. Volver a postergarlo preservaría recursos en el corto plazo, aunque trasladaría incertidumbre a empresas y trabajadores respecto de una herramienta que debía ordenar el financiamiento de las indemnizaciones. Más que una discusión sobre una fecha, el debate revela hasta qué punto la recuperación de la actividad se convirtió en la condición necesaria para sostener simultáneamente la reforma laboral y el programa fiscal.
