El proyecto Sea Lion se encamina a convertirse en el primer desarrollo destinado a producir petróleo en las aguas que rodean las Islas Malvinas. La iniciativa está controlada por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% y actúa como operadora, y por la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. Ambas compañías anunciaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, un paso que transformó un proyecto largamente exploratorio en un emprendimiento con obras, contratos y cronogramas concretos.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en el Atlántico Sur, a aproximadamente 450 metros de profundidad. Su descubrimiento se produjo en mayo de 2010, cuando Rockhopper perforó el área. Desde entonces, el proyecto atravesó cambios de socios, revisiones técnicas y demoras, hasta alcanzar una fase en la que la infraestructura comienza a materializarse y la llegada de equipos para perforar se prevé para principios de 2027.
La estructura del desarrollo ya tiene una hoja de ruta
La primera etapa se concentrará en el Área de Desarrollo Norte e incluye la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO. Tres años después de la primera extracción se añadirían otros 12 pozos en la misma zona. Más adelante, el consorcio prevé avanzar sobre el Área de Desarrollo Central, con 20 pozos en una primera fase y una meta de obtener el primer barril hacia fines de 2030, seguida por otros 18 pozos.
La unidad que se utilizará inicialmente es la Aoka Mizu, que será modernizada en un astillero del sudeste asiático antes de ser enviada a las islas. Navitas también ejerció en agosto una opción de compra por 125 millones de dólares del buque OSX1, destinado a operar como segunda FPSO. En paralelo, avanzan la preparación del muelle, la base costera, los alojamientos para trabajadores y otras instalaciones de apoyo. Esos trabajos revelan que Sea Lion no depende únicamente de una perforación aislada: requiere construir una cadena logística permanente en un territorio cuya soberanía es disputada.
Navitas aporta capital, escala y experiencia operativa
Navitas Petroleum cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y tiene su sede en Herzliya, Israel, además de oficinas en Houston y Londres. Ingresó en Sea Lion a comienzos de 2020 con una participación del 30%, pero con el tiempo elevó su posición hasta el 65% y asumió la operación. Su fortaleza principal es la experiencia acumulada en proyectos de mayor escala, especialmente en el Golfo de México.
Entre sus activos se encuentra Shenandoah, un yacimiento de petróleo y gas que comenzó a producir en julio de 2025 y en el que Navitas posee el 49%. La producción actual ronda los 120.000 barriles diarios. También participa en Buckskin, en producción desde 2019 y conectado a la plataforma Lucius Spar, de Oxy. Dos de sus pozos estuvieron entre los diez de mayor producción del Golfo de México en 2021 y 2022. A estos desarrollos se suman activos en Texas, como Neches y Denbury Onshore. La empresa informó un EBITDA de 262 millones de dólares en 2025, un indicador de que cuenta con una base financiera más amplia que la de un explorador especializado en un solo distrito.
Rockhopper conserva el vínculo histórico con las islas
Rockhopper Exploration opera en las Malvinas desde 2004 y cotiza en la Bolsa de Londres. Su trayectoria está estrechamente ligada al archipiélago, donde participa en áreas de la cuenca norte y también mantiene intereses en las cuencas sur y este. En el norte, sus trabajos se concentraron en las licencias PL032 y PL004, que contienen los complejos Sea Lion e Isobel-Elaine. Este último es considerado una posible expansión para una tercera fase.
En las cuencas sur y este, Rockhopper llegó a controlar el 52% de áreas operadas inicialmente por Noble Energy tras adquirir Falkland Oil and Gas Limited. Luego de la salida de Noble Energy y Edison, la compañía asumió en 2017 la operación y alcanzó el 100% de participación. Sin embargo, aclaró que no mantiene compromisos financieros ni operativos pendientes en esa zona.
La empresa también arrastra una experiencia relevante fuera del Atlántico Sur. Por el proyecto Ombrina Mare, en Italia, inició un arbitraje internacional después de que se le negara una concesión de producción. En 2022, un tribunal del Ciadi le otorgó 190 millones de euros más intereses, aunque el laudo fue anulado en 2025. Ese año recibió 31 millones de euros de un seguro vinculado con la anulación y había acordado vender sus activos italianos, con excepción de los reclamos relacionados con Ombrina Mare.
La disputa excede la rentabilidad del petróleo
El Gobierno argentino sostiene que las autorizaciones para desarrollar Sea Lion fueron otorgadas de manera ilegal y unilateral, sin consentimiento argentino. La controversia se amplió con una demanda presentada en el país por abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982, que cuestiona tanto la validez de los permisos como los posibles impactos ambientales de la explotación.
El presidente Javier Milei anunció sanciones más rápidas contra compañías, accionistas, directivos y proveedores vinculados con proyectos hidrocarburíferos en las islas sin autorización argentina. También anticipó medidas para impedir operaciones comerciales de esas firmas en el país, un refuerzo presupuestario para Defensa y un proyecto destinado a ampliar las penalidades, incluso mediante restricciones de contratación con organismos públicos y empresas argentinas.
El punto decisivo es que Sea Lion convierte una disputa diplomática histórica en un problema operativo y económico inmediato. Cada pozo, buque o instalación construida incrementa los costos de una eventual reversión y consolida una actividad productiva bajo administración británica. Para las compañías, el atractivo reside en transformar reservas del Atlántico Sur en flujo de ingresos; para Argentina, el riesgo consiste en que la explotación avance mientras la discusión sobre soberanía permanece sin resolver. La dimensión ambiental agrega otra incertidumbre: cualquier incidente tendría efectos sobre un ecosistema remoto y sobre una zona cuya gobernanza política ya es objeto de conflicto.
