La morosidad dejó de ser un fenómeno limitado a los hogares que atraviesan una emergencia puntual. El relevamiento del Centro de Estudios de la Ciudad, realizado con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, describe una transformación más profunda del crédito argentino: el atraso en los pagos se concentra con especial intensidad entre los jóvenes, se expande a través de billeteras digitales y proveedores no bancarios, y reproduce las desigualdades que ya existen en el mercado laboral y en el territorio.
El dato general establece la dimensión del problema. En junio de 2026, la tasa de mora de las deudas de personas físicas llegó al 17,4%. Pero el promedio nacional oculta una distribución muy desigual. Entre los menores de 25 años, la mora alcanzó el 38,2%, mientras que el conjunto de los menores de 35 años registró niveles superiores al 25% y, según el tipo de acreedor, picos de hasta el 50%. La diferencia entre ambos indicadores no es menor: muestra que el riesgo no se reparte de manera uniforme dentro de la población joven y que los grupos con menor estabilidad de ingresos enfrentan una exposición sustancialmente mayor.
Cuando el crédito reemplaza al ingreso que falta
La explicación más inmediata se encuentra en la precarización laboral. Un joven con empleo informal, ingresos variables o trabajos intermitentes suele quedar fuera de los criterios tradicionales de los bancos, que exigen historial crediticio, recibos de sueldo y cierta previsibilidad. Sin embargo, esa exclusión no elimina sus necesidades de consumo. Alquiler, transporte, alimentos, conectividad o gastos médicos continúan demandando dinero incluso cuando el salario no alcanza o llega de manera irregular.
En ese espacio crecieron las billeteras digitales, las tarjetas no bancarias y los proveedores no financieros de crédito. La rapidez de la aprobación, la escasez de requisitos y la posibilidad de contratar desde un teléfono convierten a estas plataformas en una puerta de entrada al financiamiento. El problema aparece cuando esa accesibilidad se combina con tasas elevadas, plazos breves y refinanciaciones automáticas. Un préstamo pequeño puede transformarse en una obligación difícil de cancelar si el deudor necesita tomar un nuevo crédito para cubrir el anterior.
El informe indica que el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en billeteras digitales. La cifra permite entender por qué la morosidad juvenil no puede analizarse solamente como una falla individual de planificación financiera. También es el resultado de un cambio en la infraestructura del crédito: las plataformas capturan información de uso, consumo y comportamiento, ofrecen dinero en tiempo real y convierten la decisión de endeudarse en una operación cotidiana, casi integrada a la compra de cualquier producto.
La desregulación financiera iniciada a comienzos de 2024 amplificó esa dinámica, de acuerdo con la investigación. Las plataformas y otros actores del sistema elevaron con fuerza el costo de los préstamos y, en algunos casos, llegaron a cobrar hasta 100 puntos porcentuales más que la banca tradicional. La comparación no implica que los bancos sean ajenos al problema, pero sí señala una asimetría: quienes tienen menos ingresos y menos alternativas de financiamiento son, precisamente, quienes terminan pagando el precio más alto por acceder al dinero.
El mapa territorial de una crisis desigual
La geografía de la deuda confirma que la morosidad está vinculada con la estructura económica de cada zona. En la Ciudad de Buenos Aires, el 81% de la población adulta registra algún tipo de deuda, pero la mora se ubica en torno al 11,5%. Es una combinación que sugiere mayor bancarización, ingresos relativamente más estables y una oferta crediticia diversificada. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, en cambio, los mayores índices de atraso rondan el 25%, en un contexto de mayor desigualdad, costos de traslado, informalidad y presión sobre los ingresos familiares.
Las diferencias también se expresan entre provincias. La Rioja presenta una mora del 23,9% sobre el monto adeudado; San Luis, 22,2%; Santa Cruz, 21,9%; Catamarca, 21,5%; y San Juan, 20,5%. En el extremo opuesto se encuentran La Pampa, con 9%, la Ciudad de Buenos Aires, con 11,7%, Entre Ríos, con 13,3%, Santa Fe, con 14,3%, y Córdoba, con 15%. No se trata de una simple clasificación de buenos y malos pagadores. El indicador refleja la combinación de empleo, salarios, costo de vida, presencia bancaria, actividad productiva y capacidad estatal de protección.
La desigualdad se repite dentro de cada distrito. En los barrios del sur porteño, la mora ronda el 20%, frente a entre 8% y 10% en los barrios del norte. En Santa Fe y Córdoba, el atraso golpea con más fuerza en los cordones urbanos que rodean a Rosario y a la capital provincial. Allí suelen concentrarse hogares con menor acceso a servicios financieros formales, empleos más frágiles y una mayor dependencia del crédito para financiar consumos básicos. El domicilio, por lo tanto, funciona como un indicador indirecto de la capacidad de resistir una suba de tasas o una caída de ingresos.
El crédito se desacelera, pero la deuda sigue creciendo
Otro elemento decisivo es el desacople entre crédito nuevo y deuda vencida. Desde comienzos de 2026, el volumen de crédito otorgado en términos reales dejó de crecer, pero el monto de los compromisos en mora continuó aumentando. La lectura económica es clara: ya no se trata de una expansión saludable del financiamiento, sino de un stock de deuda acumulada que sigue deteriorándose aunque ingresen menos préstamos nuevos.
Este fenómeno puede producir un efecto dominó. Una familia que deja de pagar una tarjeta pierde acceso a ciertos canales formales y puede recurrir a una billetera o a un proveedor de crédito más caro. Con una parte mayor de sus ingresos destinada a intereses y refinanciaciones, reduce el consumo corriente, posterga inversiones pequeñas y queda más expuesta a cualquier imprevisto. Si el proceso se extiende, la deuda afecta también a comerciantes y prestadores locales, porque una población sobreendeudada compra menos y paga con mayor demora.
La situación es especialmente delicada para los menores de 25 años. En esa etapa, un historial negativo puede dificultar el alquiler de una vivienda, la contratación de servicios, la compra de un vehículo o el acceso posterior a un crédito hipotecario. La morosidad temprana no solo encarece el presente: puede cerrar oportunidades durante años. El mayor volumen absoluto de personas endeudadas se concentra, sin embargo, entre los 36 y 45 años, un grupo que suele sostener hogares, hijos y gastos fijos. Allí una crisis de pagos puede trasladarse rápidamente al conjunto familiar.
Quién presta determina quién queda más expuesto
Los datos por tipo de acreedor muestran una relación directa entre costo y morosidad. Los proveedores no financieros de crédito registran un atraso del 47,8%, las tarjetas no bancarias llegan al 33,27% y las billeteras digitales al 23,34%. En los bancos privados, la tasa es del 18,61%, mientras que en los bancos públicos alcanza el 10,13%. Las compañías financieras vinculadas con terminales automotrices, que ofrecen principalmente préstamos prendarios, presentan el nivel más bajo: 4,88%.
La diferencia puede explicarse en parte por el perfil de los clientes y por las garantías exigidas. Un préstamo prendario está respaldado por un vehículo y suele otorgarse a personas con ingresos comprobables, mientras que un crédito digital de corto plazo puede dirigirse a consumidores sin activos y con escaso margen mensual. El riesgo no surge únicamente de la conducta del deudor: también está incorporado en el diseño del producto, en la tasa aplicada y en el mecanismo de cobranza.
El uso de algoritmos de microsegmentación agrega una dimensión que todavía requiere mayor control público. Las plataformas pueden estimar la probabilidad de pago y adaptar las ofertas a cada usuario, pero la eficiencia comercial no equivale a protección financiera. Un sistema que identifica a una persona como vulnerable al consumo puede ofrecerle sucesivos límites de crédito precisamente cuando debería advertirle que su nivel de endeudamiento es peligroso. La personalización, sin reglas de transparencia y auditoría, puede convertirse en una forma sofisticada de sobreexposición.
La respuesta pendiente: regular sin cerrar el acceso
El desafío para el Estado consiste en evitar dos extremos. Una regulación demasiado débil permite que las tasas, comisiones y mecanismos de refinanciación recaigan sobre quienes tienen menos alternativas. Pero una restricción indiscriminada también puede expulsar a jóvenes e informales hacia prestamistas todavía más opacos. La política pública debería concentrarse en el costo total del crédito, la información previa a la contratación, los límites de endeudamiento y la obligación de ofrecer mecanismos razonables de reestructuración.
También resulta necesario mejorar la información disponible. El “Mapa de la Deuda” aporta una lectura territorial y sectorial que puede orientar programas específicos, pero sus indicadores deben ser actualizados y desagregados por edad, género, ingresos y tipo de obligación. No es igual una mora hipotecaria de largo plazo que un saldo pequeño de una billetera utilizado para comprar alimentos. Sin esa distinción, las estadísticas pueden describir el problema sin mostrar qué intervención sería más eficaz.
La salida sostenible no dependerá únicamente de enseñar educación financiera. Saber calcular una tasa no resuelve el problema cuando el ingreso mensual es insuficiente o cuando el crédito se utiliza para cubrir necesidades esenciales. La reducción de la informalidad, la recuperación del poder adquisitivo, el acceso a cuentas bancarias de bajo costo y una supervisión efectiva de las plataformas son condiciones complementarias. Mientras esas variables no mejoren, la deuda seguirá funcionando como un puente precario entre salarios insuficientes y gastos inevitables.
El aumento de la morosidad juvenil revela, en definitiva, una fractura que atraviesa al sistema financiero y al mercado laboral al mismo tiempo. El crédito digital puede ampliar la inclusión, pero si se sostiene sobre tasas desproporcionadas y algoritmos orientados a vender más deuda, termina convirtiendo la inclusión en dependencia. La evolución de los próximos meses permitirá saber si los récords de atraso son un pico asociado a la coyuntura o el comienzo de una etapa en la que una generación entera cargará con las consecuencias de haber accedido al dinero antes de haber accedido a empleos estables.
