Mientras Perú se prepara para un nuevo ciclo político, el debate sobre crecimiento económico suele centrarse en la minería, la infraestructura construida, la seguridad y la estabilidad fiscal. Sin embargo, un análisis más amplio revela que los ecosistemas naturales desempeñan un papel central en el funcionamiento de la economía nacional, aunque rara vez se contabilicen en los presupuestos públicos.
Los bosques amazónicos regulan los ciclos del agua que abastecen ciudades e industrias. Los glaciares andinos alimentan cuencas de las que dependen millones de personas. Los humedales y manglares protegen costas y sostienen pesquerías. Estos sistemas operan como infraestructura invisible que sostiene la producción minera, la generación hidroeléctrica y la agricultura de exportación.
Datos del Banco Central de Reserva muestran que el cobre representa cerca del 60 % de las exportaciones mineras. No obstante, la extracción de este mineral requiere volúmenes significativos de agua y estabilidad climática en las cuencas altoandinas. La degradación de esos ecosistemas eleva los costos operativos y aumenta la vulnerabilidad ante eventos extremos, según informes del Ministerio del Ambiente.
Dependencia sectorial y riesgos
La agricultura de exportación y la generación eléctrica también dependen de la regulación hídrica natural. Cuando los ecosistemas pierden capacidad de retener agua o amortiguar sequías, los efectos se trasladan directamente a la productividad y a las finanzas públicas. El país ha invertido recursos considerables en reconstruir puentes y carreteras dañados, pero el mantenimiento de los sistemas ecológicos rara vez recibe el mismo tratamiento presupuestario.
Países como Costa Rica y Colombia han comenzado a integrar el capital natural en sus cuentas nacionales. Perú, cuya competitividad futura dependerá tanto de los minerales como de la disponibilidad de agua y suelos estables, enfrenta la tarea de actualizar su marco de política económica para reflejar esta interdependencia.
Implicaciones para la gestión pública
El próximo gobierno heredará una agenda en la que la política ambiental suele tratarse como sectorial. Sin embargo, la evidencia indica que la pérdida de funcionalidad ecológica genera presiones fiscales adicionales a través de mayor gasto en respuesta a desastres y menor recaudación por caída de la productividad. Reconocer los ecosistemas como activos estratégicos implica coordinar decisiones entre los ministerios de Economía, Energía y Minas, y Ambiente, en lugar de mantenerlos aislados.
El cobre seguirá siendo un recurso relevante, pero su extracción sostenible requiere cuencas funcionales y territorios resilientes. La distinción entre activos que generan riqueza y aquellos que permiten generarla resulta útil para priorizar inversiones de largo plazo sin descuidar el equilibrio fiscal ni la competitividad internacional.
La discusión pública sobre el desarrollo peruano gana profundidad cuando incorpora la infraestructura natural como variable central, en lugar de considerarla un tema exclusivamente ambiental.
