Venezuela ha entrado en una fase que admite lecturas opuestas y, precisamente por ello, exige menos consignas y más controles verificables. Un mes después de la instalación de la Mesa de Diálogo encabezada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, el informe de 26 páginas de Laboratorio de Paz, Un mes después del 1A: ¿Toda transición conduce a la democracia?, sitúa el debate donde resulta más incómodo: no basta con constatar que hay excarcelaciones, conversaciones entre adversarios y anuncios de reformas institucionales. La cuestión determinante es si esos cambios alteran realmente las reglas que han permitido la concentración del poder o si apenas administran una apertura limitada bajo un nuevo equilibrio de élites.
La advertencia no es semántica. Desde la Resolución Absoluta del 3 de enero y la posterior captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses, una parte de la opinión pública interpreta cada gesto de distensión como un paso irreversible hacia la democracia. La Casa Blanca, además, ha descrito una secuencia de estabilización, recuperación y transición que ofrece un marco narrativo reconocible. Sin embargo, esa secuencia no resuelve por sí misma la pregunta constitucional ni sustituye la construcción de instituciones capaces de limitar a quienes ejercen el poder. La democracia no surge como consecuencia automática de una crisis de régimen, de apoyo externo o de una negociación entre cúpulas.
La prueba no es la apertura, sino la capacidad de corregir al poder
La contribución central de Laboratorio de Paz consiste en recuperar el concepto de “zona gris” formulado por el investigador Thomas Carothers en 2002. Carothers cuestionó entonces la idea de que todo país que abandona parcialmente el autoritarismo transita inevitablemente hacia una democracia consolidada. Entre ambos polos existe un terreno amplio donde pueden coexistir elecciones, pluralismo partidista, prensa parcialmente crítica y ciertas libertades públicas con tribunales subordinados, burocracias capturadas, arbitraje electoral deficiente y ventajas decisivas para una fuerza gobernante.
Ese marco es especialmente pertinente para el momento venezolano porque el país no parte de una institucionalidad debilitada de manera abstracta, sino de un conflicto de legitimidad muy concreto. La elección presidencial del 28 de julio de 2026 quedó marcada por la incapacidad del régimen de demostrar, con resultados desagregados y verificables, el triunfo atribuido a Maduro. A ello siguieron represión de protestas y persecución de organizaciones, dirigentes y ciudadanos. El cambio brusco de escenario ocurrido el 3 de enero modificó el liderazgo visible y abrió opciones de negociación, pero no reparó automáticamente el daño acumulado sobre la credibilidad electoral, la independencia judicial y el derecho a la disidencia.
La primera idea que conviene subrayar es que una apertura puede mejorar la vida política sin democratizarla. Las excarcelaciones alivian situaciones personales y familiares gravísimas; la posibilidad de reuniones antes prohibidas permite a sectores sociales volver a expresarse; y el diálogo puede reducir incentivos inmediatos para la confrontación violenta. Son avances reales. Pero ninguno equivale, por sí solo, a la existencia de garantías generales. Una democracia funcional no se mide por permisos revocables ni por concesiones selectivas, sino por derechos que puedan ejercerse incluso cuando incomodan a quienes mandan.
La diferencia tiene consecuencias prácticas. Si la libertad depende de una negociación puntual, el ciudadano sigue expuesto a que el poder transforme ese derecho en moneda de intercambio. Si la crítica pública sólo existe mientras no afecte decisiones estratégicas, la pluralidad es tolerada, no protegida. Y si los organismos electorales o judiciales se reforman sin procedimientos transparentes, la sustitución de nombres puede producir una legitimidad de apariencia, no una capacidad institucional para impedir abusos futuros.
Dos acuerdos públicos y una agenda aún incompleta
Durante el primer ciclo de conversaciones, entre el 6 y el 12 de agosto, la Mesa anunció dos acuerdos: avanzar hacia la renovación total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y promover conjuntamente la recuperación de activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra para atender las consecuencias del terremoto y otras necesidades sociales. Ambos asuntos tienen relevancia material y simbólica. La renovación del máximo tribunal toca el núcleo del sistema de justicia; la recuperación de recursos externos puede aliviar urgencias de una población golpeada por empobrecimiento, migración y deterioro de servicios.
Pero los acuerdos también revelan un problema de secuencia. La gestión de activos y la atención humanitaria pueden generar resultados visibles antes de que existan mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Eso puede fortalecer la legitimidad de un arreglo político todavía incompleto. En otras palabras, la recuperación económica puede convertirse en un amortiguador de la demanda democrática si los recursos se administran sin supervisión independiente, criterios de asignación públicos y auditorías accesibles. El alivio social es indispensable, pero no debería transformarse en una sustitución de la deliberación institucional.
La segunda idea original es que la reconstrucción económica puede consolidar una “zona gris” con mayor rapidez que la reforma política. Un país puede normalizar pagos, recuperar reservas, flexibilizar actividades empresariales y atraer interlocutores internacionales mientras mantiene intactas las asimetrías que hacen inviable una competencia electoral auténtica. Para empresas, acreedores y gobiernos extranjeros, la estabilidad regulatoria suele ser más inmediatamente valiosa que la calidad democrática. Para la ciudadanía, en cambio, el riesgo es que la urgencia económica reduzca la presión sobre las garantías que impiden la repetición de la arbitrariedad.
Esta tensión afecta de forma directa a varios grupos. Las familias afectadas por el terremoto necesitan que los fondos se traduzcan en vivienda, salud, infraestructura y protección social, no en promesas contables. El sector privado requiere reglas previsibles, seguridad jurídica y un sistema judicial que resuelva controversias sin sesgo político. La diáspora venezolana observa si la apertura ofrece condiciones mínimas para retornar, invertir o recomponer vínculos. Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, advierten que la recuperación no puede construirse sobre expedientes penales todavía abiertos contra personas detenidas por razones políticas.
El TSJ y el CNE son el verdadero examen de la negociación
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recomposición del Consejo Nacional Electoral aparecen como puntos decisivos, no porque toda transición deba resolverse primero en esas instituciones, sino porque allí se definirá si la Mesa modifica la arquitectura del poder o sólo la hace más presentable. Laboratorio de Paz advierte con razón que un tribunal plural no es necesariamente un tribunal independiente, del mismo modo que un organismo electoral con nuevas autoridades no garantiza imparcialidad. El estándar relevante debe incluir idoneidad profesional, trayectoria verificable, publicidad de las postulaciones, participación social, criterios objetivos de selección y posibilidad real de exigir responsabilidades.
La tercera idea es que Venezuela necesita pasar de una lógica de “acuerdos de élite” a una lógica de “reglas resistentes a las élites”. Un acuerdo puede ser útil para desescalar una crisis, pero no debe convertirse en la única fuente de legitimidad. Las reglas democráticas se prueban cuando limitan a los mismos actores que contribuyeron a diseñarlas. Si los negociadores controlan los nombramientos, administran la información y fijan unilateralmente el calendario electoral, el proceso puede ofrecer cooperación política sin producir autonomía institucional.
El calendario electoral ilustra esa diferencia. No alcanza con prometer comicios futuros. Deben definirse fechas, registro electoral, observación nacional e internacional, acceso equitativo a medios, fiscalización del financiamiento, garantías de campaña y mecanismos de publicación rápida y desagregada de resultados. La experiencia venezolana posterior al 28 de julio demuestra que el momento crítico no es sólo votar, sino poder verificar el resultado. Sin actas accesibles y controles independientes, una elección puede funcionar como rito de legitimación de una correlación de fuerzas preexistente.
En este punto chocan intereses legítimos, aunque no equivalentes. Los sectores que apoyan la negociación pueden sostener que exigir simultáneamente todos los cambios arriesga una ruptura y retrasa beneficios inmediatos. Parte de la oposición teme que una confrontación pública excesiva cierre espacios recién abiertos. Del otro lado, activistas, familiares de detenidos y organizaciones civiles sostienen que postergar garantías esenciales normaliza el costo humano de la cautela. El dilema no se resuelve negando una de las partes: requiere distinguir entre flexibilidad táctica en los tiempos y renuncia sustantiva a derechos no negociables.
Los presos políticos no pueden ser una variable de intercambio
La ausencia de una exigencia central de liberación plena de las personas detenidas por motivos políticos es uno de los vacíos más sensibles de la Mesa. Las nuevas excarcelaciones son significativas, pero una liberación condicionada o acompañada por causas judiciales abiertas conserva un efecto disciplinador. El mensaje para la sociedad es claro: se puede recuperar provisionalmente la libertad, pero la amenaza penal permanece disponible para contener la participación, la protesta o la denuncia.
Laboratorio de Paz formula una distinción esencial al afirmar que la liberación de una persona arbitrariamente detenida no es una concesión política, sino una obligación estatal. Esta posición tiene impacto más allá del debate moral. Si las víctimas son tratadas como fichas negociadoras, el Estado conserva la facultad implícita de dosificar derechos según conveniencia política. Si, en cambio, se reconoce que hubo privación arbitraria de libertad, la respuesta debe incluir cierre de procesos infundados, garantías de no repetición, reparación y revisión de responsabilidades institucionales.
También hay un efecto sobre la sociedad organizada. Años de represión, exilio, fragmentación y precariedad redujeron la capacidad de sindicatos, asociaciones vecinales, universidades, medios y organizaciones comunitarias para vigilar decisiones públicas. Una apertura con una ciudadanía exhausta puede ser más fácil de controlar que un cierre autoritario abierto. Por ello, la demanda de participación no es un adorno procedimental: es la condición para que la negociación reciba información sobre daños reales, prioridades territoriales y abusos que las delegaciones políticas pueden ignorar o preferir silenciar.
La tutela de Estados Unidos ofrece resultados, pero también crea dependencia
La influencia estadounidense atraviesa el proceso de manera explícita. Después de años en que los actores nacionales no lograron desbloquear reformas o excarcelaciones, la capacidad de presión de Washington puede aparecer como una oportunidad para obtener concesiones rápidas. Además, Estados Unidos conserva instrumentos de gran alcance: reconocimiento político, sanciones, licencias económicas, cooperación financiera, interlocución con organismos multilaterales y capacidad de condicionar la reinserción externa de Venezuela.
Sin embargo, la eficacia externa no equivale a legitimidad interna. Una tutela prolongada puede incentivar que los actores venezolanos trasladen al exterior las decisiones que deberían disputar, justificar y controlar dentro del país. El riesgo es doble: los sectores oficiales pueden presentar concesiones como exigencias foráneas y eludir responsabilidades propias; los sectores opositores pueden esperar que un actor externo resuelva conflictos para cuya sostenibilidad se necesita organización doméstica. En ambos casos se debilita la apropiación ciudadana de las reglas del nuevo orden.
La controversia será inevitable. Quienes priorizan la estabilización argumentarán que la presión internacional es necesaria para impedir una restauración autoritaria y facilitar recursos. Quienes recelan de la intervención advertirán que ninguna democracia robusta puede depender indefinidamente de decisiones tomadas fuera de sus instituciones. Una salida razonable exige convertir la influencia externa en garantías verificables y temporales, no en sustituto de la voluntad pública venezolana. La cooperación debería reforzar transparencia, asistencia electoral, protección de derechos y recuperación social, evitando convertirse en un mecanismo opaco de reparto de poder.
Los próximos meses definirán si el país sale de la excepción
La evolución del proceso dependerá menos de los anuncios y más de cuatro indicadores concretos. El primero será la publicación de una ruta completa para renovar el TSJ y el CNE, con mecanismos de selección auditables. El segundo será la incorporación efectiva de garantías políticas y civiles, incluida la liberación plena y el cierre de causas arbitrarias. El tercero consistirá en la definición de un calendario electoral verificable antes de que la provisionalidad se transforme en normalidad. El cuarto será el destino de los recursos recuperados: su administración ofrecerá una prueba temprana de transparencia, control social y capacidad estatal.
Hay al menos tres escenarios plausibles. En el más favorable, la Mesa pasa de acuerdos generales a compromisos con plazos, supervisión independiente y participación social; la apertura se convierte entonces en una transición institucional. En un escenario intermedio, se producen mejoras económicas, renovaciones parciales y mayor tolerancia política, pero persisten ventajas estructurales del bloque gobernante y la incertidumbre electoral: sería la “zona gris” descrita por Carothers. En el peor, las demoras, la opacidad y la falta de garantías erosionan la confianza, reactivan la confrontación y convierten la estabilización en una forma distinta de cierre político.
La principal protección frente a ese último desenlace no es la impaciencia ni la fe ciega en los negociadores. Es una sociedad capaz de exigir información, formular una agenda propia y evaluar resultados con criterios públicos. Venezuela puede aprovechar la apertura actual sin confundirla con una democracia ya conquistada. La diferencia entre ambas dependerá de si las reformas producen derechos exigibles, instituciones que resistan la presión del poder y una ciudadanía que no entregue su capacidad de decisión a la urgencia, a las élites o a los actores externos.
