La confirmación judicial de que Autismo Córdoba queda fuera de una ayuda de 1,1 millones de euros no representa únicamente un revés económico para la asociación. También pone en cuestión el calendario de un proyecto asistencial diseñado para responder a una necesidad que las familias consideran insuficientemente cubierta: disponer de un centro de día especializado para personas con trastorno del espectro autista una vez terminado el periodo educativo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cierra, por ahora, la vía abierta contra la resolución administrativa de septiembre de 2024, aunque todavía existe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El caso nace de una convocatoria financiada con fondos europeos Next Generation y dirigida a entidades sin ánimo de lucro para construir o adaptar centros de día y residenciales destinados a personas con discapacidad. Autismo Córdoba obtuvo la condición de primera suplente, una posición que refleja que su propuesta superó parte de la valoración, pero no alcanzó financiación suficiente. La controversia se concentró en el primer criterio de puntuación: la asociación defendía que debían contabilizarse los centros de día dirigidos específicamente a personas con autismo, mientras que la Junta interpretó las bases distinguiendo entre centros de día y centros de día ocupacionales, sin diferenciar por tipo de discapacidad.
Una decisión legal con efectos más allá del expediente
El TSJA no ha avalado necesariamente que la demanda social sea inexistente ni que el proyecto carezca de utilidad. Su decisión se refiere a la interpretación de las bases y concluye que el recurso no puede prosperar porque la asociación sostuvo una lectura subjetiva del criterio de valoración. Esta diferencia es relevante: una resolución judicial desfavorable no equivale a una evaluación negativa de la necesidad asistencial, pero sí consolida el resultado de un procedimiento competitivo y limita las opciones de obtener esa subvención concreta.
Para la administración, el fallo aporta seguridad sobre la aplicación realizada en aquella convocatoria. Si las bases permitían considerar conjuntamente los centros de día para distintas discapacidades, la sentencia puede ser invocada como respaldo de una interpretación homogénea y administrativamente manejable. Sin embargo, el conflicto también revela un riesgo de diseño: cuando una convocatoria utiliza categorías amplias, puede dejar sin reflejar carencias muy específicas. La existencia de un centro genérico no garantiza que ofrezca los apoyos, la estructura profesional o la adaptación sensorial que requiere una persona con autismo.
La eventual casación podría prolongar la incertidumbre, pero no asegura una solución favorable ni una recuperación automática de los fondos. El Tribunal Supremo tendría que apreciar que existe interés casacional y revisar la cuestión en los términos previstos por la ley. Mientras tanto, el proyecto seguiría expuesto a cambios de costes, disponibilidad presupuestaria y condiciones de la parcela municipal cedida en Zoco-Poniente. Cada mes de retraso puede encarecer una construcción, modificar las previsiones de demanda o reducir la capacidad de la asociación para comprometer financiación privada.
Familias ante un servicio necesario y costoso
La consecuencia más inmediata se sitúa en las familias. Autismo Córdoba mantiene un programa privado de vida adulta con 15 usuarios, financiado conjuntamente por los propios hogares y por la entidad. El coste mensual alcanza los 750 euros por usuario y resulta incluso superior para la asociación. La jornada, de 9.00 a 17.00 horas, cumple una función semejante a la de un centro de día, pero su precio introduce una barrera de acceso que no afecta por igual a todos los hogares.
Cuando una familia no puede asumir ese importe, las alternativas se reducen. Puede recurrir a un centro genérico, aunque esa opción no siempre ofrece atención especializada; buscar apoyos informales, con el consiguiente impacto sobre el empleo y la salud de los cuidadores; o mantener a la persona en casa durante parte del día. La primera salida puede aliviar una situación individual, pero si se generaliza corre el riesgo de convertir la inclusión formal en una atención insuficientemente adaptada. La segunda y la tercera trasladan el coste desde el sistema de servicios sociales hacia las familias.
El proyecto aspiraba a concertar 30 plazas, el doble de las que actualmente cubre el programa de vida adulta. Esa ampliación habría permitido reducir el precio directo para algunos usuarios y ofrecer una respuesta más estable a personas que abandonan el sistema educativo. No obstante, la concertación no depende únicamente de construir el edificio: exige financiación pública sostenida, autorización administrativa, profesionales especializados y un modelo de plazas que garantice continuidad. Presentar el centro como solución no debe ocultar que la infraestructura, por sí sola, no resuelve el déficit de apoyos.
El terreno municipal y la alternativa de reformar
La posibilidad de sustituir la parcela cedida por un inmueble ya construido puede convertirse en una salida pragmática. Reformar o ampliar un edificio existente suele acortar plazos y reducir parte de los costes de obra, además de facilitar una búsqueda más rápida de inversores o subvenciones. También podría permitir que el servicio comenzara de forma gradual, con una primera fase de plazas y posteriores ampliaciones según la demanda real.
Pero esa opción no está exenta de riesgos. Un inmueble disponible no siempre reúne las condiciones de accesibilidad, superficie, iluminación, aislamiento acústico, seguridad y distribución necesarias para personas con autismo. Una reforma aparentemente más barata puede generar sobrecostes si aparecen problemas estructurales o si la normativa exige actuaciones profundas. Además, cambiar el terreno municipal por otro activo requeriría acuerdos administrativos y una definición clara de las obligaciones de cada parte: titularidad, mantenimiento, uso del inmueble y destino del servicio en caso de que la asociación no pueda sostenerlo.
La ubicación también tiene una dimensión social. El solar de Zoco-Poniente ofrecía una referencia concreta para planificar transporte, accesos y relación con el entorno. Cambiarlo puede mejorar la proximidad para unas familias y empeorarla para otras. En un servicio diario, los desplazamientos influyen en la asistencia, en el tiempo disponible de los cuidadores y en el coste total del recurso. La selección del edificio alternativo debería valorar estos factores, no solo el precio de la operación.
Una convocatoria que deja lecciones de política pública
La disputa sobre el criterio de puntuación muestra la dificultad de medir las necesidades de la discapacidad con categorías generales. Contar cuántos centros de día existen en una zona puede ser un indicador útil para distribuir recursos, pero pierde precisión si no distingue entre una oferta meramente disponible y otra realmente adecuada para perfiles concretos. Dos centros pueden pertenecer a la misma categoría administrativa y, sin embargo, atender a poblaciones con necesidades muy diferentes.
Para futuras convocatorias, una definición más detallada de las subtipologías podría reducir litigios y mejorar la conexión entre la puntuación y las carencias territoriales. Sería conveniente aclarar desde el inicio si la discapacidad es un factor relevante, cómo se acredita la especialización y qué peso tiene la existencia de plazas efectivamente operativas. También ayudaría publicar ejemplos de aplicación de los criterios y mecanismos de revisión antes de resolver, de modo que las entidades puedan detectar discrepancias sin esperar a la vía judicial.
Existe, no obstante, un equilibrio delicado. Multiplicar categorías puede hacer más complejos los procedimientos y favorecer una fragmentación excesiva de los recursos. La administración necesita reglas comparables para decidir entre proyectos distintos y evitar que cada entidad reclame una valoración exclusiva. El desafío consiste en combinar objetividad con sensibilidad hacia necesidades específicas, sin convertir la convocatoria en un proceso imprevisible ni premiar únicamente a las organizaciones con mayor capacidad técnica para redactar recursos.
El riesgo de que la demanda crezca más rápido
Paqui Suárez advierte de que harán falta más plazas en el futuro por el aumento de diagnósticos de autismo. Esa evolución no implica por sí misma que todas las personas diagnosticadas vayan a necesitar el mismo recurso ni permite proyectar cifras sin datos territoriales precisos. Sí señala, en cambio, que la planificación no puede limitarse a responder a la demanda ya visible. Las personas que hoy están escolarizadas pasarán progresivamente a la etapa adulta, y la falta de previsión puede producir un nuevo cuello de botella.
El riesgo se agrava si las políticas públicas separan educación, empleo, vivienda y servicios sociales sin coordinar sus calendarios. Salir del sistema educativo sin una alternativa diurna puede provocar pérdida de habilidades, aislamiento y mayor dependencia familiar. A largo plazo, esa carencia puede elevar los costes públicos y privados, porque la atención intensiva en el hogar y las respuestas de emergencia suelen ser más caras que un apoyo estable planificado. Un centro específico no debe concebirse como único destino, pero sí como una pieza necesaria dentro de una red diversificada.
También hay una dimensión residencial pendiente. La asociación señala que no existen centros residenciales específicos de autismo en Córdoba. La ausencia de este recurso deja sin respuesta situaciones de envejecimiento de los cuidadores, crisis familiares o necesidades de apoyo permanente. Construir un centro de día puede aliviar la jornada, pero no sustituye una estrategia de vida adulta que incluya empleo protegido o con apoyos, vivienda, ocio, atención sanitaria y servicios de respiro.
Financiación alternativa, entre la oportunidad y la fragilidad
Buscar financiación privada, nuevas subvenciones o acuerdos de concertación puede mantener vivo el proyecto y demostrar que la pérdida de una ayuda no equivale al abandono de la iniciativa. La asociación cuenta con experiencia directa en la gestión del programa y con una demanda identificada, dos activos que pueden facilitar alianzas con empresas, fundaciones o administraciones locales. Un proyecto reformulado sobre un inmueble existente quizá resulte más financiable que una construcción desde cero.
La dependencia de aportaciones privadas, sin embargo, puede generar una estructura inestable. Las donaciones fluctúan, las convocatorias tienen plazos y la financiación de una obra no garantiza los gastos de personal y mantenimiento durante los años siguientes. Si la entidad asume compromisos de construcción sin asegurar el coste operativo, podría afrontar una presión financiera mayor que la actual. La sostenibilidad debería medirse con un presupuesto plurianual, escenarios de ocupación y garantías sobre las plazas concertadas, no solo con la capacidad de reunir el capital inicial.
La evolución del caso dependerá de si Autismo Córdoba recurre en casación, de la respuesta de la Junta y del Ayuntamiento y de la disponibilidad de nuevas líneas de apoyo. Mientras esas decisiones no se concreten, las familias seguirán afrontando un servicio privado caro y la asociación tendrá que equilibrar la continuidad del programa con la búsqueda de un centro propio. La salida más sólida será aquella que combine seguridad jurídica, financiación de obra y funcionamiento, criterios de especialización transparentes y una planificación pública capaz de anticiparse a la vida adulta de las personas con autismo.
