La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central propone reemplazar el mandato múltiple de la entidad por un objetivo único y excluyente: preservar el valor de la moneda. El proyecto parte de la premisa de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y presenta la estabilidad de precios como una meta técnica. Sin embargo, el análisis económico citado advierte que toda política monetaria también distribuye ingresos y riesgos.
Estabilidad con sesgo distributivo
El principal cuestionamiento es que la desinflación podría consolidar una menor participación de los salarios en el producto, junto con niveles más bajos de empleo y actividad. El costo no sería necesariamente transitorio: una inflación de equilibrio menor podría coexistir con salarios reales más débiles y mayores márgenes empresariales. La inflación perjudica especialmente a los hogares de menores ingresos, pero su corrección mediante contracción monetaria trasladaría el ajuste a cada trabajador, sin mecanismos colectivos para recomponer ingresos.
El texto también cuestiona el argumento oficial sobre la independencia del BCRA. La entidad ya es autárquica desde 1992 y no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo. La novedad no sería una independencia operativa inédita, sino un régimen de remoción más exigente para un directorio cuyos integrantes fueron designados en comisión y sin acuerdo del Senado. La asimetría es decisiva: el Ejecutivo puede designar con facilidad, mientras que la destitución exigiría el respaldo de dos tercios de ambas cámaras. Según el análisis, ese diseño podría blindar a las autoridades actuales más que a la institución.
Un riesgo financiero adicional
El proyecto elimina la estabilidad financiera del mandato del Banco Central, aunque mantiene dentro de su estructura la supervisión bancaria y las herramientas de prestamista de última instancia. Esa combinación deja al BCRA con capacidad para asistir a entidades, pero sin un objetivo legal explícito que respalde esas intervenciones, lo que podría aumentar la exposición de sus autoridades a sanciones posteriores.
La crítica sostiene que combatir la inflación requiere coordinar políticas monetarias, fiscales, cambiarias y financieras, además de abordar los cuellos de botella productivos y la restricción externa. Un Banco Central responsable e independiente puede priorizar la estabilidad de precios, pero no debería quedar legalmente impedido de considerar el empleo, el desarrollo y la equidad social.
