La petición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana para impulsar una reforma fiscal profunda no es únicamente una demanda sectorial para pagar menos impuestos. Es la expresión de una tensión acumulada entre tres objetivos que el sistema tributario mexicano no ha logrado equilibrar: recaudar lo suficiente para financiar al Estado, mantener competitivas a las empresas formales y evitar que más negocios y trabajadores se desplacen hacia la economía informal.
Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE de Tijuana, planteó que el próximo paquete fiscal debe abrir una revisión amplia del esquema vigente, con participación del gobierno, la academia y la iniciativa privada. Su diagnóstico parte de dos datos políticos y económicos relevantes: existen gravámenes que las empresas consideran excesivos y la informalidad representa alrededor de 55 por ciento, según su estimación. La combinación de ambos factores revela que el problema no está solamente en el nivel de las tasas, sino en el costo total de pertenecer a la formalidad.
El reclamo empresarial va más allá de una reducción de tasas
La primera precisión necesaria es que el CCE no está cuestionando de la misma manera todos los impuestos. Lyle Fritch señaló que el Impuesto al Valor Agregado es acreditable y, por ello, no constituye necesariamente un costo directo para una empresa que puede trasladarlo y compensarlo correctamente. La presión se concentra en otros gravámenes federales, obligaciones administrativas y cargas que reducen el margen operativo, especialmente cuando una compañía todavía no alcanza escala suficiente.
Esta diferencia es fundamental. Una reducción generalizada del IVA, por ejemplo, tendría efectos fiscales y distributivos muy distintos a una simplificación de declaraciones, una disminución de costos laborales no salariales o un tratamiento más proporcional para las empresas pequeñas. En el primer caso, el gobierno podría perder ingresos significativos sin resolver los obstáculos que mantienen a un micronegocio fuera del registro fiscal. En el segundo, se atacaría el costo estructural que vuelve poco atractiva la formalización.
La discusión también ocurre en un momento de presión sobre los ingresos públicos. Una referencia incorporada en el debate reciente es la caída de 8.4 por ciento en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta respecto del periodo comparable, atribuida a menores pagos empresariales. Aunque una variación de ese tipo puede responder a ciclos económicos, deducciones, utilidades más bajas o cambios temporales en el calendario de pagos, sí envía una señal: elevar la carga nominal no garantiza una recaudación más sólida si la base productiva pierde rentabilidad o encuentra vías para operar parcialmente fuera del sistema.
La informalidad no es un sector homogéneo
Hablar de una informalidad cercana a 55 por ciento suele producir una lectura simplificada: que más de la mitad de la economía evade impuestos por decisión propia. La realidad es más compleja. En ese universo conviven trabajadores por cuenta propia, negocios familiares, unidades productivas que carecen de contabilidad, empresas registradas que subdeclaran parte de sus operaciones y compañías que utilizan esquemas laborales o comerciales informales para reducir costos.
La causa tampoco es exclusivamente fiscal. En algunos casos pesan la inseguridad, la dificultad para obtener crédito, la baja productividad, los costos de permisos municipales, la falta de capacitación y la incertidumbre sobre la demanda. Sin embargo, el sistema tributario puede intensificar todos esos problemas. Cuando una empresa pequeña debe cumplir obligaciones similares, en términos administrativos, a las de una compañía mucho más grande, el incentivo a crecer se debilita. La informalidad funciona entonces como una estrategia de supervivencia, aunque limite el acceso a financiamiento, contratos corporativos, seguridad social y mercados de exportación.
Mi primer planteamiento es que una reforma efectiva debería medirse por el número de empresas que logra incorporar y mantener en la formalidad, no sólo por la recaudación obtenida durante el primer año. Si una medida genera ingresos inmediatos, pero obliga a cerrar a miles de negocios o empuja sus operaciones fuera de los registros, el resultado fiscal puede ser positivo en el corto plazo y negativo en el mediano. La formalización sostenible requiere que el costo de cumplir sea menor que el beneficio de estar dentro del sistema.
Las mipymes enfrentan el punto más frágil del sistema
Las micro, pequeñas y medianas empresas son el centro práctico de la controversia. Su vulnerabilidad no proviene únicamente de pagar impuestos, sino de hacerlo con flujos de efectivo irregulares, poca capacidad de negociación con proveedores y una dependencia mayor de los ingresos del propietario. Durante los primeros años, una empresa puede tener ventas, pero no utilidades suficientes para absorber gastos contables, laborales, regulatorios y financieros.
Para una compañía grande, el costo de contratar especialistas fiscales puede representar una fracción pequeña de sus gastos. Para una tienda, un taller, un restaurante o un proveedor industrial de reciente creación, esa misma obligación puede significar horas de trabajo del dueño, pagos externos y riesgos de sanción por errores formales. La diferencia no siempre está en la tasa efectiva, sino en la capacidad para entender y administrar el sistema.
En Baja California, esta situación tiene una dimensión adicional. Tijuana opera en una economía fronteriza sometida a la competencia de Estados Unidos, a variaciones del tipo de cambio y a cadenas de suministro que exigen estándares de facturación, trazabilidad y cumplimiento. Una empresa local que no puede documentar sus operaciones queda excluida de proveedores de mayor tamaño, mientras que otra que sí cumple enfrenta costos superiores frente a competidores informales. La reforma fiscal, por tanto, también es una cuestión de productividad regional.
El segundo planteamiento es que la política tributaria debería distinguir entre evasión deliberada y baja capacidad administrativa. No significa perdonar incumplimientos ni crear una puerta para el fraude, sino diseñar escalones de cumplimiento. Un régimen sencillo para empresas de muy baja facturación, con declaraciones prellenadas, pagos proporcionales y acompañamiento digital, podría tener mejores resultados que un esquema uniforme acompañado por auditorías punitivas. La tecnología fiscal ya permite una interacción más automática; el desafío es utilizarla para reducir burocracia y no sólo para aumentar vigilancia.
El gobierno enfrenta una disyuntiva de ingresos
Desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, una reforma que reduzca cargas debe responder una pregunta difícil: ¿cómo compensar la eventual pérdida de recaudación? México mantiene necesidades elevadas de gasto en infraestructura, salud, seguridad, educación y programas sociales. Además, la dependencia de los ingresos petroleros ha disminuido, lo que vuelve más importante la recaudación tributaria no petrolera.
Por eso, la discusión empresarial puede encontrar resistencia si se interpreta como una exigencia de recortes sin una propuesta para ampliar la base. El gobierno podría sostener que el problema no son las tasas, sino el incumplimiento y los privilegios fiscales. También podría argumentar que las empresas se benefician de infraestructura, protección jurídica y programas públicos, por lo que deben asumir una contribución suficiente.
El sector privado, por su parte, puede responder que la certeza y la eficiencia del gasto importan tanto como el monto recaudado. Una empresa acepta con mayor facilidad una carga tributaria cuando percibe reglas estables, trámites previsibles y servicios públicos que reducen sus costos. Cuando el cumplimiento no se traduce en seguridad, movilidad, justicia comercial o infraestructura confiable, el impuesto se percibe como un costo aislado. Esa percepción no justifica la evasión, pero ayuda a explicar por qué la legitimidad del sistema es parte de la política recaudatoria.
La academia tiene un papel que no debería reducirse a validar una propuesta ya definida. Puede aportar evaluaciones de impacto que comparen distintas alternativas: reducir tasas para ciertos segmentos, ampliar deducciones vinculadas a inversión, simplificar obligaciones, aumentar inspecciones o mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Sin esa medición, la reforma corre el riesgo de convertirse en una negociación política basada en presiones sectoriales y no en resultados verificables.
La frontera muestra el costo de una regla mal calibrada
El caso de Tijuana permite observar una contradicción frecuente: las autoridades buscan atraer inversión y formalizar actividades, pero los negocios locales pueden quedar sometidos a un entramado de obligaciones que no corresponde con su tamaño. En una ciudad conectada con mercados internacionales, el tipo de cambio modifica el costo de insumos y deuda; la inflación afecta salarios y consumo; y las condiciones financieras determinan si una empresa puede invertir o sólo sobrevivir.
La recomendación de Lyle Fritch para que los empresarios utilicen herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y análisis de inflación, tipo de cambio y condiciones financieras es pertinente, aunque insuficiente por sí sola. La digitalización mejora la planeación, permite detectar fugas de efectivo y facilita la facturación, pero no compensa una estructura fiscal desproporcionada. Una empresa puede tener mejores pronósticos y aun así cerrar si sus costos obligatorios superan su margen operativo.
La inteligencia artificial también puede generar una brecha nueva. Las empresas grandes tienen recursos para automatizar inventarios, elaborar proyecciones y revisar riesgos fiscales; muchas microempresas apenas cuentan con un teléfono y una conexión irregular. Si la modernización tributaria se diseña suponiendo que todos poseen las mismas capacidades digitales, la tecnología podría formalizar a quienes ya estaban preparados y dejar atrás a los negocios más vulnerables.
Tres rutas posibles para el próximo paquete fiscal
El debate podría orientarse hacia una reforma de tasas, una reforma de administración o una reforma de base. La primera es la más visible, pero no necesariamente la más eficaz. Bajar impuestos sin mejorar la fiscalización y sin eliminar costos regulatorios puede producir un alivio limitado. La segunda, centrada en trámites y herramientas digitales, puede reducir el incumplimiento, aunque sus resultados dependerán de que las plataformas funcionen y de que la autoridad ofrezca atención efectiva. La tercera busca incorporar nuevas actividades y sectores a la base, pero exige coordinación y una estrategia gradual para no castigar a quienes apenas comienzan a formalizarse.
Una combinación razonable incluiría un régimen de transición para nuevas empresas, incentivos temporales a la inversión productiva, deducciones claras para capacitación y tecnología, y obligaciones simplificadas según el nivel real de ingresos. A cambio, la autoridad tendría que establecer controles más precisos contra empresas que utilizan la informalidad como ventaja competitiva permanente. La progresividad no debe convertirse en impunidad ni la fiscalización en una barrera de entrada.
El tercer planteamiento es que la reforma debe separar el apoyo a las mipymes de los beneficios para corporaciones con capacidad de planificación fiscal. Un incentivo general puede terminar favoreciendo a quienes ya cuentan con asesores, liquidez y departamentos especializados. Para que el alivio sea efectivo, habría que condicionarlo a variables verificables como generación de empleo formal, inversión, capacitación, permanencia de la empresa y cumplimiento sostenido. Así se evitaría que una reducción de carga se convierta simplemente en un aumento de márgenes para compañías que no necesitan apoyo.
Los riesgos de una reforma incompleta
El primer riesgo es fiscal. Si se reducen impuestos sin ampliar la base ni controlar la evasión, el gobierno tendrá menos espacio presupuestario y podría compensarlo con deuda, recortes o nuevos gravámenes. El segundo es competitivo: si las empresas formales reciben mayores cargas mientras los negocios informales permanecen fuera del radar, la política pública terminará premiando el incumplimiento. El tercero es administrativo: una reforma con demasiadas excepciones puede hacer el sistema más complejo, justo lo contrario de lo que reclaman las empresas.
También existe un riesgo político. El gobierno y el sector privado podrían presentar posiciones irreconciliables, con el primero defendiendo la recaudación y el segundo denunciando asfixia fiscal. Ese choque suele producir cambios parciales, negociados por grupos con mayor capacidad de presión, mientras las unidades económicas más pequeñas quedan sin representación real. La inclusión de la academia y de organizaciones de emprendedores sería relevante para evitar que la discusión se limite a las grandes cámaras empresariales.
En los próximos meses, la señal más importante no será únicamente si se anuncia una baja o un aumento de algún impuesto. Será saber si el paquete fiscal incorpora metas de formalización, indicadores de supervivencia de mipymes, reducción de costos de cumplimiento y evaluación pública de resultados. Sin esos parámetros, cualquier reforma podrá proclamarse como modernizadora sin demostrar que mejora la relación entre el Estado y quienes producen.
México necesita recaudar más y mejor, pero esas dos metas no son equivalentes a cobrar más a los contribuyentes que ya cumplen. La advertencia del CCE de Tijuana pone el foco en una realidad que la política fiscal suele posponer: la competitividad, la formalidad y la recaudación forman parte del mismo problema. Si el próximo paquete fiscal sólo modifica porcentajes, perderá la oportunidad de corregir los incentivos que mantienen a millones de actividades económicas en la periferia del sistema. Si, en cambio, logra reducir la complejidad, proteger la inversión pequeña y perseguir con mayor precisión el incumplimiento deliberado, la reforma podría convertirse en una herramienta de crecimiento y no sólo en otra ronda de ajustes tributarios.
