El Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, cuya aplicación para los importadores se prevé a partir de finales de diciembre, puede producir un efecto más amplio que el limitado a las mercancías que entren en el mercado comunitario. Un estudio de la organización sin ánimo de lucro Trase sostiene que numerosas compañías cafeteras tendrán incentivos económicos para aplicar las exigencias europeas a toda su cadena de suministro, incluidos los granos destinados a países ajenos a la UE.
Una regla europea con alcance comercial internacional
La norma obliga a los importadores a demostrar que productos como el café no proceden de terrenos deforestados. Para ello, deberán identificar el origen de las materias primas hasta la parcela en la que fueron cultivadas y presentar procedimientos de diligencia debida. La obligación no se limita a una declaración general de sostenibilidad: exige datos de geolocalización y mecanismos que permitan vincular cada envío con su zona de producción.
En teoría, esta arquitectura regulatoria solo alcanza a las importaciones europeas. Sin embargo, Trase observa que el peso de Europa en el comercio cafetero y la estructura de las grandes empresas pueden convertir ese límite jurídico en una influencia operativa global. La UE absorbe cerca del 40% de las importaciones mundiales de café, pero las compañías que la abastecen gestionan casi el 80% de los envíos mundiales. La distancia entre ambas cifras revela que los principales intermediarios trabajan simultáneamente para Europa y para otros destinos.
El coste de separar cadenas puede superar el de unificar controles
El argumento central del estudio es económico. Para una empresa que envía una parte elevada de su volumen a la UE, mantener dos sistemas independientes —uno trazable y sujeto a controles reforzados para Europa, y otro menos exigente para el resto del mundo— puede implicar duplicar procesos de compra, almacenamiento, documentación, verificación y gestión de riesgos. En esas condiciones, extender un solo estándar a todos los proveedores puede resultar más eficiente.
Trase cita casos que ilustran esa exposición. JDE Peet’s destina el 84% de sus granos a la Unión Europea. Entre las grandes comercializadoras, Louis Dreyfus envía el 63% de su café al bloque y Neumann Gruppe, el 53%. Para operadores con esas proporciones, la trazabilidad deja de ser una obligación marginal vinculada a una línea de negocio concreta y pasa a afectar la organización completa de sus abastecimientos.
Esta posible homogeneización no significa que todas las empresas adoptarán automáticamente las normas europeas en todos los mercados. Algunas podrán mantener circuitos diferenciados, sobre todo cuando compren a proveedores muy distintos o trabajen con destinos que demanden calidades y certificaciones específicas. Pero el estudio plantea que la segregación no debe considerarse un desenlace inevitable. La decisión dependerá de los costes relativos, del grado de integración de cada compañía y de la capacidad tecnológica para rastrear los lotes.
La crítica sobre los pequeños productores queda bajo presión
El reglamento ha recibido críticas de exportadores y organizaciones que temen una exclusión de pequeños caficultores, especialmente en áreas rurales remotas. La preocupación es concreta: si un productor no puede aportar coordenadas fiables, documentos de propiedad o registros de sus ventas, los compradores podrían evitar adquirir su cosecha para reducir el riesgo de incumplimiento. En ese escenario, la exigencia ambiental podría reforzar la concentración del comercio en fincas y regiones con mayores recursos administrativos.
La lectura de Trase introduce un matiz relevante. Si grandes compradores generalizan estándares de trazabilidad para todos sus mercados, las inversiones en registro, asistencia técnica y sistemas de seguimiento podrían alcanzar a un universo de productores mayor que el estrictamente requerido para vender a Europa. Eso no resuelve por sí mismo las barreras de acceso: la tecnología, la conectividad y el coste de la verificación siguen siendo obstáculos reales. Pero sí modifica la lógica según la cual las cadenas separadas serían la única respuesta empresarial posible.
La prueba estará en quién asume el coste de la transición
El efecto ambiental del reglamento dependerá menos de la existencia formal de la norma que de la distribución de sus costes. Si las grandes tostadoras y comercializadoras trasladan las obligaciones documentales hacia los productores sin apoyo financiero ni técnico, los agricultores de menor escala seguirán en desventaja. Si, en cambio, las empresas utilizan su capacidad de compra para financiar mapas de parcelas, sistemas compartidos de datos y programas de acompañamiento, la trazabilidad puede convertirse en una herramienta de inclusión comercial y no solo en un filtro de acceso.
La cuestión es relevante porque la deforestación es la segunda causa principal del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles. La Unión Europea pretende que su regulación contribuya a frenar el 10% de la deforestación mundial asociada a sus importaciones. El café no resolverá por sí solo ese problema, pero su cadena comercial ofrece una prueba decisiva: muestra hasta qué punto una regla de acceso a un gran mercado puede elevar las prácticas de abastecimiento globales o, por el contrario, desplazar los riesgos ambientales hacia mercados con controles menos estrictos.
