Las patronales UNAV-FETAVE y Gebta han recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la licitación de casi 605 millones de euros destinada a gestionar los desplazamientos de la Administración General del Estado. El recurso eleva la presión sobre un concurso estratégico para ministerios y organismos públicos, cuya ejecución depende de una red de intermediación especializada.
Habilitación y costes bajo discusión
UNAV-FETAVE centra su objeción en la falta de una referencia expresa a la habilitación empresarial requerida para prestar servicios de agencia de viajes. A su juicio, los pliegos deben identificar con claridad la normativa sectorial aplicable. La cuestión no es menor: delimitar quién puede concurrir fija las condiciones de competencia y evita que la contratación pública rebaje exigencias profesionales que el sector considera obligatorias.
Gebta añade reproches de mayor alcance. Denuncia una estructura de costes insuficientemente justificada, descuentos lineales en tarifas aéreas que considera ilegales y prestaciones técnicas que resultarían inviables con las prácticas actuales del transporte. También advierte de posibles choques con la normativa de protección de datos, seguros y el reglamento de IATA. El argumento de fondo es que una licitación de gran volumen no puede trasladar a las agencias obligaciones que dependan de aerolíneas, aseguradoras u otros operadores.
El precedente aumenta la relevancia del recurso. En 2025, Gebta ya impugnó un acuerdo marco similar, que finalmente quedó desierto tras no recibir ofertas. Si el nuevo diseño no corrige los puntos cuestionados, el Estado afronta el riesgo de repetir un proceso sin competencia efectiva. La resolución del TACRC determinará si el contrato mantiene sus condiciones o debe reformularse antes de atraer propuestas viables.
