El cambio más relevante en el mercado mexicano de remesas ya no es únicamente cuánto dinero llega desde el exterior, sino por qué canal entra a los hogares. Durante el primer semestre de 2026, 53.3% de las remesas electrónicas recibidas en México se depositó directamente en cuentas bancarias, frente a 50.4% en todo 2025, según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), con base en cifras del Banco de México. Por primera vez, el depósito en cuenta desplazó al pago en efectivo como principal vía de recepción de estas transferencias.
La cifra representa una transformación acelerada. En 2020, apenas 18.8% de las remesas electrónicas llegaba mediante depósito bancario; el indicador subió a 21.7% en 2021 y, desde entonces, aumentó a un ritmo mucho más intenso hasta rebasar la mitad del total. No se trata de un ajuste estadístico menor: en seis años, la participación del depósito en cuenta se multiplicó casi por tres, alterando la relación entre millones de familias receptoras, empresas remesadoras, bancos y autoridades financieras.
El giro no proviene sólo de más depósitos, sino de menos efectivo
La lectura central de los datos del Cemla es que la transición se explica por dos movimientos simultáneos. Al cierre de 2025, las remesas depositadas en cuenta sumaron 30,866 millones de dólares, mientras que las destinadas a pago en efectivo alcanzaron 30,331 millones. En comparación con el año previo, los recursos para cobro en efectivo disminuyeron en 5,310 millones de dólares, caída parcialmente compensada por un aumento de 2,371 millones en los depósitos bancarios.
La tendencia continuó al inicio de 2026. Entre enero y junio, las remesas para pago en efectivo fueron 728 millones de dólares menores que en el mismo periodo de 2025, al tiempo que las depositadas en cuenta crecieron en 1,669 millones. Esta combinación importa porque evita una interpretación simplista: la bancarización no está avanzando exclusivamente por la expansión del flujo total de remesas, sino por una sustitución concreta de un canal de entrega por otro.
Ese desplazamiento puede reflejar una mejor oferta de productos financieros y una mayor familiaridad digital de los receptores, pero también cambios operativos en la industria. Para una empresa remesadora, enviar recursos a una cuenta puede reducir la dependencia de una red física de pagadores, disminuir costos asociados al manejo de efectivo y ofrecer mayor trazabilidad. Para un banco, cada depósito abre la posibilidad de captar a una persona que antes mantenía una relación esporádica o inexistente con el sistema financiero formal.
La remesa deja de ser sólo liquidez para convertirse en historial financiero
El efecto más profundo no reside en que el dinero se guarde temporalmente en una cuenta. La diferencia sustantiva es que una transferencia recurrente y registrada puede convertirse en información financiera. Si un hogar recibe remesas con una periodicidad previsible, el intermediario puede observar frecuencia, montos y estabilidad de los ingresos. Ese historial, aunque no equivale automáticamente a una nómina ni elimina los criterios de riesgo crediticio, puede ampliar la capacidad de evaluar a personas que tradicionalmente han quedado fuera del crédito formal.
En este punto se ubica una de las principales oportunidades económicas del cambio. Las remesas suelen cubrir gasto corriente, alimentación, salud, educación, vivienda y obligaciones familiares. Cuando llegan en efectivo, su uso puede ser legítimo y necesario, pero queda fuera de la infraestructura que permite crear ahorro programado, pagos recurrentes o referencias para productos financieros. Depositadas en cuenta, pueden facilitar instrumentos de bajo saldo, seguros, transferencias nacionales, pagos de servicios y eventualmente crédito para mejoramiento de vivienda o micronegocios.
La posibilidad no debe confundirse con una garantía. Un flujo de remesas depende de la situación laboral y migratoria de quien envía el dinero desde el exterior, por lo que puede ser menos estable que una relación laboral local. Además, el crédito otorgado contra remesas mal evaluadas podría elevar el sobreendeudamiento de hogares de bajos ingresos. La utilidad del historial bancario dependerá de modelos que reconozcan tanto la regularidad de los depósitos como la volatilidad potencial de esa fuente de recursos.
Una inclusión financiera con fuerte dimensión de género
El Cemla subraya que cerca de dos tercios de los receptores de remesas en México son mujeres. Bajo esa composición, el paso del efectivo a la cuenta tiene una dimensión que va más allá de la eficiencia de pagos: puede ampliar la autonomía económica de receptoras que administran el presupuesto familiar, particularmente en localidades donde el acceso a servicios financieros ha sido limitado.
Una cuenta a nombre de la receptora puede reducir desplazamientos para cobrar dinero, evitar la concentración de efectivo en el hogar y permitir pagos o transferencias sin intermediación de terceros. En contextos rurales o en comunidades con condiciones de inseguridad, esas ventajas son concretas. Tener efectivo disponible puede exponer a las familias a robo, extorsión o presión para gastarlo de inmediato; una cuenta no elimina esos riesgos, pero ofrece mecanismos de resguardo y de administración que el efectivo no proporciona.
Sin embargo, tampoco debe asumirse que toda cuenta equivale a empoderamiento. La titularidad formal puede coexistir con control económico ejercido por otras personas del hogar. Las barreras de conectividad, alfabetización digital, distancia a sucursales y costos de retiro pueden impedir que una cuenta sea realmente útil. La inclusión financiera con enfoque de género exige productos comprensibles, atención accesible, mecanismos de reclamación eficaces y condiciones que permitan a las usuarias decidir sobre sus recursos.
Los bancos ven depósitos; los hogares buscan certidumbre
Para las instituciones financieras, la expansión de los depósitos por remesas fortalece la captación y amplía la base de clientes. Más recursos en cuentas incrementan los depósitos del sistema y, en teoría, facilitan la canalización de crédito hacia hogares, pequeñas empresas y otros sectores productivos. Desde una óptica macroeconómica, una mayor participación de las familias en el sistema bancario también puede mejorar la transmisión de la política monetaria: los cambios en tasas de interés llegan con mayor claridad a quienes ahorran, se endeudan o realizan pagos mediante instituciones formales.
Pero los incentivos de bancos y hogares no son idénticos. Para una familia receptora, la cuenta será preferible si ofrece disponibilidad inmediata, comisiones bajas, cercanía física o digital y certeza de que el dinero puede retirarse cuando haga falta. Para el banco, la rentabilidad puede depender de vender servicios adicionales o convertir los saldos en una relación de largo plazo. El reto regulatorio consiste en impedir que la bancarización de las remesas se traduzca en cuentas de baja utilidad, cargos opacos o productos de crédito ofrecidos a clientes que aún no cuentan con capacidad de pago suficiente.
También hay una cuestión de competencia. Las empresas de transferencias, los bancos, las fintech y las cooperativas de ahorro disputan el punto de entrada a una masa de recursos que supera decenas de miles de millones de dólares al año. Las instituciones que logren combinar redes locales, aplicaciones sencillas, validación de identidad y bajos costos pueden capturar una parte creciente de esta relación. La ventaja no necesariamente será de los bancos más grandes: entidades con presencia territorial y conocimiento de comunidades receptoras pueden tener una posición relevante, siempre que cumplan estándares de protección al usuario y prevención de operaciones ilícitas.
La trazabilidad mejora, pero no sustituye la vigilancia
Una de las razones más sólidas para favorecer el depósito en cuenta es la trazabilidad. El recurso deja un registro verificable sobre su recepción y sus movimientos posteriores, lo que facilita la supervisión y reduce el espacio para que ciertas operaciones permanezcan fuera del radar financiero. El Cemla plantea que la formalización de los flujos disminuye la posibilidad de que se vinculen con actividades ilícitas. La afirmación debe entenderse con precisión: el registro financiero reduce opacidad, pero no convierte por sí solo cada operación en una transacción libre de riesgo.
La expansión de estos canales obliga a reforzar controles proporcionales. Los sistemas de prevención de lavado de dinero deben detectar patrones inusuales sin bloquear indebidamente transferencias familiares legítimas. Un exceso de requisitos documentales puede excluir a receptores con baja escolaridad financiera o con dificultades para actualizar datos; controles laxos, en cambio, pueden abrir espacio para cuentas usadas como vehículos de dispersión. El equilibrio requiere tecnología, capacitación de personal y reglas claras para resolver bloqueos o aclaraciones sin dejar a los hogares sin acceso a recursos esenciales.
La ciberseguridad será otra prueba decisiva. El tránsito hacia cuentas y aplicaciones traslada una parte del riesgo desde el robo físico hacia fraudes digitales, suplantación de identidad, llamadas engañosas y accesos no autorizados. Para usuarios que comienzan a operar servicios financieros digitales, una pérdida ocasionada por fraude puede erosionar rápidamente la confianza y devolver la preferencia al efectivo. La bancarización sostenible necesita educación financiera práctica, autenticación robusta y procesos de devolución que no castiguen al usuario por la complejidad técnica del sistema.
El efectivo no desaparecerá al mismo ritmo en todo el país
El avance hasta 53.3% no significa que el efectivo haya dejado de ser relevante. Casi 47 de cada 100 dólares de remesas electrónicas todavía se reciben mediante pago en efectivo. Esa proporción revela que persisten segmentos para los cuales la cuenta bancaria no es la opción más conveniente o accesible. En municipios con cobertura financiera limitada, conectividad intermitente, baja confianza institucional o alta necesidad de liquidez inmediata, las ventanillas y corresponsales seguirán cumpliendo una función esencial.
La política pública y las estrategias empresariales enfrentan, por tanto, un riesgo de diseño: tratar el efectivo como un problema que debe eliminarse rápidamente podría excluir a quienes no tienen infraestructura o capacidades para operar una cuenta. La transición más eficaz será gradual y basada en incentivos, no en restricciones abruptas. Cuentas sin comisiones desproporcionadas, retiros cercanos, interfaces en lenguaje claro, atención presencial y productos vinculados a necesidades reales pueden hacer más por acelerar el cambio que una simple campaña de digitalización.
La calidad de la inclusión también debe medirse. El indicador de depósitos en cuenta es útil, pero incompleto si no se sabe cuántas cuentas permanecen activas, cuánto dinero se conserva después de recibir la remesa, qué proporción de usuarios enfrenta cobros y si los productos adicionales generan bienestar o endeudamiento. Una cuenta abierta únicamente para retirar el dinero el mismo día representa un avance en trazabilidad, pero una integración financiera limitada. El siguiente paso de la medición debería distinguir entre recepción formal, uso recurrente y acceso efectivo a servicios adecuados.
La próxima fase dependerá del entorno migratorio y de la confianza
La tendencia permite anticipar que el depósito en cuenta mantendrá una participación creciente en los próximos años, especialmente si las plataformas digitales y las redes de corresponsales reducen fricciones. El margen de avance sigue siendo amplio porque el pago en efectivo conserva una presencia considerable. No obstante, la velocidad no dependerá sólo de las decisiones de la banca mexicana. Las remesas están vinculadas al empleo, los salarios, las políticas migratorias y las condiciones económicas de los países desde los que se envían, principalmente Estados Unidos.
Una desaceleración económica, un endurecimiento de la política migratoria o mayores costos de envío podrían afectar los montos disponibles para los hogares mexicanos. En ese escenario, una base más bancarizada podría ayudar a las familias a administrar mejor recursos escasos, pero también revelaría el riesgo de depender de depósitos externos para sostener obligaciones financieras permanentes. Los intermediarios deberán evitar tratar las remesas como ingresos ilimitados o invariables al diseñar créditos y productos de ahorro.
El umbral de 53.3% marca, en realidad, el comienzo de una discusión más exigente. México ha logrado que el principal flujo de ingreso externo de muchos hogares entre cada vez más por canales formales. La prueba siguiente será convertir esa formalización en seguridad, capacidad de ahorro, crédito prudente y autonomía para los receptores, sin encarecer el acceso ni desplazar a quienes todavía necesitan efectivo. La magnitud de las remesas vuelve esta tarea relevante no sólo para la banca, sino para la estabilidad cotidiana de millones de familias y para la profundidad financiera de la economía mexicana.
