La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la renovación por seis meses del acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para mantener acotados los precios de la gasolina regular y el diésel. La medida, anticipada el 20 de agosto, busca limitar el traslado de la volatilidad petrolera internacional al bolsillo de los consumidores y sostener una referencia de precios que el Gobierno considera relevante para combatir la inflación y la carestía.
Tras la firma en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que el entendimiento respalda la economía y el bienestar de las familias mexicanas. El acuerdo no fija un precio único obligatorio para todas las estaciones, sino que establece compromisos de la cadena de suministro para que la gasolina regular se comercialice por debajo de 24 pesos por litro y el diésel conserve una referencia inferior a 27 pesos.
Un mecanismo que reparte el esfuerzo
El funcionamiento del pacto descansa en una coordinación tripartita entre el Gobierno federal, los dueños de estaciones de servicio y los comercializadores e importadores. La Secretaría de Hacienda reduce o modula el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS; los gasolineros ajustan sus márgenes de intermediación, y los proveedores participan ofreciendo combustibles por debajo de determinados precios de referencia.
Mauricio Jesús González Puente, economista energético de Grupo ABC y representante del sector presente en la firma, explicó que el mecanismo contempla incluso la posibilidad de retirar temporalmente el IEPS si los precios internacionales del petróleo registran aumentos sustanciales. Esta arquitectura permite repartir el impacto de los choques externos, pero también revela que el precio final depende de concesiones de varios actores, no sólo de una decisión administrativa.
La distancia entre el mercado y la referencia oficial
Los cálculos expuestos por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, muestran la dimensión de esa intervención. Sin estímulos fiscales, la gasolina regular alcanzaría 27.20 pesos por litro, 13.3 por ciento por encima de la referencia de 24 pesos. En el caso del diésel, el precio sería de 30.07 pesos, 11.4 por ciento superior al límite acordado de 27 pesos por litro.
Incluso con estímulos fiscales, el promedio calculado para la gasolina regular se ubicaría en 25.61 pesos por litro y el del diésel en 27.36 pesos. Para llegar a los objetivos anunciados, las estaciones deben absorber una reducción adicional de 1.61 pesos por litro en gasolina regular y de 0.36 pesos en diésel mediante sus márgenes. La diferencia evidencia que el acuerdo opera como una política de contención compartida: el alivio fiscal por sí solo no alcanza para cumplir la referencia.
La factura para las finanzas públicas
La estabilidad en los precios tiene una contraparte directa en la recaudación. Entre enero y julio, los ingresos por IEPS de gasolinas y diésel sumaron 246 mil 871 millones de pesos, una baja real anual de 2.1 por ciento, según Hacienda. Durante julio, la captación fue de 26 mil 982 millones de pesos, el nivel más bajo desde marzo de 2025.
La menor recaudación no equivale automáticamente a una pérdida neta de la misma magnitud, pues el Estado también recibe ingresos relacionados con la actividad petrolera. Sin embargo, González Puente advirtió que esos recursos no necesariamente compensan por completo la disminución tributaria. El desafío fiscal consiste en sostener el escudo contra los precios sin comprometer recursos destinados a otras obligaciones públicas, especialmente si la volatilidad internacional se prolonga.
Inflación, transporte y márgenes de maniobra
El Gobierno defiende el acuerdo como una herramienta contra las presiones inflacionarias derivadas de conflictos en Medio Oriente y de las variaciones del crudo. Los combustibles inciden de forma transversal en el costo del transporte de mercancías, la movilidad de los hogares y las operaciones de sectores como el agro, la construcción y la distribución. El diésel es particularmente sensible porque su precio impacta la logística y, con rezago, puede trasladarse a alimentos y bienes básicos.
No obstante, mantener una referencia baja durante un periodo prolongado exige que los márgenes de cada eslabón sigan siendo viables. Si aumentan los costos de importación, transporte, almacenamiento o tipo de cambio, la presión sobre comercializadores y estaciones puede intensificarse. El carácter voluntario del acuerdo permite flexibilidad, pero obliga al Gobierno a vigilar su cumplimiento y a conservar interlocución con un sector heterogéneo, donde no todas las empresas enfrentan las mismas condiciones operativas.
El siguiente frente: pagos sin efectivo
Durante el encuentro con el sector, Sheinbaum planteó avanzar en los próximos meses hacia la eliminación del uso de efectivo en las estaciones de servicio. La propuesta abre una discusión distinta a la de los precios: busca modificar la trazabilidad de las operaciones, reducir riesgos asociados al manejo de efectivo y profundizar la formalización de un mercado donde la supervisión fiscal y comercial es estratégica.
La ampliación del acuerdo hasta febrero de 2027 da previsibilidad temporal a consumidores y operadores, pero no elimina la dependencia de variables externas. Su resultado se medirá en tres planos: la estabilidad efectiva del precio en las estaciones, la capacidad de los participantes para sostener sus compromisos y el costo acumulado que la política represente para la hacienda pública.
