Las familias LeBarón presentaron el 15 de julio de 2026 una moción ante el juez Brian M. Cogan del Distrito Este de Nueva York para preservar su derecho a reclamar activos bloqueados de Ismael Zambada tras su acuerdo de culpabilidad. La solicitud se basa en una sentencia de compensación obtenida en 2022 contra el Cártel de Juárez y en la Ley TRIA de 2002, que permite ejecutar fallos contra bienes de organizaciones terroristas o sus instrumentos. Aunque la petición no aporta evidencia directa de que Zambada ordenara la masacre del 4 de noviembre de 2019, los abogados argumentan que el líder del Cártel de Sinaloa actuó como agente de esa organización.
El peso de los 15 mil millones en la estrategia legal
El acuerdo de Zambada incluye un decomiso de 15 mil millones de dólares. Esta cifra representa el principal incentivo para las familias, ya que el gobierno debe recibir un estado financiero completo antes de la audiencia de sentencia del 20 de julio. Los abogados de Motley Rice solicitan acceso limitado a ese documento bajo sello judicial para identificar posibles bienes sustitutos. Esta petición introduce un precedente en casos donde víctimas civiles intentan acceder a recursos decomisados en procedimientos penales federales sin haber participado en la acusación original.
La propuesta gubernamental del 13 de julio otorga al Departamento de Justicia control exclusivo sobre los pagos, lo que excluye a terceros de objetar. Las familias responden que esta exclusión contradice la garantía previa del juez Cogan de preservar sus derechos de ejecución. El conflicto revela una tensión estructural entre la eficiencia prosecutora y el derecho de víctimas a obtener reparación económica real.
Postura de las víctimas frente al monopolio estatal
Las familias LeBarón sostienen que el gobierno no puede apropiarse unilateralmente de recursos que podrían satisfacer sentencias civiles previas. Su argumento se apoya en que la sentencia de 2022 ya estableció responsabilidad del Cártel de Juárez por el ataque, por lo que cualquier activo vinculado indirectamente podría servir como fuente de pago. Esta posición plantea que la justicia penal no debe anular automáticamente los derechos civiles de reparación cuando existe superposición de hechos.
El gobierno y la protección de activos decomisados
El Departamento de Justicia defiende que la orden de decomiso es personal contra Zambada y no genera derechos para terceros sobre bienes específicos. Según su interpretación, permitir objeciones de víctimas abriría la puerta a múltiples reclamaciones que retrasarían la ejecución de penas económicas. Esta postura prioriza la recuperación de fondos para el erario federal por encima de compensaciones individuales, aunque ignora que las familias ya cuentan con una sentencia firme desde 2022.
El vínculo con el Cártel de Juárez y sus límites probatorios
El escrito de Motley Rice describe a Zambada como posible “agente o instrumento” del Cártel de Juárez sin presentar evidencia operativa de coordinación en la masacre. Esta formulación legal busca encajar dentro de los requisitos de TRIA, pero enfrenta un obstáculo alto: la ausencia de prueba directa de financiamiento o dirección del ataque. Los tribunales probablemente exigirán un nexo más concreto antes de autorizar el embargo de activos de Sinaloa para pagar una sentencia contra Juárez.
Precedentes y riesgos de expansión de TRIA
Si el juez Cogan autoriza la investigación limitada solicitada, se sentaría un precedente que permitiría a víctimas de violencia relacionada con cárteles acceder a bienes decomisados en casos penales paralelos. Sin embargo, el riesgo de dilución de la ley TRIA es real: una aplicación excesivamente amplia podría convertirla en herramienta de litigio civil masivo contra cualquier organización criminal con activos en Estados Unidos. Los casos futuros dependerán de la capacidad de las víctimas para demostrar que el narcotraficante actuó como instrumento de la organización señalada en la sentencia original.
Escenarios tras la audiencia del 20 de julio
La decisión de Cogan podría limitarse a autorizar la entrega del estado financiero bajo protección judicial, sin resolver aún la reclamación de activos. En ese caso, las familias obtendrían información clave pero enfrentarían un proceso posterior de identificación y embargo que podría extenderse años. Alternativamente, si el tribunal rechaza la moción, las víctimas perderían la oportunidad de reclamar bienes de Zambada y tendrían que buscar otras fuentes de compensación fuera del sistema federal de decomiso.
El resultado también influirá en cómo otros grupos de víctimas de ataques atribuidos a cárteles mexicanos estructuren sus demandas. Una resolución favorable incentivaría solicitudes similares; una desfavorable reforzaría el control exclusivo del gobierno sobre los recursos decomisados y reduciría las expectativas de reparación económica para civiles afectados por la violencia transfronteriza.
