La discusión sobre el Senado bonaerense volvió a instalarse con fuerza porque ya no gira solo en torno a la cantidad de sesiones o al tamaño de la planta política, sino a una pregunta más profunda: qué valor institucional conserva una Legislatura que consume recursos crecientes en una provincia con déficits estructurales persistentes. La frase de Sebastián Pareja, al pedir la eliminación de la Cámara alta, condensó un malestar que viene madurando hace años: en el distrito más poblado del país, el funcionamiento legislativo aparece para una parte de la dirigencia y de la opinión pública como costoso, opaco y distante de los problemas urgentes de seguridad, educación, salud e infraestructura.
Esa crítica no surge en el vacío. La Legislatura bonaerense opera sobre una base institucional pesada, con 92 diputados y 46 senadores, y con un presupuesto que en 2026 supera los $379.000 millones entre ambas cámaras. La magnitud del gasto no sería por sí misma un argumento contra el bicameralismo si se tradujera en producción legislativa intensa, control efectivo del Ejecutivo y deliberación sostenida. Pero el dato político que erosiona la defensa del sistema es otro: sesiones escasas, visibilidad pública limitada y dificultades para reconstruir con precisión la estructura completa de personal y contrataciones. Cuando el funcionamiento ordinario se reduce y la información disponible es fragmentaria, el costo deja de medirse solo en pesos y pasa a medirse en legitimidad.
La comparación entre presupuesto y rendimiento parlamentario ayuda a entender por qué el debate se volvió tan sensible. El Senado bonaerense dispone de más de $156.000 millones para 2026, con un gasto diario cercano a los $428 millones, y cada senador representa un costo anual promedio superior a los $3.395 millones. En Diputados, la ecuación también es elevada: $222.800 millones de presupuesto y un costo anual por diputado de alrededor de $2.421 millones. Estas cifras pueden relativizarse frente al tamaño de la provincia y la complejidad administrativa que supone gobernarla, pero pierden fuerza cuando se contrastan con la escasez de sesiones ordinarias y con la percepción de que una porción relevante del gasto se destina a sostener estructuras permanentes antes que actividad legislativa visible.
La cuestión del empleo legislativo agrava ese cuadro porque expone una tensión clásica de la política provincial: las cámaras no solo legislan, también administran redes de personal, bloques, comisiones y vínculos partidarios. En Diputados hay 1.733 empleados; en el Senado, 1.378 según los datos presupuestarios, aunque una fuente legislativa elevó el total de contratados y permanentes a 2.326 si se suman las designaciones no explicitadas en el detalle abierto. Esa brecha entre lo que aparece en los anexos y lo que circula puertas adentro explica por qué la discusión pública sobre el gasto legislativo se vuelve rápidamente una discusión sobre transparencia. Si los ciudadanos no pueden reconstruir con claridad cuántos agentes hay, bajo qué régimen trabajan y qué función cumplen, el problema ya no es solo fiscal: es de control democrático.
El caso bonaerense también deja ver un rasgo más amplio del sistema político argentino: la dificultad para separar representación de administración de empleos. En un contexto de caída de confianza institucional, cada contratación opaca refuerza la sospecha de que los cuerpos legislativos funcionan como ámbitos de acumulación partidaria más que como máquinas de producción normativa. Esa percepción es especialmente corrosiva en Buenos Aires porque la provincia concentra población, pobreza, litigiosidad social y demandas de gestión que superan por mucho la capacidad de respuesta del Estado provincial. Cuando una Legislatura de ese tamaño sesiona poco y explica mal su estructura de gasto, el contraste con la urgencia social es inevitable.
Sin embargo, plantear la eliminación del Senado como solución inmediata sería una simplificación peligrosa. La bicameralidad, en teoría, cumple una función de revisión, freno y representación territorial. En una provincia compuesta por secciones electorales heterogéneas, la Cámara alta puede actuar como espacio de ponderación política entre regiones con intereses distintos. Suprimirla podría aliviar costos, pero también concentraría poder en Diputados y en el Ejecutivo, con menos contrapesos para revisar leyes, nombramientos y acuerdos políticos. La discusión de fondo no es solo cuántos cuerpos tiene la Legislatura, sino qué incentivos producen esos cuerpos y qué controles reales existen sobre su trabajo.
Por eso el proyecto de transparencia activa impulsado por Diego Valenzuela apunta a un punto más estratégico que el cierre de una cámara: la publicación sistemática de información presupuestaria, salarial y de contrataciones. La experiencia comparada muestra que cuando los datos quedan abiertos, el debate deja de depender de filtraciones o estimaciones y puede concentrarse en resultados. Una Legislatura que publica con detalle su planta, sus bloques, sus asesores y su ejecución presupuestaria no necesariamente gasta menos, pero sí queda obligada a justificar mejor cada peso. En una provincia donde el gasto legislativo representa menos del 1% del presupuesto total, la magnitud fiscal en sí misma no explica todo; lo decisivo es si ese gasto produce deliberación, control y ley en cantidad y calidad suficientes.
La consecuencia más relevante de esta controversia puede no ser institucional sino cultural. Si el debate se traduce en una exigencia sostenida de rendición de cuentas, la Legislatura bonaerense podría enfrentar una presión inédita para abrir sus números y revisar sus prácticas. Si, en cambio, la discusión se agota en una disputa partidaria entre quienes denuncian el costo y quienes defienden la estructura existente, el resultado será el de siempre: más desconfianza ciudadana, más distancia entre representación y sociedad, y una provincia que seguirá discutiendo el precio de su política sin resolver el problema central, que es su rendimiento real.
