La situación judicial de Marilyn Cote dio un giro significativo tras la decisión de un juez de vincularla a proceso por el delito de suministro de narcóticos. Esta resolución se basa en las denuncias de expacientes que aseguran haber recibido medicamentos controlados sin que la imputada contara con la formación profesional requerida para ejercer la psiquiatría.
La nueva causa penal se suma a las investigaciones previas por usurpación de profesión y amenazas. Cote permanece recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán, donde enfrenta nueve carpetas de investigación abiertas desde noviembre de 2024. Los abogados de las víctimas destacan que las penas asociadas al suministro de narcóticos, que pueden superar los diez años de prisión, alteran las estrategias de defensa que buscaban una suspensión condicional del proceso.
Acusaciones sobre prescripción sin cédula
Las investigaciones se iniciaron cuando antiguos pacientes denunciaron que Cote ejercía como psiquiatra sin poseer la cédula profesional correspondiente. Según las declaraciones recogidas en los expedientes, su formación académica se limita a una licenciatura en Derecho. Los denunciantes sostienen que durante años utilizó cédulas de otros psiquiatras para emitir recetas de medicamentos controlados.
Los afectados reportaron daños físicos, psicológicos y económicos derivados del tratamiento recibido. Estas afectaciones fueron consideradas por el juez al negar en junio de 2026 la suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa. Las propuestas de reparación económica ofrecidas a algunas víctimas no superaron los diez mil pesos, lo que fue rechazado por los representantes legales de los expacientes.
Panorama legal y plazos procesales
La vinculación por suministro de narcóticos modifica el equilibrio de las causas acumuladas. Mientras los delitos de usurpación de profesión y amenazas contemplan penas inferiores a cinco años, la nueva imputación introduce un elemento que complica salidas anticipadas. Los abogados de las víctimas señalaron que esta distinción procesal obliga a la defensa a replantear su estrategia ante la posibilidad de condenas más severas.
La detención de Cote ocurrió en Tlaxcala por agentes de la Fiscalía de Puebla. Desde entonces, el caso ha acumulado múltiples líneas de investigación que abarcan tanto el ejercicio irregular de la medicina como la distribución de sustancias controladas. Las autoridades continúan recopilando testimonios y documentos para determinar la responsabilidad penal en cada una de las nueve carpetas abiertas.
Repercusiones en el sistema penitenciario
Informes internos del penal de Ciudad Serdán indican que Cote habría continuado realizando consultas y prescribiendo medicamentos a otras internas. Estas actividades, según las mismas fuentes, se produjeron mientras su defensa gestionaba aplazamientos en audiencias clave. Las autoridades penitenciarias evalúan ahora medidas adicionales para controlar este tipo de conductas dentro del centro de reclusión.
El desarrollo del caso refleja tensiones habituales en procesos donde se combinan delitos contra la salud pública y el ejercicio profesional irregular. La acumulación de evidencias sobre el uso de cédulas ajenas y la falta de formación especializada añade complejidad a la valoración judicial de las conductas imputadas.
Los tribunales mantienen abiertas las investigaciones mientras se define el alcance de la responsabilidad penal. La resolución de estas causas dependerá de la ponderación de las pruebas aportadas por las partes y de la aplicación de las normas que regulan tanto la práctica médica como el control de medicamentos.
