La revisión jurídica del predio estatal ubicado sobre la avenida L. Montejano abre una discusión que va más allá de la ubicación física de un memorial. En una entidad marcada por la persistencia de desapariciones y por la presión constante de los colectivos de búsqueda, la eventual asignación de este terreno puede convertirse en un gesto institucional con valor simbólico, pero también en una prueba concreta sobre la capacidad del gobierno para traducir el reconocimiento público en decisiones administrativas y presupuestales verificables.
El hecho de que la gobernadora y el secretario general de Gobierno hayan confirmado reuniones con familias y especialistas sugiere que existe una disposición política inicial para atender la demanda. Eso no es menor: en contextos de violencia prolongada, la relación entre autoridades y colectivos suele estar erosionada por la desconfianza. Un acuerdo sobre el predio podría fortalecer canales de interlocución, dar continuidad a una agenda de memoria y, sobre todo, reconocer que la búsqueda de personas desaparecidas no es un asunto periférico, sino una obligación pública que involucra a todo el aparato estatal.
Sin embargo, la viabilidad jurídica del terreno será el primer filtro decisivo. Si el predio tiene restricciones de uso, cargas administrativas o alguna afectación patrimonial, el proyecto puede entrar en una zona de demora que desgaste a las familias y convierta la expectativa en frustración. En este tipo de iniciativas, el riesgo no está solo en la negativa final; también en la indefinición prolongada, porque cada aplazamiento alimenta la percepción de que la respuesta institucional se mueve más por coyuntura que por una política de reparación sostenida.
Hay además un componente urbano y social que no debe subestimarse. La ubicación frente a una zona de antros y en un punto de alta visibilidad le daría al memorial una presencia pública potente, pero también lo expone a tensiones de convivencia, seguridad y mantenimiento. Un espacio de memoria en un entorno de circulación nocturna intensa exige diseño, vigilancia y gestión continua para evitar que el lugar sea degradado, banalizado o convertido en un punto de conflicto. La memoria pública requiere más que un terreno: necesita un entorno capaz de sostener su sentido.
El proyecto también puede producir efectos positivos en el plano cívico y académico. El acompañamiento de la UABC y de especialistas aporta una base técnica que reduce el riesgo de improvisación y puede ayudar a que el memorial no se limite a una placa o a un monumento aislado. Si se construye con criterios de investigación, educación y participación de las familias, el espacio podría convertirse en un referente de documentación y reflexión sobre desapariciones en Baja California, además de ofrecer una narrativa pública menos evasiva sobre una herida que sigue abierta.
Aun así, el valor simbólico del memorial no debe confundirse con una respuesta integral al problema. Existe el riesgo de que una obra de memoria termine funcionando como sustituto de avances más duros y menos visibles: localización de personas, fortalecimiento de fiscalías, mejora de protocolos de búsqueda y sanción a responsables. Las familias pueden ver con buenos ojos el reconocimiento, pero también saben que la legitimidad de cualquier memorial dependerá de si va acompañado de resultados en materia de verdad y justicia. Sin ese respaldo, el gesto corre el riesgo de ser interpretado como una forma de administrar el dolor sin resolverlo.
La próxima reunión anunciada para el 25 de agosto será, en realidad, un punto de medición política. Ahí se sabrá si el gobierno llega con una ruta jurídica clara, con alternativas de diseño y con una lectura seria del impacto que tendría el proyecto en el entorno urbano y en la agenda de búsqueda. Si la autoridad logra ordenar esos elementos, el memorial podría convertirse en una señal de madurez institucional; si no, quedará como otro expediente más en un tema donde las víctimas han aprendido a desconfiar de los anuncios que no se convierten en hechos.
