La intervención de Friedrich Merz en Dublín no constituye un gesto aislado ni una mera declaración de intenciones. Representa la cristalización de una tensión estructural que atraviesa la Unión Europea desde hace más de una década: la fractura entre quienes defienden un presupuesto comunitario expansivo como instrumento de soberanía compartida y quienes, desde el norte del continente, consideran que la disciplina fiscal es la única garantía de legitimidad democrática ante sus propios electores. El canciller alemán, reunido con el primer ministro irlandés Micheál Martin, ha reclamado recortes de varios cientos de miles de millones de euros sobre la propuesta de dos billones avanzada por Bruselas para el marco 2028-2034. Ese llamamiento se produce en un momento en que la Unión enfrenta simultáneamente el rearme estratégico, la transición ecológica y una pérdida relativa de competitividad frente a Estados Unidos y China.
El origen de esta disputa se remonta al multianual 2014-2020 y se agudizó con el plan de recuperación NextGenerationEU. Aquel instrumento, financiado con deuda común, rompió un tabú alemán y holandés que durante decenios había limitado el tamaño del presupuesto comunitario a poco más del uno por ciento de la renta nacional bruta. La pandemia justificó la excepción. La guerra en Ucrania y la crisis energética la consolidaron. Ahora, sin embargo, Berlín y sus aliados del llamado “club de los frugales” —Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca— consideran que el ciclo de expansión debe cerrarse. Merz ha formulado con claridad la premisa: Europa no puede permitirse aumentos desorbitados del gasto mientras los Estados miembros realizan esfuerzos de consolidación fiscal en sus cuentas nacionales.
La propuesta de la Comisión Europea de dos billones de euros no surge del vacío. Incorpora partidas significativas para defensa común, para el Pacto Verde y para programas de competitividad industrial. Bruselas argumenta que sin un salto cuantitativo la Unión carecerá de masa crítica para financiar la investigación en semiconductores, la producción de municiones o la renovación de redes eléctricas. Merz y Martin, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria, responden que el problema no es solo de volumen, sino de eficiencia. La burocracia europea, según el canciller alemán, ha alcanzado un grado de densidad que ahoga la capacidad de respuesta de las empresas y de las administraciones nacionales. Una reducción profunda de trámites y solapamientos permitiría, en su lógica, obtener más resultados con menos recursos.
La herencia de los frugales y el nuevo equilibrio de poder
El grupo de países del norte ha perfeccionado durante años una estrategia de contención presupuestaria. En 2018, durante la negociación del marco 2021-2027, lograron limitar el tamaño del presupuesto ordinario y condicionar el desembolso de fondos de cohesión a reformas estructurales. Aquella batalla dejó cicatrices en el sur y en el este. España, Italia, Portugal y Grecia interpretaron la austeridad como una renuncia a la solidaridad. Polonia y Hungría, por su parte, vieron amenazados los flujos de cohesión que habían transformado sus economías. El regreso de esta lógica en 2026, ahora bajo el liderazgo de un canciller democristiano alemán, reabre heridas que el plan de recuperación había intentado cicatrizar.
Irlanda ocupa una posición ambigua en este tablero. Históricamente beneficiaria neta y hoy contribuyente neta, Dublín combina una tradición de pragmatismo fiscal con una dependencia estructural del mercado único. Micheál Martin no puede ignorar las demandas de competitividad que formula Merz —especialmente en materia de simplificación regulatoria—, pero tampoco puede alienar a los socios del sur que ven en el presupuesto comunitario un estabilizador automático. La presidencia irlandesa se convierte así en un laboratorio de equilibrios precarios: debe facilitar un acuerdo que no desborde las líneas rojas alemanas ni vacíe de contenido las ambiciones estratégicas de la Comisión.
El rechazo de Merz a un impuesto europeo sobre las grandes empresas ilustra el núcleo ideológico del conflicto. Bruselas ha explorado recursos propios —impuestos digitales, gravámenes al carbono en frontera, tasas sobre residuos plásticos— como vía para financiar el mayor gasto sin incrementar las contribuciones nacionales. Berlín acepta debatir nuevas fuentes de ingresos, pero traza una frontera clara: cualquier figura que se asemeje a un impuesto corporativo común amenaza la soberanía fiscal alemana y la competitividad de su tejido industrial exportador. La experiencia del impuesto mínimo global del quince por ciento, impulsado por la OCDE, ya generó fricciones internas en la coalición alemana anterior. Merz no está dispuesto a repetir esa experiencia en clave comunitaria.
Consecuencias para la defensa y la transición ecológica
Si los recortes se materializan en la magnitud que sugiere el canciller, las partidas de defensa común serán las primeras en sufrir. Europa ha descubierto, tras la invasión rusa de Ucrania, que su capacidad de producción de artillería, misiles y sistemas de defensa aérea es insuficiente. El Fondo Europeo de Defensa y el programa ASAP de adquisición conjunta de municiones requieren volúmenes de financiación que solo un presupuesto plurianual reforzado puede garantizar. Una reducción de varios cientos de miles de millones obligaría a priorizar entre disuasión militar y descarbonización. Esa priorización no es técnica: es política y geopolítica. Los países del este, más expuestos a la amenaza rusa, interpretarán cualquier recorte en defensa como una señal de debilidad. Los del sur, más vulnerables al cambio climático, verán en el recorte verde una traición a los compromisos de París.
La competitividad industrial ofrece un tercer eje de fricción. Merz insiste en que los esfuerzos realizados hasta ahora son insuficientes. La Ley de Chips europea, el plan industrial del Pacto Verde y las medidas contra la ley estadounidense IRA han movilizado recursos, pero no han cerrado la brecha de productividad con Estados Unidos ni han frenado la deslocalización de inversiones energointensivas hacia Asia. Una burocracia más ligera y un presupuesto más austero podrían, en la visión alemana, liberar energías empresariales. Sin embargo, la experiencia de la simplificación regulatoria en el mercado único muestra que reducir trámites sin sacrificar estándares ambientales y laborales es un ejercicio de ingeniería institucional de alta complejidad. Los Estados miembros del sur temen que la desregulación se convierta en una carrera a la baja que beneficie sobre todo a las economías más productivas del norte.
El riesgo de una Europa a dos velocidades fiscales
Más allá de las cifras, la posición de Merz anticipa un rediseño del contrato social europeo. Si el presupuesto plurianual se contrae de manera significativa, la capacidad de la Unión para actuar como estabilizador macroeconómico en la próxima crisis se verá mermada. El mecanismo de recuperación de 2020 funcionó porque existía un consenso político excepcional. Ese consenso se ha erosionado. Una Europa que no puede emitir deuda común ni ampliar recursos propios se verá obligada a responder a choques asimétricos con herramientas nacionales. Eso favorece a los países con mayor espacio fiscal —Alemania, Países Bajos, países nórdicos— y perjudica a aquellos con ratios de deuda elevados. El resultado previsible es una aceleración de la divergencia económica dentro de la zona euro.
La opinión pública alemana respalda en gran medida la línea de Merz. Tras años de inflación y de aumento de la carga fiscal interna, el electorado democristiano y liberal rechaza la idea de transferir más recursos a Bruselas. Al mismo tiempo, las élites industriales alemanas exigen un mercado único más profundo y menos fragmentado. Esa doble presión explica la combinación de austeridad presupuestaria y agresividad desregulatoria que caracteriza el discurso del canciller. El riesgo es que esa combinación se perciba en el resto de Europa como un intento de imponer un modelo económico particular bajo el disfraz de la eficiencia común.
A largo plazo, la negociación del marco 2028-2034 definirá si la Unión avanza hacia una mayor capacidad fiscal autónoma o se consolida como un club de Estados soberanos que coordinan políticas sin redistribuir recursos de manera significativa. Merz ha colocado la balanza del lado de la contención. Los gobiernos del sur y la Comisión intentarán contrarrestar con argumentos de soberanía estratégica y de cohesión. El resultado no se decidirá solo en las mesas de negociación de Bruselas, sino en la capacidad de cada capital para articular coaliciones y para convencer a sus propias sociedades de que el proyecto europeo sigue mereciendo sacrificios. La visita a Dublín ha marcado el tono. Las próximas rondas de negociación dirán si ese tono se convierte en doctrina o en punto de partida de un compromiso más equilibrado.
