Miguel Mancera Aguayo murió este lunes 10 de agosto de 2026, a los 93 años, en la Ciudad de México. Su fallecimiento cierra la trayectoria de uno de los economistas que participaron durante más tiempo en la conducción de la política monetaria mexicana y que, por la naturaleza de sus responsabilidades, atravesó algunos de los episodios más difíciles de la economía nacional en la segunda mitad del siglo XX.
Mancera dirigió el Banco de México durante 16 años, primero como director general y después como gobernador. En 1994 se convirtió en el primer titular del instituto central bajo el régimen de autonomía, una transformación jurídica que modificó la relación entre la autoridad monetaria y el poder político. Su legado no se limita, por tanto, a una lista de cargos: está ligado a la construcción de una institución cuyo principal mandato es preservar el poder adquisitivo de la moneda y operar con independencia de las decisiones presupuestarias del gobierno.
La noticia fue comunicada y lamentada por figuras del ámbito público, entre ellas Olga Sánchez Cordero, quien lo describió como una pieza clave de la estabilidad económica del país. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario también reconoció su trayectoria. Estas reacciones reflejan que su figura sigue asociada a una etapa decisiva de la institucionalización financiera mexicana, aunque su carrera también estuvo marcada por crisis, costos sociales y debates que permanecen abiertos.
Una carrera formada antes de la autonomía
La formación de Mancera combinó la economía académica con la gestión financiera. Estudió la licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó una maestría en Economía en la Universidad de Yale. También fue profesor de economía política, comercio internacional y teoría económica en instituciones como la Escuela Libre de Derecho, el ITAM y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.
Ingresó al Banco de México en 1957 como economista. Desde ahí ocupó responsabilidades vinculadas con el fomento de las exportaciones manufactureras, los asuntos internacionales y la alta administración del banco. La experiencia acumulada en esas áreas resulta relevante para entender su posterior perfil: no fue únicamente un especialista en inflación, sino un funcionario familiarizado con la balanza de pagos, el sistema financiero y las relaciones monetarias internacionales.
En 1982, el presidente Miguel de la Madrid lo nombró director general del Banco de México. El momento era particularmente complejo. México enfrentaba una crisis de deuda externa, presiones sobre el tipo de cambio, inflación elevada y una severa pérdida de confianza. El entorno obligó a la autoridad monetaria a actuar dentro de un marco en el que las decisiones económicas estaban estrechamente coordinadas con el gobierno federal y en el que el banco central no contaba con la autonomía constitucional que hoy se considera un elemento central de su operación.
Durante los años siguientes, Mancera enfrentó crisis recurrentes y cambios estructurales. En 1992 participó en la puesta en circulación del Nuevo Peso, una reforma monetaria que eliminó tres ceros a la unidad anterior. Aunque retirar ceros no resuelve por sí mismo las causas de la inflación, la medida facilitó las transacciones, simplificó la contabilidad y acompañó un esfuerzo más amplio para recuperar la estabilidad de precios después de años de depreciación monetaria.
El quiebre institucional de 1994
La autonomía del Banco de México fue establecida mediante reformas legales que entraron en vigor en 1994. El cambio respondió a una experiencia internacional y nacional concreta: cuando el gobierno puede recurrir con facilidad al banco central para financiar déficits o impulsar objetivos políticos de corto plazo, aumenta el riesgo de inflación, pérdida de confianza y desequilibrios cambiarios.
Con la autonomía, el instituto central obtuvo mayores garantías para definir y ejecutar la política monetaria. La Junta de Gobierno pasó a desempeñar un papel central y el mandato prioritario quedó vinculado a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La reforma no eliminó las presiones políticas ni las restricciones económicas, pero creó un mecanismo institucional para que las decisiones sobre tasas de interés y liquidez no dependieran directamente del calendario electoral.
Mancera fue el primer gobernador bajo ese nuevo esquema, pero su periodo comenzó en un año marcado por una de las crisis financieras más profundas de la historia reciente de México. A finales de 1994, la presión sobre el peso desembocó en una fuerte devaluación y en una crisis que afectó al sistema bancario, al crédito y al empleo. El llamado “error de diciembre” provocó una contracción económica severa y requirió medidas extraordinarias para contener el riesgo de insolvencia financiera.
La autonomía, por sí sola, no evitó la crisis. Esa distinción es importante para valorar el legado de Mancera sin convertirlo en una interpretación simplista. La independencia del banco central no sustituye una política fiscal responsable, una regulación bancaria sólida ni una adecuada administración de los riesgos externos. Sin embargo, sí ofreció un marco institucional para responder a la emergencia con una autoridad monetaria separada formalmente de las decisiones partidistas y presupuestarias.
Lo que cambió para la política económica
El periodo de Mancera mostró la transición entre dos modelos. En el primero, el banco central formaba parte de una arquitectura económica dirigida de manera más directa por el Ejecutivo. En el segundo, la política monetaria comenzó a operar con objetivos, reglas y responsabilidades diferenciadas. Esa separación permitió que la estabilidad de precios se convirtiera en un compromiso institucional de largo plazo, no sólo en una promesa de cada administración.
El resultado no fue inmediato ni lineal. México continuó enfrentando episodios de volatilidad, depreciaciones cambiarias y presiones inflacionarias. Pero la autonomía contribuyó a construir credibilidad. En los años posteriores, las decisiones de política monetaria comenzaron a evaluarse mediante indicadores como las expectativas de inflación, la brecha del producto, el tipo de cambio y las condiciones financieras, en lugar de responder exclusivamente a necesidades de financiamiento público.
El contraste puede observarse en la evolución de las últimas décadas. La inflación mexicana ha seguido expuesta a choques internacionales, como el encarecimiento de alimentos, energía y transporte, pero el banco central dispone hoy de instrumentos y comunicación pública que no tenían el mismo peso en los años de crisis. Los anuncios de tasa de interés, los informes trimestrales y las previsiones económicas buscan influir en las expectativas antes de que los aumentos de precios se incorporen a salarios y contratos.
Ese proceso tiene un costo. Cuando el Banco de México eleva las tasas para contener la inflación, encarece el crédito hipotecario, empresarial y al consumo. La estabilidad monetaria beneficia principalmente a quienes dependen de ingresos fijos y protege el valor de los ahorros, pero una política restrictiva puede reducir la inversión y el empleo en el corto plazo. La autonomía no elimina este conflicto: lo vuelve más explícito y obliga a justificar las decisiones con criterios técnicos.
Un legado que también pertenece a la educación
La influencia de Mancera se extendió más allá de sus cargos públicos. Su relación con el ITAM fue especialmente duradera: participó en la Asociación Mexicana de Cultura, integró su Junta de Gobierno desde la creación de ese órgano y recibió el grado de Doctor Honoris Causa en 2006. También mantuvo vínculos con organismos de investigación económica y con instituciones dedicadas a la filantropía, la cultura y la educación.
Ese componente académico ayuda a explicar la continuidad de ciertas ideas dentro de la tecnocracia económica mexicana. La formación de cuadros especializados en banca central, finanzas públicas y regulación contribuyó a que las reformas institucionales no dependieran exclusivamente de una persona. El verdadero alcance de una política de autonomía se mide precisamente por su capacidad para sobrevivir al retiro de quienes la impulsaron.
Su trayectoria internacional fue reconocida con la Gran Orden de Río Branco de Brasil, la Legión de Honor de Francia, el Premio de Economía Rey Juan Carlos de España y el Premio Woodrow Wilson por Servicio Público. Tales distinciones reflejan el reconocimiento externo a su carrera, aunque no sustituyen la evaluación interna de las decisiones adoptadas durante las crisis que enfrentó. En materia económica, la reputación institucional se construye tanto con aciertos como con la transparencia para explicar errores y costos.
La vigencia de una institución bajo presión
La muerte de Mancera ocurre cuando la autonomía del Banco de México continúa siendo objeto de debate público. Las presiones contemporáneas son distintas a las de 1982 o 1994: incluyen inflación importada, cadenas de suministro frágiles, mayores tasas internacionales, volatilidad financiera y la necesidad de impulsar el crecimiento sin desanclar las expectativas de precios.
En ese contexto, su legado plantea una pregunta concreta: ¿cómo preservar la independencia sin aislar al banco central de los problemas sociales? Una institución autónoma debe rendir cuentas, publicar sus criterios y explicar por qué prioriza la estabilidad monetaria. Pero tampoco puede sustituir al gobierno en políticas de empleo, inversión, reducción de la pobreza o desarrollo regional. Confundir esas funciones genera expectativas imposibles y puede deteriorar la confianza que la autonomía busca proteger.
El debate será especialmente relevante cuando la inflación descienda, como ocurrió en distintos momentos recientes, pero permanezcan altos los precios acumulados de bienes básicos. Una menor tasa de inflación no significa que los precios regresen a los niveles anteriores; sólo indica que crecen más lentamente. La comprensión de esta diferencia será decisiva para evitar que la política monetaria sea juzgada con promesas que no puede cumplir.
Miguel Mancera Aguayo deja una marca asociada a la transformación del Banco de México en una institución autónoma y a la profesionalización de la economía pública. Su historia también recuerda que las reformas monetarias nacen de crisis concretas y que sus beneficios sólo se consolidan con disciplina fiscal, supervisión financiera y rendición de cuentas. El desafío para las siguientes generaciones no será reproducir su trayectoria, sino mantener la solidez institucional en un entorno donde las presiones económicas y políticas seguirán cambiando.
