El Ministerio de Energía y Minas ha iniciado un proceso de actualización del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética que busca incorporar nuevas categorías de equipos y adaptar la norma a los cambios tecnológicos recientes. La Resolución Ministerial 285-2026-Minem/DM abre una consulta pública de noventa días para recoger observaciones de fabricantes, importadores, universidades y consumidores antes de emitir el decreto definitivo.
La DGEE como filtro técnico central
La Dirección General de Eficiencia Energética asumirá la tarea de consolidar todos los aportes recibidos y redactar el texto final. Esta concentración de funciones puede agilizar el trámite, pero también concentra poder decisorio en una sola entidad que deberá equilibrar criterios técnicos con realidades del mercado local. La experiencia de reglamentos anteriores muestra que cuando la DGEE priorizó plazos sobre profundidad técnica, surgieron vacíos de implementación que tardaron años en corregirse.
Una primera observación original radica en que la ampliación del etiquetado podría desplazar a pequeños importadores que carecen de laboratorios certificados para demostrar cumplimiento. Si el reglamento exige ensayos en normas internacionales sin periodos de transición diferenciados, el resultado será una reducción de la oferta de equipos de gama media y un aumento de precios para el segmento residencial de menores ingresos.
Presión sobre fabricantes nacionales
Los fabricantes peruanos de electrodomésticos y equipos de climatización enfrentan un dilema distinto. Por un lado, la norma les ofrece un mecanismo para diferenciar productos eficientes y ganar cuota frente a importaciones de bajo costo. Por otro, deben invertir en certificaciones y rediseño de líneas productivas sin garantías de que el Estado aplicará controles de mercado efectivos. La falta de fiscalización en aduanas ha permitido en el pasado que equipos sin etiqueta o con información falsa circulen libremente, erosionando la ventaja competitiva que el etiquetado pretende otorgar.
Una segunda observación apunta a la relación entre etiquetado y compromisos climáticos del Perú. Aunque el ministerio vincula la medida con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el ahorro real dependerá de la tasa de renovación del parque de equipos existente. En sectores como refrigeración comercial, donde los ciclos de reemplazo superan los quince años, el impacto en el inventario nacional de emisiones será marginal durante la próxima década a menos que se complemente con incentivos fiscales o programas de chatarrización.
Consumidores ante información fragmentada
Desde la perspectiva del usuario final, la ampliación del etiquetado promete comparaciones más precisas entre alternativas. Sin embargo, la efectividad de esta información depende de que las etiquetas sean legibles, que los valores de consumo reflejen condiciones reales de uso y que existan campañas de difusión masiva. La experiencia de países vecinos indica que sin acompañamiento educativo, los consumidores tienden a priorizar precio inicial sobre costo de ciclo de vida, limitando el efecto de la política pública.
Distintos actores expresan visiones contrapuestas. Las grandes cadenas de distribución ven en la norma una oportunidad para posicionar líneas premium y aumentar márgenes. Las asociaciones de pequeños comerciantes, en cambio, advierten que requisitos excesivos de documentación podrían encarecer inventarios y reducir rotación. Las universidades consultadas destacan la necesidad de incluir parámetros de durabilidad y reparabilidad, aspectos que el proyecto actual no aborda de forma explícita.
Riesgos de implementación y brechas regulatorias
El proceso de mejora regulatoria impulsado por el Estado enfrenta riesgos concretos. El primero es la posible captura regulatoria: si los comentarios de grandes fabricantes predominan durante la consulta, el reglamento podría establecer umbrales de eficiencia que solo ellos pueden cumplir. El segundo riesgo radica en la dispersión institucional; la DGEE depende de la cooperación de aduanas, Indecopi y gobiernos regionales para hacer cumplir las nuevas disposiciones, pero los mecanismos de coordinación interinstitucional siguen siendo débiles.
Una tercera observación se refiere al timing. La consulta pública coincide con un periodo de alta rotación de equipos por el crecimiento de proyectos de vivienda social y renovación de infraestructura hotelera. Aprovechar este momento puede acelerar la penetración de tecnologías eficientes, pero también puede generar cuellos de botella en laboratorios de ensayo si no se amplía la capacidad instalada de certificación.
Tendencias tecnológicas y adaptación futura
El mercado de equipos energéticos evoluciona hacia conectividad y gestión inteligente del consumo. El reglamento actualizado deberá anticipar la aparición de bombas de calor residenciales, sistemas de almacenamiento térmico y electrodomésticos con funciones de respuesta a la demanda. De no incorporar categorías flexibles que permitan actualizaciones rápidas, la norma podría quedar obsoleta antes de cinco años, repitiendo el ciclo de revisiones que hoy se intenta evitar.
El escenario más probable combina avances parciales con ajustes posteriores. La versión definitiva del decreto probablemente incluirá periodos de gracia para equipos ya importados y un cronograma escalonado por categoría. Sin embargo, el éxito medible de la política dependerá menos de la redacción del texto y más de la asignación presupuestaria para vigilancia de mercado y programas de información al consumidor durante los primeros tres años de vigencia.
