La declaración de Ricardo Monreal sobre la ausencia de planes para gravar las herencias en el próximo periodo ordinario de la LXVI Legislatura se inscribe en una larga tradición de promesas fiscales en México. Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la consigna de no crear nuevos impuestos ni elevar los existentes se convirtió en un pilar de estabilidad política. Esa misma línea fue retomada por Claudia Sheinbaum al asumir la presidencia, y Monreal la reitera ahora para disipar cualquier duda generada por la ministra Lenia Batres.
El origen del debate fiscal reciente
La propuesta de gravar herencias surgió de manera inesperada cuando Batres planteó la posibilidad durante una discusión pública sobre equidad tributaria. En México, a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, no existe un impuesto federal sobre herencias desde hace décadas. La última vez que se discutió seriamente el tema fue durante la reforma fiscal de 2013, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por no incluirlo ante la resistencia de amplios sectores de la población. El rechazo inmediato de Sheinbaum a la idea de Batres confirma que el Ejecutivo mantiene la misma postura que adoptó en 2018.
El contexto económico actual añade presión. La recaudación tributaria mexicana sigue por debajo del promedio de América Latina. Según datos de la SHCP, en 2025 representó apenas el 17.8 por ciento del PIB. Ante la necesidad de financiar programas sociales y la transición energética, algunos analistas han sugerido ampliar la base de contribuyentes mediante figuras que ya existen en España o Chile, donde las herencias superiores a ciertos umbrales pagan tasas que van del 10 al 34 por ciento. Sin embargo, la experiencia española muestra que la aplicación efectiva de estos gravámenes genera litigios prolongados y una recaudación modesta en relación con los costos administrativos.
Repercusiones en la confianza institucional
El mensaje de Monreal busca restaurar certidumbre entre los grupos de ingresos medios y altos que temen cambios repentinos en las reglas del juego patrimonial. En un país donde más del 60 por ciento de la riqueza se transmite por vía hereditaria, según estimaciones del Banco de México, cualquier señal de modificación fiscal puede alterar decisiones de inversión y ahorro familiar. El caso de las empresas familiares medianas resulta ilustrativo: muchas de ellas, tras la pandemia, destinaron recursos a reestructurar testamentos y fideicomisos precisamente para evitar escenarios de mayor carga tributaria. La confirmación de que no habrá cambios reduce la incertidumbre jurídica y puede favorecer la continuidad de proyectos productivos.
Desde el punto de vista político, la postura de Morena refuerza su narrativa de continuidad con el proyecto de la Cuarta Transformación. Al rechazar el impuesto a las herencias, el partido mayoritario evita abrir un frente de confrontación con sectores que en 2024 le dieron apoyo electoral significativo en zonas urbanas y del norte del país. El compromiso de no introducir nuevos gravámenes en el Paquete Económico de 2027 se convierte así en un instrumento de cohesión interna y de diferenciación frente a propuestas de la oposición que históricamente han defendido mayor progresividad fiscal.
Efectos sobre la recaudación y alternativas posibles
La decisión de mantener el statu quo obliga al gobierno a buscar otras fuentes de ingreso sin tocar el bolsillo de los contribuyentes de forma directa. Una vía que ya se explora es el fortalecimiento de la fiscalización del IVA y del ISR mediante el cruce de datos con plataformas digitales. El programa de fiscalización masiva implementado en 2024 permitió recuperar más de 180 mil millones de pesos, según reportes de la Procuraduría Fiscal. Esta estrategia, menos visible que un nuevo impuesto, podría compensar parcialmente la ausencia de gravámenes sobre herencias y pensiones.
Otro efecto observable se da en el mercado de seguros de vida y planeación patrimonial. Tras la declaración de Sheinbaum el 9 de julio, varias aseguradoras reportaron incremento en consultas sobre productos de protección sucesoria. Este comportamiento replica lo ocurrido en 2019, cuando la sola mención de posibles cambios fiscales impulsó la contratación de fideicomisos privados por parte de familias con patrimonios superiores a los 15 millones de pesos. El sector financiero, por tanto, se beneficia indirectamente de la certidumbre fiscal.
Perspectivas de mediano plazo
Aunque Monreal descartó un periodo extraordinario en los próximos dos meses, la revisión de la agenda legislativa que iniciará en septiembre podría abrir espacios para debatir reformas estructurales que no impliquen nuevos impuestos. Una posibilidad es la simplificación de regímenes fiscales especiales que hoy generan el 12 por ciento de la recaudación total pero concentran beneficios en pocos contribuyentes. Modificar estos regímenes sin elevar tasas marginales representa una alternativa que preserva el compromiso presidencial mientras se atiende la brecha de ingresos.
En términos de desigualdad, la ausencia de un impuesto a las herencias mantiene la estructura de concentración patrimonial observada en las últimas dos décadas. Estudios del CEFP indican que el decil más rico concentra cerca del 58 por ciento de la riqueza neta. Sin mecanismos de redistribución por vía sucesoria, las políticas de gasto social seguirán siendo el principal instrumento para reducir brechas, con los límites presupuestarios que ello implica. La decisión de Monreal, por tanto, trasciende el corto plazo legislativo y configura el marco dentro del cual se moverá la política fiscal mexicana al menos hasta 2030.
