Los asuntos de movilidad y salud concentran actualmente la mayor parte de los servicios jurídicos que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en Baja California, especialmente en Tijuana. El delegado estatal, Víctor Manuel González Ruiz, informó que cada asesor especializado en movilidad atiende entre 300 y 370 casos al año, mientras que los relacionados con servicios de salud suman alrededor de 200 atenciones.
En materia migratoria, la defensa pública acompaña a personas que buscan regularizar su estancia en México, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o resolver trámites vinculados con su permanencia legal. Los asesores también intervienen cuando existen circunstancias que impiden a los solicitantes regresar a sus países de origen y necesitan apoyo para permanecer legalmente en territorio mexicano.
González Ruiz señaló que la mayoría de las personas atendidas en esta área son de origen haitiano, aunque también existe una presencia importante de población centroamericana con distintas necesidades relacionadas con su situación migratoria. Entre las dificultades identificadas se encuentra la barrera del idioma, particularmente en la atención a personas haitianas. Para facilitar la comunicación durante los procedimientos, el instituto ha recurrido a herramientas tecnológicas.
Atención médica y recursos legales
Los casos de salud incluyen solicitudes de medicamentos, estudios médicos, cirugías, consultas con especialistas y atención urgente cuando las instituciones no proporcionan oportunamente los servicios requeridos. El IFDP interviene en situaciones que pueden afectar el derecho de las personas a recibir atención médica.
La institución cuenta con dos asesores jurídicos en Tijuana, dos en Mexicali y uno en Ensenada para atender este tipo de asuntos. De acuerdo con el delegado, la mayor incidencia corresponde a casos relacionados con IMSS-Bienestar e IMSS. Los servicios vinculados con el ISSSTE y el ISSSTECALI representan una proporción menor dentro del conjunto de asuntos de salud.
Ante la falta o demora de la atención requerida, los asesores pueden promover juicios de amparo y solicitar una suspensión de plano. Esta medida permite que un juez federal ordene a la autoridad correspondiente garantizar la atención médica solicitada, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
Además de movilidad y salud, el personal jurídico del instituto atiende controversias relacionadas con los servicios de agua y electricidad, cargos no reconocidos en servicios financieros, discriminación, discapacidad y asuntos laborales de competencia federal. Estas áreas amplían la atención disponible para personas que enfrentan problemas ante autoridades o instituciones dentro del ámbito federal.
González Ruiz sostuvo que uno de los principales retos consiste en que muchas personas desconocen que pueden solicitar orientación, representación y acompañamiento especializado sin costo. Por ello, quienes enfrentan una situación jurídica vinculada con estas materias pueden acudir a la defensa pública federal para conocer las alternativas legales disponibles.
